"Subir las pensiones con el IPC está bien en 9 de cada 10 ocasiones, pero hoy no representa la situación económica"

Octavio Granado dejó su cargo el 15 de enero de 2020. El que fuera secretario de Estado de la Seguridad Social durante todos los días que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero volvió a su puesto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que salió de la moción de censura para poner la maquinaria de la protección social en marcha. En total, casi una década al frente del organismo. Cesó de su cargo en un momento clave: después de un año y medio de Gobierno en funciones y dos meses antes de que estallara la pandemia, el mayor shock que ha sufrido la Seguridad Social en tiempos modernos. Profesor de secundaria y militante socialista con un largo historial de cargos públicos, llega a los 63 años con 40 de ellos cotizados y como beneficiario de la pensión máxima. Teme que a los 80 se convierta en un abuelo cascarrabias, pero afirma que, de momento, no es el caso. 

Siente que hoy está pasando por un momento de relevo generacional. Su padre, Esteban Granado, primer diputado socialista por Burgos en democracia, le dijo una vez: “Dejas de ser hijo de Esteban Granado y yo paso a ser padre de Octavio Granado”. Hoy recuerda esas palabras cuando mira a sus hijos. Pero la actualidad no le deja retirarse del todo. Su extraordinario conocimiento del sistema de pensiones le mantiene en el candelero cada vez que hay alguna polémica. Admira el trabajo del ministro José Luis Escrivá, con el que comparte la idea de que aquellos que cuestionan la sostenibilidad del sistema se hacen eco de “leyendas urbanas”. Aunque discrepa en un punto: hoy sí toca hablar de esto. El ex secretario de Estado no ve con buenos ojos la distancia que hay entre el gran incremento de las pensiones y el menor incremento de los salarios: “Remitirnos al IPC en todas y cada una de las situaciones es una simpleza: siempre habrá situaciones en las que hay que tener en cuenta otras cosas”, critica. 

Usted dejó de ser secretario de Estado dos meses antes de que estallara la pandemia que, junto con la invasión de Ucrania, ha supuesto una enorme perturbación a las cuentas públicas. ¿Cómo valora el trabajo de la Seguridad Social?

He visto una situación difícil. Creo que la interrupción de la presencia los empleados públicos en las oficinas deterioró mucho el funcionamiento del sistema. En los sitios donde los problemas eran mayores, se ha llevado en algunos casos al borde del colapso. Teléfonos que comunican constantemente, procedimientos informáticos en los que aparece un mensaje de que la red se ha colapsado… Es lamentable, yo siempre digo que la administración de la Seguridad Social ha sido históricamente la administración pública en España que mejor ha funcionado. Yo me acuerdo cuando se planteó en el Gobierno en 2005 la regularización de más de 700.000 inmigrantes, que supuso tramitar más de un millón de solicitudes, que todo el mundo pensaba que no se podía hacer… pues lo hizo la Seguridad Social y de una manera ejemplar. Esa administración, que era la que mejor funcionaba, se ha convertido después de la pandemia en una administración con un funcionamiento algo defectuoso. Ojo, no por la responsabilidad de los que la dirigían, sino por la situación producida por la pandemia. Hoy hacen falta más funcionarios.  

Es usted una de las personas que mejor conoce el sistema de pensiones. ¿En qué punto estamos?

Estamos en una situación bastante difícil de analizar. Nuestro sistema tiene un problema. Se basa en que la gente trabaja mientras está en edad de hacerlo y luego, cuando pierde la capacidad de hacerlo, cobra prestaciones. Si nacen menos niños y la esperanza de vida aumenta, el sistema solo es gobernable retrasando la edad de jubilación. Además los jóvenes estudian más años, la entrada en el mundo laboral se retrasa, es inevitable retrasar también su salida. Es un problema estrictamente demográfico. España es el país de Europa en el que las madres tienen a sus hijos con una edad más avanzada, con más de 30 años en término medio. La familia modelo para los españoles es tener dos hijos. Antes llegaba un tercero, por la falta de medios de control de la natalidad. Ahora el primero llega tan tarde que muchas veces el segundo no puede llegar. 

Los gastos de la Seguridad Social no pueden crecer un 10%, mientras los ingresos lo hacen un 5%

¿Cómo se aborda ese problema?

Antes, retrasando la edad de jubilación más o menos se compensaba el problema demográfico, pero es que ahora tenemos un segundo problema, de carácter financiero, que no estaba previsto. La gente paga a la Seguridad Social en proporción a los salarios, así que si suben los salarios, subirán las cotizaciones. Si las cotizaciones suben, las pensiones podrán subir lo que suban los salarios. Desde siempre, los textos clásicos de la Seguridad Social ha reflejado ese equilibrio de: subida de precios que lleva a una subida de salarios, esto lleva a la subida de cotizaciones y esto, a la subida de las pensiones. El problema es que tenemos una situación en la que los salarios suben poco y la inflación está desbocada. Lo cual nos obliga a subir las pensiones al incremento de los precios, cuando el incremento de los salarios, y por tanto de los ingresos de la Seguridad Social, es menor. Es una situación imposible. Si los ingresos suben el 5% y los gastos suben el 10%, el desequilibrio provoca la quiebra del sistema. Es una situación que no se puede prolongar. 

¿Qué propondría usted hacer?

Primero, bajar la inflación. Ya está remitiendo en otros países europeos, aunque en España persiste. Lo razonable es que a partir de septiembre los precios bajen y que haya un acuerdo entre empresarios y sindicatos para que los salarios vayan subiendo. No se podrán subir lo que subieron los precios en el peor momento, porque generaría una espiral inflacionista eterna. Lo que dicen algunos líderes sindicales de que será necesario plantear un esquema de recuperación de poder adquisitivo dilatando parte de esa recuperación en los próximos años. Creo que esto sería deseable, para evitar una situación difícil para el sistema de pensiones. Esta situación era imposible de prever, es una situación de una economía afectada por una guerra.

Los salarios no se podrán subir lo que subieron los precios en el peor momento, porque generaría una espiral inflacionista eterna

Usted en 2018 se manifestó en contra de actualizar las pensiones con el IPC, dijo que eso creaba “efectos adversos” a largo plazo, y eso que ese año los precios crecían al 1,6%. ¿Usted se hubiera negado a actualizar las pensiones con el IPC?

Yo me manifesté en contra de no buscar alternativas al IPC. Yo decía que el IPC está bien para 9 de cada 10 ocasiones, pero siempre habrá una décima en la que el IPC no sea representativo de la situación económica. Parece que tuve el mal fario de hacer una profecía. Si esa situación existe, es la de ahora. Lo que se decía inicialmente en el primer Pacto de Toledo, en 1995, era que las pensiones tenían que subir lo que subían los salarios. El problema es que no suben todos igual y las pensiones deben tener un comportamiento homogéneo. Como en aquel momento los salarios subían por ley con el IPC, dijeron: “Bueno, que las pensiones suban lo que suba el IPC. Así habrá un equilibrio”. Es decir, cuando se dice que las pensiones tienen que subir el IPC no se dice tanto por mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, sino para mantener la paridad entre los salarios y las pensiones. 

¿Podría poner un ejemplo de “efecto adverso”?

Por ejemplo, si una persona está dudando sobre si continuar trabajando o no, lo que hemos dicho siempre desde la Seguridad Social es que es mejor para el país que la persona retrase la jubilación, para que tenga una mejor pensión, etc. Pero ahora hay un incentivo poderosísimo: dejar un salario que sube un 3% o 4%, para ir a una pensión que sube un 8% o un 9%. Es una disfunción que no es positiva para el sistema. Remitirnos al IPC en todas y cada una de las situaciones es una simpleza: siempre habrá situaciones en las que hay que tener en cuenta otras cosas. Además, no tiene sentido que a los trabajadores que cobran 1.000 euros al mes se les revalorice el salario el 5%, y que lleguen en casa y que sus padres tengan una pensión máxima que se haya revalorizado el 8% [las pensiones máximas suponen 2.683 euros al mes, en catorce pagas]. No es justo. Lo justo es establecer la paridad que se intentó establecer en el Pacto de Toledo en 1995. Que los salarios y las pensiones crezcan de manera parecida.  

El ministro Escrivá ha sido tajante en el debate: dice que el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones es una “leyenda urbana” y que eso solo “crea incertidumbres” entre 10 millones de pensionistas.

Eso es cierto en el 99% de las ocasiones, pero hoy no. Lo que ha dicho el ministro es lo mismo que he dicho yo 100 veces los 10 años que he sido secretario de Estado de la Seguridad Social. Que el ministro en casi todas las veces tiene razón, pero en la actual situación es necesario tomar alguna medida adicional. Partimos de la base de que el ministro será recordado como el mejor que ha tenido la Seguridad Social, Dios me libre de hacerle alguna crítica. Lo digo en el sentido de que la Seguridad Social va a recibir este año 40.000 millones de transferencia del Estado, el Estado está pagando muchas cosas que antes pagaba la administración de la Seguridad Social.

Llevamos 45 años hablando de que la Seguridad Social no es sostenible, y la gente que lo decía se ha jubilado y está cobrando su pensión

¿Qué le parece el mecanismo que se ha llamado de equidad intergeneracional, que consiste en subir las cotizaciones de los trabajadores un 0,6% extra entre 2023 y 2032? 

Va a haber una serie de años en los que el número de pensionistas va a crecer mucho, los que nacieron entre 1955-1965. Me parece que ese aumento es una cantidad más simbólica que real. Me gustaría más que buscáramos la posibilidad de cobrar alguna cantidad a las personas que tienen beneficios económicos y que no cotizan a la Seguridad Social. Me gustaría también que los autónomos coticen por sus ingresos reales, como ha propuesto el Gobierno. Hay que buscar más dinero. Aunque las cotizaciones vayan bien, la inflación va peor, va a haber un desequilibrio. Un desequilibrio puntual. Llevamos 45 años hablando de que la Seguridad Social no es sostenible, y la gente que lo decía se ha jubilado y está cobrando su pensión [se ríe]. Es una trampa neoliberal. Los que hablan constantemente de la sostenibilidad de las pensiones, como dice el ministro, aluden a una leyenda urbana, pero este año es una cuestión que sí hay que abordarla.

¿No cree que está extendido entre la gente joven el sentimiento de que no van a recibir una pensión porque el sistema les parece inviable, por el factor demográfico?

Claro. Pero es que eso es lo que escuchan. Tú sabes que lo que dice el Gobierno es lo que tiene menos credibilidad. No es de extrañar, el Gobierno se atribuye los éxitos y los fracasos son siempre responsabilidad de las circunstancias. Por eso es más fácil creer lo que dice cualquiera, y no lo que dice el Gobierno. El sistema financiero vende sus propias pensiones, obligando a pagar más dinero que la Seguridad Social y con retribuciones finales mucho más bajas. Están interesados en que la gente no confíe en la Seguridad Social y sí en sus productos. Es una estrategia de venta. 

Ahora que la diputada Magdalena Valerio no es ministra tendrá que darme la razón sobre las pensiones de viudedad

En 2019, siendo usted todavía secretario de Estado, dio una opinión sobre las pensiones de viudedad que fue polémica. La ministra Magdalena Valerio salió públicamente a corregirlo. ¿Sigue pensando lo mismo?

La reflexión que hice, que no era nueva, ya la hice varias veces durante la presidencia de Rodríguez Zapatero. Lo que pasa es que en aquella época los ministros tenían menos necesidad de desmentirme, porque el grupo parlamentario socialista tenía más diputados [se ríe]. Entiendo que la preocupación de un ministro incluye tener en cuenta las faenas que te pueden hacer en el Parlamento. Lo que dije es que no tenía sentido que si fallece tu cónyuge, tengas de repente una mejor situación económica. Puse mi ejemplo: yo ganaba 6.000 euros al mes como secretario de Estado y mi mujer unos 1.500 euros. Si mi mujer hubiera fallecido en ese momento, yo hubiera tenido problemas de mucho tipo: de angustia, de soledad, de tristeza… Pero lo que no iba a tener es un problema económico. Estábamos repartiendo 7.500 entre dos. ¡Si llega a fallecer mi mujer, incluyendo la pensión de viudedad, hubiera cobrado 7.000 para mí solo! Lo que dije creo que es de sentido común. Ahora que la diputada Valerio no es ministra tendrá que darme la razón. Las pensiones están para mantener el nivel de ingresos, no para mejorarlos.  

¿Cree que el ministro Escrivá lo está haciendo bien?

Bien, no. Muy bien. Mi valoración de la gestión del actual Gobierno es muy buena. Es muy ambicioso, ¿eh? Creo que también depende de la capacidad de absorción de la sociedad española de tanta reforma. La reforma del régimen de los autónomos es enormemente positiva. Mejora las prestaciones y les permite tener un régimen de protección como los demás. Pero esto exige que los autónomos se apunten. El texto legal que regula el cambio dice que si no quieres cotizar por tus ingresos puedes mantenerte con la base mínima, como actualmente. Puede ser que al final solo se apunten los que ingresan menos, pero todos los que tienen más ingresos para declarar elijan quedarse como está. Este proceso requiere una implementación. 

¿Tiene alguna opinión sobre la dimisión simultánea de Israel Arroyo y Jesús Perea? [Respectivamente, secretarios de Estado de Seguridad Social y de Migraciones, los dos mayores altos cargos del ministerio que gestiona Escrivá, que dejaron voluntariamente su cargo el 20 y el 21 de junio de 2022]

Los motivos no los sé. Me consta que el ministro tiene un nivel de exigencia muy alto con sus colaboradores. Lo que sí le puedo decir es que la persona que se ha nombrado a cargo de la Seguridad Social, Borja Suárez, era director general de ordenación cuando yo era secretario de Estado. Puedo decir que es una persona que está bien preparada para ese cargo. 

Yo me opuse duramente al Plan E, pero finalmente lo acepté. Y me equivoqué al aceptarlo. Teníamos que haber insistido en hacer medidas de protección social

No es común ver autocríticas en política y usted hizo una muy dura: que los socialistas lo habían hecho fatal en 2008 y que dejaron que se destruyeran 3 millones de puestos de trabajo. 

Yo en aquel momento era secretario de economía del PSOE. Yo tenía muy claro lo que estaba pasando y tenía mucho cargo de conciencia. Tenía muy claro que o éramos capaces de repartir el coste social del ajuste o este iba a ser draconiano. Que iba a haber gente que solo iba a poder adquisitivo, pero sabíamos que otros lo iban a perder todo, oportunidades laborales y protección social. La crisis del 2008 afectó a la construcción. El esquema laboral de este sector, con contratos temporales, hacía imposible aplicar un sistema de ERTES. Pero tendríamos que haber intentado aplicarlo. Nos decantamos por una política de estímulo keynesiano, el Plan E. Yo me opuse duramente a aquello, pero finalmente lo acepté. Y me equivoqué al aceptarlo. Teníamos que haber insistido en hacer medidas de protección social. Si el dinero que se hubiera gastado en el Plan E se hubiera gastado en protección social, habría llegado a más gente y habría habido un reparto más solidario de la crisis. 

¿Cree que falta autocrítica en política?

En esto España es la excepción, no es la regla. En España tenemos una idea del comportamiento de los grupos políticos que es más heredada del franquismo que de la tradición democrática. Lo normal es que en los Gobiernos haya voces discrepantes. Lo anormal es que exista unanimidad de rebaño. Lo común en una democracia es expresarse en libertad y lo anormal en términos europeos es que cualquier discrepancia se considere un atentado. En ese sentido he intentado europeizar la política española [se ríe]. La gente debería de pedir que se hable con libertad desde los cargos públicos. Cuando un partido hace campaña hablando de las divisiones de los otros, yo creo que en el fondo está abonando un mal camino. Cuando dicen: “Ayuso no se entiende con el actual dirigente del PP, ni tampoco con el anterior…”. Oiga, lo normal es que el presidente de una comunidad autónoma tenga puntos de vista diferentes a los del presidente del Gobierno o de su partido. Lo que me parece anormal es el seguimiento ciego. 

No echo de menos la política. Me vería muy agobiado y abrumado de estar al frente de la situación de la Seguridad Social

¿Cómo ve al PSOE de cara al año electoral que empieza en 2023?

La situación de conflicto que viven los países occidentales, que participan de la guerra, pero solo en términos económicos, está haciendo que los gobiernos sufran. El PSOE está viviendo malos momentos porque vivimos en una sociedad de consumidores y nos han subido los precios a todos. En esta situación el partido de Gobierno pierde apoyo electoral, y da igual si se es de izquierdas o de derechas. Se dice hasta que Viktor Orban [ultraderechista y primer ministro de Hungría] puede perder las elecciones. Confío en que el PSOE sea capaz de mejorar la situación y de mejorar sus expectativas. 

¿Echa de menos la política?

No, no, no, no. Para nada. Estoy muy contento de escribir y de hablar de temas sin la necesidad de gestionar cuestiones diarias. Me vería muy agobiado y abrumado de estar al frente de la situación de la Seguridad Social. Están en mis oraciones [se ríe], tengo mucho respeto y solidaridad con los actuales gestores, que están viviendo en una situación muy complicada.