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Ni 'caso Nevenka', ni los "morritos" de Leire Pajín: el acoso sexual ya no va a salir gratis a los políticos

Imagen promocional de 'Nevenka'.

Si con algo se topó Nevenka Fernández cuando le puso públicamente nombre al acoso que sufrió en el mismo seno del Ayuntamiento de Ponferrada fue con la total ausencia de un protocolo que resolviera casos como el suyo, dando protección a la víctima y castigando al agresor. Tuvo que ir a los tribunales poniendo fin a su carrera política mientras su agresor, militante del PP, era jaleado en las calles. A pesar de ser condenado por acoso sexual y renunciar a su cargo, volvió a concurrir tiempo después a las elecciones con otras siglas y fue elegido nuevamente concejal. Tampoco tuvo mucha más repercusión aquella alusión del exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva a "los morritos" de Leire Pajín. Ninguno de los hombres protagonistas de estas historias vio truncada su carrera política. Años después, las instituciones comienzan a actuar contra el acoso que se da en su seno, en todas sus formas.

El Parlament de Cataluña acaba de sacar adelante un protocolo contra el acoso sexual, poco después de haber actualizado su plan de igualdad el pasado verano. No es el único, y de hecho se trata de una decisión al alza en los parlamentos autonómicos, pero lo cierto es que el catalán es uno de los textos más avanzados, principalmente por las consecuencias para los grupos parlamentarios. Otras guías en vigor, como aquella que aplica desde hace meses en el Congreso y el Senado, excluyen a los parlamentarios por su calidad de aforados. Lo mismo ocurre en el protocolo del Parlamento de Navarra y en el de Andalucía: los afectados son exclusivamente el personal funcionarial y laboral de las cámaras. 

El protocolo de las Cortes Generales trata de poner ciertos remiendos, pero no propone una solución contundente. Es decir, en caso de que el supuesto agresor no sea funcionario ni personal laboral, la cámara no podrá incoar un procedimiento, pero sí ofrecerá asesoramiento y acompañamiento a la víctima con el fin de que pueda tomar cartas en el asunto mediante otras vías al margen de la institucional. El Parlament de Cataluña va un paso más allá. 

El protocolo, al que ha podido acceder infoLibre, incluye en su punto 11.3.2 varios preceptos dedicados en exclusiva a los diputados catalanes. Así, el texto permite a la cámara autonómica excluir preventivamente de todas las "designaciones y delegaciones" que no están cubiertas por el derecho al ejercicio de un cargo público a todos los diputados implicados en un caso de acoso. Pero además, en caso de que la agresión se confirme, la Mesa del Parlament retirará al grupo parlamentario "parte de la subvención" que le corresponde, siempre y cuando el grupo decida no expulsar al culpable. Igualmente, quedarán limitados los "medios materiales y los locales a los que tiene acceso el diputado y su grupo". Se trata de una manera de persuadir a los propios partidos para tomar acciones rotundas contra sus miembros. Si el grupo decide no hacer nada, tendrá consecuencias.

El protocolo también desarrolla medidas contra los asesores de los grupos parlamentarios y los miembros de partidos políticos que acuden a la cámara. La Mesa del Parlament les retendrá también "parte de la subvención correspondiente" y prohibirá el acceso al Palau del Parlament por un periodo de seis meses a cinco años. Tampoco podrán acceder al edificio los acosadores que sean miembros del Govern sin condición de diputados, los asesores y el personal que acompaña a cargos de la Generalitat e incluso los periodistas parlamentarios, siempre que quede avalada su culpabilidad.

De Nevenka a "los morritos" de Leire Pajín

El acoso por razón de sexo echa raíces en las instituciones, en ocasiones con el silencio cómplice de los ojos que lo presencian, casi siempre con la inacción por parte de quienes deberían velar por la integridad de las víctimas. Los protocolos que brotan en la Administración Pública cargan a sus espaldas con toda una tradición de impunidad. El castigo al acosador, cuando se trata de un cargo político de relevancia, ha quedado habitualmente al arbitrio de los propios partidos. 

Nevenka Fernández decidió ir a los tribunales cuando hace veinte años el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, líder de su propio partido, la acosó sexualmente. La entonces concejal reunió el arrojo necesario para tomar sus propias decisiones e ir hasta el final, no sin antes renunciar a su carrera política. Y pese a la condena contra su agresor, el político nunca reconoció los hechos y años después volvió a incorporarse a la política como independiente siendo reelegido concejal. La condena a sus espaldas no llegó nunca a sacarle los colores. 

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva se vio obligado a pedir disculpas a Leire Pajín, tras referirse a ella en los siguientes términos: "Cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo". Aquello se quedó en lo puramente anecdótico, pero hoy podría tener consecuencias. El protocolo catalán, por ejemplo, encuadra dentro de los casos leves de acoso el uso de un lenguaje "con contenido sexual ofensivo", como bromas, chistes sobre sexo, comentarios sobre la apariencia o el aspecto de otra persona u observaciones desagradables.

Un chiste fue lo que llevó a Pablo Soto a abandonar su partido. Esta vez, el concejal de Más Madrid sí asumió las consecuencias, aunque sin llegar a reconocer del todo su culpabilidad. "Algo le dije a esa persona mientras estábamos en el baño. Todavía no sé exactamente qué, que tenía tono o significado sexual", señaló el político justo cuando su partido pidió su dimisión. También fue expulsado de ERC Carles Garcias Hernández, quien fuera la mano derecha del consejero Alfred Bosch. Nadie activó en su día el protocolo establecido por la Generalitat para este tipo de situaciones. "Las cosas se podrían haber hecho mejor, pero Esquerra ha actuado y él está cesado y las víctimas, protegidas. Eso es lo que hay que poner en valor", zanjó en su momento el exconseller. Poco después, presentó su dimisión.

Los casos son innumerables y no entienden de color político. El pasado mes de diciembre, un militante de Catalunya en Comú sacó a la luz un caso de abuso sexual que, tras ser denunciado de forma interna, recibió como única respuesta por parte de la dirección un total "hostigamiento". Al menos según la versión de la presunta víctima. La formación catalana, por su parte, sí defiende haber encauzado el caso con celeridad y tal como dicta el protocolo.

Desde que Nevenka Fernández pronunció la palabra acoso hace veinte años, se ha pasado del silencio a la reprobación pública, de la total ausencia de mecanismos sancionadores a la cada vez más habitual presencia de protocolos. Aunque a paso de tortuga, el acoso empieza a no salir gratis, tampoco a los líderes políticos.

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