Brasil

Dilma Rousseff pide que frene el juicio político en su contra porque se trata de una “venganza”

Rousseff anuncia que “jamás” renunciará a la Presidencia de Brasil

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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió este lunes a la Cámara de Diputados que frene el juicio político en su contra argumentando que se trata de una "venganza" impulsada por el jefe de esta sede legislativa, Eduardo Cunha.

El Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, emitió un comunicado en el que adelanta la posición que mantendrá en su comparecencia de este lunes ante la Cámara de Diputados como defensor de la jefa de Estado.

Cardozo "va a pedir el archivo del proceso por falta de fundamento jurídico y alegará un supuesto desvío de la finalidad en la aceptación de la denuncia (contra Rousseff), que habría ocurrido por un acto de venganza, lo que vulnera los principios constitucionales", informa Europa Press.

"El proceso de 'impeachment' fue aceptado por el presidente de la Cámara de Diputados después de que la bancada del Partido de los Trabajadores votara favorablemente a la apertura de un proceso contra él en la Comisión de Ética", señaló.

Para Cardozo este hecho es suficiente para creer que Cunha habría actuado "no con el objetivo de atender el interés público y esclarecer una eventual sospecha de irregularidades bien fundamentada, sino como un acto personal de venganza".

"La posibilidad de que haya una finalidad adicional al interés público contamina todo el proceso (de 'impeachment') y sería, por sí solo, motivo para archivarlo", esgrimió el representante legal de la líder izquierdista.

Cunha negó el mismo día que ordenó iniciar el juicio político contra Rousseff que fuera una respuesta a la decisión del gobernante Partido de los Trabajadores de enviar a la Comisión de Ética la investigación sobre sus supuestas cuentas bancarias en Suiza.

Cuentas públicas

Entrando en el fondo del asunto, Cardozo negó "la existencia de operaciones de crédito entre el Estado y los bancos públicos para garantizar los recursos de los programas sociales, uno de los argumentos para el 'impeachment'".

El abogado general ha sostuvo que las emisiones de créditos públicos "ocurrieron dentro de la legalidad y no implicaron gastos extra, sino una nueva gestión de los recursos públicos". "Por eso no era necesaria la autorización del Parlamento", afirmó.

En cualquier caso, Cardozo enfatizó que "no hubo una actuación directa de Rousseff" en estas gestiones, "uno de los requisitos constitucionales para responsabilizarla en el caso de que se hubiera cometido alguna irregularidad".

Proceso de "impeachment"

La comisión especial, integrada por 65 diputados de los 24 partidos políticos representados en el Parlamento, quedó constituida el pasado 18 de marzo, iniciando así el plazo para que Rousseff presente su defensa en el Congreso, que vence este lunes.

Tras la exposición de Cardozo, la comisión especial tiene cinco sesiones para elaborar un informe con su posición final, que someterá al pleno de la Cámara de Diputados, donde 342 de los 513 legisladores tendrán que apoyar el "impeachnment" para que prospere.

Si la cámara baja se pronuncia a favor del juicio político, el proceso pasa al Senado, que con mayoría simple –al menos 41 de los 81 legisladores– podrá ratificar la decisión de los diputados abriendo así el "impeachment".

En este caso, Rousseff quedaría cesada temporalmente y su vicepresidente, Michel Temer, asumiría el cargo. Si, tras una investigación de un máximo de 180 días, dos tercios de los senadores (54) respaldan la destitución, ésta será definitiva.

El pasado 2 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados decidió abrir un proceso de "impeachment" contra Rousseff atendiendo así una de las muchas denuncias presentadas en el Congreso contra la jefa de Estado.

La base para el "impeachment" está en la denuncia presentada por uno de los fundadores del PT, Hélio Bicudo, y el ex ministro de Justicia del Gobierno de Henrique Cardoso Miguel Reale, que apuntan a las irregularidades que el Gobierno cometió en las cuentas públicas de 2014.

También hubo numerosas denuncias que solicitaban apartar a Rousseff del cargo por la trama de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos de Petrobras, pero de momento no hay pruebas sólidas que lo justifiquen.

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