Abortar en España si en Polonia no se puede: mujeres europeas se organizan para blindar sus derechos

La situación es la que sigue: una mujer decide libremente abortar, pero en su país los derechos reproductivos de las mujeres están en jaque. Pongamos que esa mujer reside en Polonia, uno de los países europeos más restrictivos en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Pero, imaginemos, no todas las vías están agotadas: esa mujer podría acceder al derecho en otro país y de forma absolutamente gratuita. No es una utopía, es el objetivo que se han marcado activistas feministas de ocho países europeos que se han aliado para blindar el derecho al aborto en todos los estados de la Unión Europea.

Se trata de una iniciativa decididamente social: ni está pilotada por partidos políticos, ni emerge de la actividad propia de fundaciones. Pero sí aspira a contar con el respaldo del tejido social y asociativo. En España, entre las manos que cimentan las bases se encuentran las de la periodista feminista Cristina Fallarás y la activista y exdirectora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero.

"La idea es transformar la voluntad de un montón de ciudadanas en una fuerza política de influencia para exigir que se blinde el derecho al aborto", recalca Cristina Fallarás en conversación con este diario. Se trataría de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de "forma gratuita, segura y pagada por la Unión Europea", si no es dentro de las propias fronteras, al menos que pueda ser en países vecinos. Aunque por el momento son ocho los países que se han puesto manos a la obra –España, Francia, Irlanda, Croacia, Polonia, Eslovenia, Finlandia y Austria–, la previsión es que el impulso feminista se expanda por otros territorios y se materialice finalmente en la consolidación de un derecho en todos los estados miembros.

Eslovenia, a la cabeza

La propuesta nace en Eslovenia. Kika Fumero insiste en la importancia de reconocerle el mérito, precisamente porque es allí donde por primera vez se blinda el aborto constitucionalmente, no en Francia. "Fue el primer país europeo en hacerlo", aunque sin mencionar de manera explícita la palabra aborto, reseña la exdirectora del Instituto Canario de Igualdad. En su artículo 55, la Constitución de Eslovenia señala que "todo el mundo será libre para decidir si quiere tener criaturas o no y además el Estado deberá garantizar el ejercicio de esa libertad", subraya la activista. A lo largo de las décanas, esa redacción ha servido para de facto "blindar el aborto en Eslovenia". Y es ahí, entre las feministas eslovenas, donde se enciende la bombilla. 

El proyecto se encuentra en una fase primigenia, casi de comenzar a enyesar los cimientos. La intención es llegar a la meta de las elecciones europeas con los deberes hechos.

Para ello, las feministas se sirven de la figura de la iniciativa ciudadana europea, una herramienta similar a la iniciativa legislativa popular que existe en España. Se trata de un instrumento que permite a la ciudadanía sugerir a la Comisión Europea la formulación de las políticas dentro del marco de la Unión Europea. La propuesta ha sido ya avalada y las activistas esperan ahora la señal para comenzar a recabar las firmas necesarias: un millón en todo el territorio europeo. Cualquier país puede participar: "Incluso si en Malta firma un solo ciudadano, se incluiría", aclara Fumero. En España, el objetivo pasa por reunir un mínimo de 250.000 rúbricas.

Cada país está ahora "construyendo movimiento" bajo el eslógan Mi voz, mi decisión. La labor de las feministas será tejer alianzas con "agentes clave de la sociedad en general", expone Fumero, desde institutiones, hasta colectivos feministas, pasando por partidos políticos y sindicatos. No como protagonistas, sino como parte de la red. Se trata de alimentar el músculo para que "todo el mundo se sienta parte" y la recogida de firmas sea un éxito. 

En este punto se detiene Fumero. El requisito de las firmas obliga a seguir unos estándares que dejan fuera a una buena parte de las mujeres: las migrantes en situación administrativa irregular. Para formar parte del millón de firmantes, es necesario estar en una situación regular, lo que relega a las migrantes sin papeles a la irrelevancia formal, a pesar de ser parte interesada y unas de las principales afectadas por la restricción de derechos. "No van a poder participar, pero sí tienen que tener voz", asiente Fumero. Por eso, las mujeres migrantes serán una parte central de la campaña, al menos en el plano de lo simbólico.

"Que no sea un privilegio de las ricas"

La iniciativa se compone de cinco puntos. El primero, garantizar la libre circulación como herramienta para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto seguro y gratuito. Pero hay más. Las feministas plantean también la posibilidad del desplazamiento para que las mujeres puedan abortar en países vecinos que concedan márgenes más flexibles en torno a los plazos. Por ejemplo, mientras que en España el aborto es totalmente libre hasta la semana catorce, el límite asciende a 16 en Francia, 18 en Suecia y a 24 en Países Bajos. La idea pasa porque las mujeres puedan desplazarse también al territorio más ventajoso en este sentido.

Pero las activistas también buscan mejorar las condiciones de la libre interrupción del embarazo dentro de las propias fronteras. Allí donde sí es legal, pero no gratuito –por ejemplo Croacia y Austria–, la iniciativa demanda que la Unión Europea vele porque las mujeres "puedan acceder al aborto seguro y gratuito en su propio país". Por otro lado, en el radar están también aquellos países donde el aborto es teóricamente legal, pero donde la realidad demuestra que son muchas las trabas existentes para su libre ejercicio. En Italia, por ejemplo, "hay un problema enorme con la objeción de conciencia y la influencia del Vaticano", así que en estos supuestos se busca también garantizar un acceso real.

Finalmente, las feministas aspiran a la universalidad como condición inapelable. Quieren que la Unión Europea garantice la gratuidad también para "las comunidades marginadas", como por ejemplo las migrantes en una situación administrativa regular, las solicitantes de asilo, las refugiadas o las mujeres romaníes. 

¿Puede la Unión Europea escuchar estas demandas? Las activistas se escudan en las llamadas competencias de apoyo de la institución. "La UE solamente puede intervenir para apoyar, coordinar o complementar la acción de sus estados miembros", señala la legislación. Y es la "protección y mejora de la salud humana" uno de los ámbitos donde está justificada la intervención. "La UE tiene competencias para, a través del apoyo, crear programas con financiación económica en aquellos países donde es legal el aborto, para que puedan acceder el resto de mujeres europeas. Es una especie de extensión de la libre circulación" que ya existe en suelo europeo, plantea Fumero. "Y donde está legalizado, vigilar que sea seguro y gratuito, no un privilegio de las ricas".

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Para Cristina Fallarás, la razón de ser de la iniciativa pasa necesariamente por la urgencia de construir parapetos ante el avance de la extrema derecha. "Hay una inversión millonaria en el movimiento antiabortista", asiente la escritora, quien entiende que la mejor respuesta es la de armar una ofensiva feminista capaz de anteponerse a los ataques ultras.

"En lugar de actuar cuando nos quiten nuestros derechos, la idea es avanzar y decirles que los vamos a blindar", clama Fallarás. La decisión de adelantarse no es descabellada, sino que nace por las muchas amenazas que ya anidan en territorio español. "Estamos viendo cómo en Andalucía se inyecta dinero al movimiento antiabortista o cómo el Ayuntamiento de Valencia ofrece charlas contra el aborto", pone de ejemplo. Allí donde la extrema derecha y los conservadores se dan la mano, los derechos de las mujeres peligran. "Preguntémonos qué pasaría si tenemos un Gobierno de PP y Vox", sugiere la periodista. 

"Si el día de mañana no se puede abortar siendo menor de edad o a partir de determinada semana, la comunidad europea podría ampararnos para abortar en otros países y con todos los derechos garantizados", defiende. No hace tanto, el Partido Popular se propuso recortar la Ley del aborto hasta dejarla en los huesos. Aunque la reforma efectuada en 2015 no fue tan agresiva como inicialmente se había previsto –gracias al empuje del movimiento feminista en las calles–, sí privó de derechos a millones de mujeres. Entonces, la extrema derecha todavía no había entrado en las instituciones. "Hemos dado por sentados derechos que pueden ser revertidos de un plumazo", advierte Fallarás.