Crisis de los refugiados

Amnistía tilda de “cínica” la propuesta de la Comisión Europea de cambios en las normas de asilo

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La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha tildado este miércoles de "intento cínico de fortalecer los muros de la fortaleza Europa" la propuesta de la Comisión Europea de modificaciones en las normas de asilo.

"Las propuestas de la Comisión publicadas hoy (por el miércoles) no intentan mejorar la protección general de los refugiados, sino reducir las llegadas irregulares a Europa", ha valorado la directora de la Oficina de Instituciones Europeas de la ONG, Iverna McGowan.

"Cogen herramientas buenas, como el reasentamiento, y las dedican a fines malos, usan palabras bonitas, pero ocultan intenciones bastante cínicas", ha agregado, según un comunicado de AI.

En este sentido, McGowan ha recalcado que "lo que la Comisión intenta hacer con estas propuestas es reasentar a algunos refugiados para poder devolver a más (a sus países de origen)".

"Ante la ausencia de mención a la necesidad de incrementar el número de reasentamientos e invertir de forma firme en mejorar las condiciones de los refugiados en terceros países, el impacto de estas propuestas en la protección a los refugiados será probablemente negativo", ha remachado.

Según estos cambios, serán obligatorias las sanciones –hasta ahora voluntarias– que se pueden aplicar a los demandantes de asilo que no cooperan en la tramitación de su expediente o se desplacen dentro de la UE antes de recibir el estatus de refugiado.

Con ello se quiere desincentivar la entrada ilegal de inmigrantes a suelo comunitario y evitar que aquellos que sí logran llegar se desplacen sin control hasta el Estado miembro en el que desean instalarse, antes de presentar su demanda de asilo.

Bruselas ya planteó hace meses la necesidad de hacer más estrictas las reglas contra quienes abusan del sistema, pero ahora plantea medidas concretas como, por ejemplo, que la no cooperación con las autoridades sea castigada.

También plantea que se empiece a contar desde cero el plazo de cinco años que un refugiado debe estar en un Estado miembro para solicitar la residencia cada vez que se detecte que ha salido de ese país para viajar a otro para el que no tiene permiso de entrada.

Por ello, el Ejecutivo también propone en el nuevo paquete de medidas que la protección se ajuste al "tiempo necesario", por lo que se prevé una revisión obligatoria y periódica para revisar las condiciones por las que se concedió la protección, por ejemplo, la situación del país de origen.

Además, expone la necesidad de medidas para ayudar a la integración de los refugiados y de armonizar las normas para asegurar condiciones "justas y humanas" en la acogida de los inmigrantes, sea cual sea el Estado miembro que les recibe.

Plan voluntario para acoger refugiados

En el día en que la Comisión ha presentado un nuevo informe que certifica la lentitud con que los gobiernos están cumpliendo con sus compromisos de acogida de refugiados, el comisario de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, también ha pedido cambios para establecer un programa común voluntario.

El objetivo es afianzar las vías legales de entrada a la Unión Europea, para desincentivar los flujos ilegales y mermar el negocio de las mafias que trafican con seres humanos.

Para ello, Bruselas aboga por un marco común y voluntario, que ofrezca oportunidades "organizadas y seguras" de llegada a los inmigrantes y anime a los Estados miembros a asociarse desde el inicio del proceso, para ganar en eficacia y reducir los tiempos de los procesos.

El plan en el que piensa el Ejecutivo comunitario dejaría en manos de los Estados miembros el número de refugiados que desean acoger cada año desde terceros países, pero a cambio promete una ayuda de 10.000 euros por cada una de las personas que sea acogida en el marco de este futuro marco. Este apoyo procederá de los fondos que la UE asigna al apoyo al asilo.

Para su puesta en marcha común, Bruselas aclara que sería necesario fijar criterios consensuados sobre desde qué países se realizarían los traslados y cuántos inmigrantes se podrían beneficiar, así como valorar el grado de colaboración de estos terceros países en la lucha contra la inmigración irregular.

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