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Feijóo desprecia la existencia del Ministerio de Igualdad en un país con 1.205 crímenes machistas

Unas dos mil personas se han concentrado este lunes en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria para expresar su repulsa por el asesinato de Maialen Mazón a manos de su expareja.

El principal líder de la oposición y candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que "no estamos para esto". Que hay ministerios que antaño fueron "subdirecciones generales" y que hoy no tienen ninguna utilidad como entidades autónomas e independientes. Su compromiso, en caso de que las urnas le concedan el impulso necesario para llegar al poder, es firme: eliminar carteras como la de Igualdad. Así lo ha asegurado este martes ante los micrófonos de Onda Cero.

La entrevista se ha desarrollado en los siguientes términos

Pregunta: ¿Habrá Ministerio de Igualdad en un Gobierno del señor Feijóo?

Respuesta: Hay ministerios que en mi época, cuando estuve en el Gobierno de [José María] Aznar, eran subdirecciones generales. Comprenderá usted que no estamos para esto. El Ministerio de Consumo era una subdirección dentro del Ministerio de Sanidad; el Ministerio de Igualdad era un departamento dentro de otro ministerio.

Con sus declaraciones, el conservador deja clara su decidida apuesta por devaluar las políticas de igualdad, despojándolas de su núcleo y desplazando a un segundo plano los no pocos retos que todavía tiene por delante la lucha contra la violencia machista. Al afirmar que "no estamos para esto", Feijóo olvida los números de un problema estructural como el machismo y su consecuencia más sangrante: la violencia de género.

La principal, la más evidente y la más acuciante de las cifras: 1.205 víctimas mortales en veinte años. Más de un millar de varones asesinaron, desde el 1 de enero de 2003 hasta hoy, a mujeres que eran sus parejas o exparejas. Pero además, según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 260 de las mujeres que fueron asesinadas habían presentado una denuncia previa contra sus agresores. Un 21,6% no encontró en las instituciones las herramientas necesarias para proteger su vida. Feijóo cree que no es necesario un Ministerio de Igualdad que resuelva los evidentes fallos que todavía lastran la estrategia contra la violencia de género, porque "no estamos para esto".

En la última década, además, un total de 49 menores han sido asesinados también como consecuencia de la violencia machista y 399 han quedado huérfanos. Los menores huérfanos que deja el terrorismo machista son 22 en lo que va de año. Sólo en el último mes, dos de ellos presenciaron los asesinatos de sus madres.

Pero la violencia machista va mucho más allá del ámbito de la pareja o expareja. En el año 2022, primero y único con datos disponibles, 34 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Se trata de 21 feminicidios familiares –víctima y agresor compartían algún grado de parentesco–, nueve feminicidios sociales –cometidos por parte del entorno de la víctima– y cuatro feminicidios sexuales –en los que la violencia sexual está en el centro de la agresión–. En 16 casos, quien cometió el feminicidio fue el hijo o el nieto de la víctima; en un caso el padre y en cuatro otro familiar. En ocho de los casos confirmados, el asesino fue un vecino o compañero de piso y en cinco otro conocido. España es el primer país europeo en contabilizar este tipo de crímenes machistas fuera de la pareja, pero todavía queda un largo recorrido para ir más allá del mero análisis y pasar a la acción para evitar este tipo de violencia. Feijóo no cree necesaria la existencia de un Ministerio de Igualdad que se encargue de hacerlo.

La violencia sexual también deja cifras demoledoras. Según el balance de criminalidad confeccionado por el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 2.870 hechos conocidos –entendidos como el conjunto de infracciones penales y administrativas que contabilizan las autoridades– ligados al delito de agresión sexual con penetración. Es decir, las mujeres españolas denunciaron una violación cada tres horas. En 2021 fueron 2.143 y en 2019 –año previo a la pandemia– 1.873.

La lectura de los datos está necesariamente ligada a su contexto: únicamente el 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones. El porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta también las denuncias interpuestas por otra persona o institución, según datos recogidos por la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. El reto es, por tanto, doble: conseguir que las mujeres confíen en las instituciones para dar la voz de alarma y tenderles la mano para garantizar una respuesta justa.

Al margen de la violencia, las políticas de igualdad también nacen para afrontar otras muchas inequidades en distintos ámbitos. También en la intimidad de los hogares: las mujeres dedican 43 horas semanales a las tareas domésticas y al cuidado de menores. Los hombres, 28. En ese contexto, sucede que durante el primer trimestre del año el 84,6% de las excedencias para el cuidado de los hijos o de algún otro familiar fueron solicitadas por mujeres. Un informe de UGT añade que el 87,71% de la población inactiva por dedicarse al cuidado familiar lleva nombre de mujer. Y además, según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el 88,6% de los 68.252 cuidadores no profesionales que existen en la actualidad son mujeres. 

También el mercado laboral tiende a ser terreno hostil para las mujeres. Según Comisiones Obreras, la brecha salarial se sitúa a día de hoy en el 20,9%, un porcentaje que se alimenta de los muchos sesgos de género que echan raíces en los centros de trabajo. Más datos: las mujeres suponen el 74,5% de contratación a tiempo parcial, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre de 2023. La tasa de paro femenina, en el mismo trimestre, se sitúa en el 15,13%, mientras que la masculina es del 11,57%. Y en la jubilación, la brecha permanece: la pensión media masculina asciende a 1.443 euros, según datos de mayo, mientras que la de ellas se instala en 970 euros. Núñez Feijóo está convencido de que no es necesaria una institución exclusivamente dedicada a corregir la desigualdad en estos ámbitos.

"Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet"

No sólo habló de ministerios el líder conservador, sino que señaló qué leyes concretas están bajo su punto de mira. Entre ellas, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. "Vamos a regular los derechos del colectivo trans", concedió, pero no a través de la actual ley. Entre los argumentos de repudia, aseguró que "es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad, que sacarse el carnet de conducir", sencillamente yendo "al Registro a plantearlo, decir que a partir de mañana soy una señora o un señor". También afirmó que "las hormonas las tienen que poner los médicos, no lo decide un menor", a pesar de que la norma elimina la obligatoriedad de hormonación, anteriormente sí elevada como requisito obligatorio para el cambio de sexo registral.

Pero, ¿es comparable examinarse para obtener el permiso de conducir con iniciar los trámites para el cambio del sexo registral? ¿Es tan sencillo como acudir al Registro Civil y decir ‘soy un señor o una señora’?

El artículo 39 de la ley es el encargado de explicar el procedimiento para cambiar la mención registral del sexo. Una vez efectuada la petición, se citará a la persona interesada para que comparezca ante el encargado del Registro Civil, quien recogerá su solicitud. El representante del organismo deberá informar de las "consecuencias jurídicas de la rectificación pretendida" y de las medidas de asistencia e información una vez se produzca el cambio. En ese momento, es necesario suscribir la comparecencia inicial reiterando la petición. Y en el plazo máximo de tres meses desde aquella primera comparecencia, se agenda una nueva cita para ratificar la solicitud, "aseverando la persistencia de su decisión". Entonces, el encargado del Registro Civil, "previa comprobación de la documentación obrante en el expediente", dictará resolución en el plazo de un mes.

Se trata de un trámite administrativo que busca deshacerse de requisitos médicos, como la presentación de informes psicológicos previos, y que es equiparable, más que a un examen de conducir, a otras gestiones encauzadas por la vía civil como la unión matrimonial.

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Núñez Feijóo también tachó de "disparate" que los "mayores de catorce" años puedan iniciar este trámite "sin el consentimiento de sus padres". Según la ley, los adolescentes de catorce y quince años tienen la posibilidad de acceder a la rectificación, pero siempre de la mano de sus representantes legales. En el caso de que exista desacuerdo entre ambos, se procederá al "nombramiento de un defensor judicial" que será quien tenga la última palabra. Únicamente los menores de dieciséis y diecisiete años tendrán el derecho a la libre determinación de género en igualdad de condiciones que las personas mayores de edad. 

Pero lo cierto es que desde hace ya cuatro años existe una base sólida que permite a los menores acceder a la rectificación de la mención registral. El Tribunal Constitucional emitió en el año 2019 una sentencia pionera, en la que falló que los menores con "suficiente madurez" y en situación "estable de transexualidad" deben poder acceder al cambio registral en igualdad de condiciones que los adultos, un dictamen que ha sido utilizado por diferentes registros civiles para allanar el camino que deben recorrer los menores hacia la autodeterminación de género.

Lo que no aclaró el conservador es qué otros aspectos concretos enmendaría del texto legislativo: si la prohibición de llevar a cabo terapias de conversión, la posibilidad de que mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja accedan a técnicas de reproducción asistida o que las parejas de mujeres ya no tengan que estar casadas para poder filiar a sus hijos. Sobre esos avances, ni una palabra.

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