El PSOE se agarra a la ley de trata tras el fracaso de su propuesta parlamentaria para abolir la prostitución

"Esta es la legislatura en la que vamos a acabar con la prostitución". Las palabras pertenecen a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Las pronunció el martes en los pasillos del Congreso, poco antes de que la proposición de ley ideada por su grupo para combatir el proxenetismo en todas sus formas fuera incapaz de prosperar al no cosechar los apoyos necesarios. Al día siguiente, el ambicioso objetivo se mantiene: "Lo que está claro es que hay que seguir trabajando para alcanzar el objetivo, que es abolir la prostitución", han insistido fuentes del departamento la mañana del miércoles. 

El debate del martes y la ausencia de consenso entre las fuerzas parlamentarias deja toda una serie de incógnitas sobre cuál será el camino hacia la consecución de ese objetivo. La primera pregunta que sobrevuela el panorama político, tiene que ver con la continuidad de la proposición socialista. ¿Existe alguna fórmula para recuperarla o sus autores dan por muerta la iniciativa?

Reposar lo sucedido

"En este momento toca reposar lo sucedido", asiente con cierta resignación Andrea Fernández, diputada y portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, en conversación con infoLibre. Al otro lado del teléfono, reconoce que "es difícil retomar la cuestión parlamentaria", principalmente por la "enorme dificultad" de encarar la "posición férrea de los socios parlamentarios" y la "actitud irresponsable del Partido Popular". Así que el escenario parece evidenciar que el camino hacia la abolición de la prostitución no encontrará acomodo en la vía parlamentaria.

La iniciativa debatida el martes en el hemiciclo era una reedición prácticamente idéntica de la propuesta tejida por los socialistas durante la legislatura pasada. Entonces, sí había pasado el filtro parlamentario, gracias al apoyo de los conservadores. No pudo ser esta vez: los conservadores decidieron votar en contra. Pero si el Partido Popular ha tenido en esta historia el anómalo papel de aliado de los socialistas, es precisamente porque los términos en los que se ha planteado la propuesta no convencen en absoluto a los socios progresistas. 

Las líneas de trabajo del PSOE eran tres: perseguir el proxenetismo en todas sus formas, castigar a los dueños de los locales donde se desarrolla el ejercicio de la prostitución y multar a los puteros. ¿Cuáles son las reticencias? No son pocas. La primera y más importante, común a la práctica totalidad de los grupos de la izquierda, tiene que ver con centralizar el debate en el reproche penal. Tanto los socios de Gobierno como las formaciones que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez coinciden en que el Código Penal no puede ser la principal herramienta hacia la resolución de un problema que se ha demostrado estructural. Así que no sólo es que no salgan las cuentas por cuestiones meramente aritméticas, es que no existe ningún frente común que comparta hoja de ruta.

Las diferencias entre los socios

Todas estas cuestiones han cristalizado en una profunda grieta entre los socios de Gobierno. En Sumar se concentran distintas sensibilidades en torno a la prostitución, pero lo cierto es que la posición de formaciones como los comunes, Compromís o Más Madrid, defensores de una visión más regulacionista o proderechos, tiene un peso fundamental dentro de la coalición. Este martes, durante su intervención en el debate, la parlamentaria Gala Pin se dirigía directamente a los colectivos de trabajadoras sexuales: "No vamos a permitir que un partido que se siente hegemónico haga electoralismo con sus cuerpos y con sus vidas", blandía desde la tribuna. Poco después, en redes sociales, afirmaba que "el trabajo sexual es trabajo".

En lo concreto, el partido de Yolanda Díaz defiende que la tercería locativa –la sanción a quienes arriendan espacios donde se ejerce la prostitución– puede dejar a las mujeres sin un techo. Y las multas a los puteros, sostienen, tendría impacto directo en los ingresos de las prostitutas, apuntalando la situación de precariedad que las atraviesa. 

"La prostitución es un asunto complejo y requiere por lo tanto mucho análisis, mucha escucha y mucho rigor para hacer propuestas realmente útiles y eficaces. No es serio una proposición de tres páginas como la del PSOE", reiteran fuentes de Sumar a preguntas de este diario.

Descartada la vía parlamentaria, Andrea Fernández apunta a un único frente posible donde dar la batalla: "Nos corresponde una nueva fase en otro carril, a través del Gobierno de España". Aunque eso sí, sin una propuesta a la vista consensuada entre los socios. "En estos momentos no trabajamos en ninguna propuesta conjunta", aclaran desde Sumar. 

Una nueva fase en otro carril

¿Qué caminos se abren, entonces, hacia la compleja pretensión de abolir la prostitución? "Hay cosas que se pueden hacer ya", insisten las fuentes consultadas en Sumar. Para empezar, "la reforma de la ley de extranjería que condena a miles de mujeres a la clandestinidad y a la precariedad y la derogación de la ley mordaza por la que las mujeres que ejercen la prostitución son multadas y por tanto necesitan aún más dinero para hacer frente a esas multas". Sumar estima que el PSOE "debería intentar llegar a acuerdos en esta materia" con todas las formaciones del bloque progresista, pero para ello "tiene que estar dispuesto a abordar cuestiones como la desigualdad, la pobreza, el racismo institucional y la estigmatización".

El PSOE se queda solo en el Congreso en la defensa de su ley contra el proxenetismo

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Por el momento y tras el fracaso de la vía parlamentaria, los socialistas se concentran en mirar hacia una norma pendiente: la ley contra la trata. Después de que se frenase su tramitación en la anterior legislatura por la convocatoria de elecciones, el Gobierno volvió a presentar el Anteproyecto de Ley Orgánica el pasado 8 de marzo. Actualmente, la norma ha superado ya el proceso de audiencia pública, canal por el que ha recibido un total de 55 aportaciones. Fuentes de Igualdad confirman que en estos momentos se están "analizando las aportaciones recibidas", aunque todavía es pronto para determinar las incorporaciones. La mayor parte de las sugerencias llegan de la sociedad civil, fundamentalmente entidades especializadas en violencia contra las mujeres. En añadido, un total de diecisiete proceden de entidades especializadas en atención a víctimas de trata, otras siete de profesionales en la lucha a favor de los derechos humanos, dos aportaciones de la ciudadanía en general y una de un sindicato. 

Pero el horizonte que marca el anteproyecto normativo es amplio y ahí radica el primer apunte importante para entender la norma en toda su complejidad: no sólo aspira a abordar la trata con fines de explotación sexual, sino que también pondrá el foco en otros frentes como el laboral. Entre los principales elementos que aspira a incorporar la norma, quizá el más valioso sea la batería de medidas enfocadas a la protección, acompañamiento y reinserción de las víctimas. El acceso a ayudas sin necesidad de denuncia previa o la autorización provisional con permiso de residencia y trabajo mientras se certifica su condición definitiva de víctima, son claves para las víctimas.

Quedan en el aire, sin embargo, cuestiones elementales: la ley habla de trata y explotación sexual, pero no de prostitución. Tampoco aborda el proxenetismo en todas sus formas y queda sin abordaje el papel de los puteros. Pese a ello, Andrea Fernández insiste en que la abolición de la prostitución es más que un eslógan: "Es una cuestión de convicciones y es un asunto muy urgente". Sin una hoja de ruta definida, la pregunta es si un objetivo tan ambicioso como abolir la prostitución encontrará acomodo en un contexto de disenso perpetuo y propuestas que no terminan de arrancar.