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Los 27 acuerdan un Pacto Migratorio Europeo a costa de endurecer las condiciones del asilo

Los representantes diplomáticos de los 27 Estados miembro de la UE aprobaron por mayoría cualificada (con el voto en contra de Polonia y Hungría y la abstención de Austria, Eslovaquia y Chequia) la última pieza del Pacto Migratorio Europeo. Italia, que había retrasado la aprobación la semana pasada, terminó cediendo antes de la cumbre de Granada de este viernes, que tendrá ya un pacto a 27 sobre la mesa. Lo acordado, junto a todos los demás puntos del Pacto Migratorio, deberá ahora ser negociado con un Parlamento Europeo que parece dispuesto a aceptarlo.

La pieza que faltaba, un reglamento sobre el tratamiento a dar a los solicitantes de asilo en situaciones de crisis, fue el último escollo. Cuando entre en vigor, que no será antes de 2025, podrán ser detenidos sin juicio en centros establecidos en las fronteras hasta 40 semanas. También se permitirán procedimientos de estudio de sus solicitudes mucho más rápidos. Estarán en un limbo jurídico que ahora se legaliza salvo que el Tribunal de Justicia de la UE diga lo contrario: habrán pisado físicamente territorio europeo, pero no tendrán ningún derecho más que el de esperar encerrados a que se procese su solicitud de asilo. La normativa actual permitía, al menos formalmente aunque después no se cumpliera, que esas personas se movieran mientras se procesaba su solicitud.

El acuerdo también prevé que en caso de crisis migratoria se active un mecanismo de solidaridad que sirva para repartir a los solicitantes de asilo por el continente. Los gobiernos pueden negarse a aceptar esos refugiados repartidos, pero deberán pagar 20.000 euros por cada uno rechazado.

El paquete completo, que llega en momentos en que aumentan las llegadas de migrantes y solicitantes de asilo, ha sido negociado durante cuatro años. Y a pesar de que tanto la Comisión Europea como la mayor parte de los gobiernos nacionales aseguran que falta mano de obra en el continente, la política migratoria no abre más vías legales mientras promete más deportaciones. Esa promesa se hace regularmente desde hace décadas sin que en la práctica aumenten porque los países de origen no aceptan en muchas ocasiones a sus nacionales, porque no se les puede deportar a países en conflicto o porque ni siquiera se sabe con seguridad su origen. La tasa real de deportaciones de quienes reciben una orden de expulsión se mueve desde hace décadas entre el 30% y el 40%.

El pacto llega porque la Presidencia española del Consejo de la UE consiguió convencer a Alemania, que durante años lo rechazó porque consideraba que se criminalizaba la labor de las ONG que rescatan migrantes y porque veía que se iban a violar derechos humanos básicos de los solicitantes de asilo. Cambios cosméticos y la presión de la ultraderecha de AfD, unidos a un aumento de las llegadas de migrantes a Alemania, hicieron que Berlín cediera y abriera la vía de un acuerdo que sólo rechazaron finalmente Varsovia y Budapest.

El canciller Olaf Scholz dijo el 30 de septiembre en una entrevista al grupo de medios RND que “el número de refugiados que buscan llegar ahora mismo a Alemania es demasiado elevado”. AfD ronda el 20% en intención de voto. Al cambio alemán se unió que Macron y Meloni están en la misma línea o, como dijo el Elíseo tras una reunión bilateral del pasado 26 de septiembre en Roma, “tienen una visión compartida de la gestión de la cuestión migratoria”.

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La Comisión Europea aplaudió hoy con ganas porque espera cumplir su objetivo de que todo esté pactado antes de las próximas elecciones europeas de principios de junio de 2024.

El giro conservador en política migratoria, que sostienen gobiernos de todo color político, lleva también a la Comisión Europea a firmar acuerdos migratorios con terceros países que se resumen en que los europeos pagamos a regímenes autoritarios vecinos (Marruecos, Turquía y próximamente Túnez, Libia o Egipto) a cambio de que impidan que desde sus costas salgan migrantes y solicitantes de asilo hacia Europa.

Parte de ese dinero va a reforzar a sus guardacostas. En el caso libio, simples milicias armadas de las que hay pruebas de que han llegado a intentar hundir barcazas de migrantes en alta mar. En esos casos, como en el de los guardacostas griegos dejando a la deriva a migrantes pequeños artefactos hinchables sin motor, en pleno Egeo, la Comisión Europea ha mostrado su “preocupación” y ha prometido investigar sin que nunca se sepa a dónde llegaron esas investigaciones mientras los gobiernos nacionales miraban hacia otro lado.

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