Asesinadas por su compromiso y por ser mujeres: una investigación analiza casi 300 feminicidios en el mundo

“Ya no tengo esperanza, todos mis sueños se han desvanecido.” En esta voz cansada, una de las que han contado su historia mil veces, cuesta reconocer a la activista feminista que levantó el puño en las manifestaciones de Basora en otoño de 2018. Por aquel entonces, con su kufiyya enrollada en la cabeza, Lodya Albarty y sus compañeras iban al frente de las manifestaciones, denunciando la corrupción y la influencia de las milicias chiíes en el Gobierno iraquí. Eso fue hace sólo tres años, pero para la joven, estos últimos años han tenido el peso de toda una vida. Se creía indestructible, pero ahora se esconde como un animal acosado.

Cuando habló con nosotros por primera vez en el verano de 2022, Lodya llevaba ocho meses en un lugar secreto en los confines del desierto iraquí. Amenazada, esta activista que trabajaba desde 2015 en la ONG Al-Firdaws, a favor de los derechos de las mujeres, tuvo que abandonar a toda prisa la ciudad petrolera para esconderse donde nadie pudiera encontrarla.

A sus 30 años, el fervor de la lucha colectiva ha dado paso a la soledad, el silencio y la angustia. “Cada minuto que pasa, me pregunto cuál será mi destino", dice. “No me siento segura en ningún sitio... Si me encuentran, me matarán.”

Hace dos años lo intentaron. El 17 de agosto de 2020, cuando dos amigos la recogían en coche para ir a un funeral, un Toyota blanco se le acercó lentamente. Un hombre encapuchado con una pistola con silenciador en la mano, se baja y dispara en su dirección. Lodya "ve pasar ante sus ojos la película de su vida". Durante unos minutos, pensó que "iba a morir, allí, delante de su padre, que, alertado por los gritos, salió de casa gritando". Su amigo que conducía resultó herido en la espalda, Lodya en las piernas, pero escapó a la muerte. 

En Irak y en otros lugares del mundo, cientos de mujeres activistas de derechos humanos no tendrán tanta suerte. Acosadas cibernéticamente, amenazadas, agredidas y mutiladas, las que han decidido entrar en la arena política a veces son asesinadas. Ya sean políticas, abogadas, dirigentes de instituciones u organizaciones, o activistas locales, las mujeres sufren cada vez más ataques. "En casi todas partes, el aumento de la representación política de las mujeres ha ido acompañado de un aumento de la violencia contra ellas", señala la ONU. En su forma más extrema, "las mujeres han sido asesinadas por ejercer sus derechos políticos".

En los últimos años, personalidades como la expresidenta chilena Michelle Bachelet, investigadoras, periodistas y activistas han utilizado instintivamente el término "feminicidio político". Pero ese crimen nunca ha sido objeto de una investigación periodística específica. Por supuesto, todo feminicidio, íntimo o no, es político, pero no es necesariamente un asesinato político de género. Lo que está en juego es democrático: más allá del asesinato, los feminicidios políticos son verdaderas bombas de racimo que pueden afectar a otras activistas, a sus herederas e incluso a toda la sociedad.

287 asesinatos en 58 países

En el marco del proyecto Femmes à abattre, que se podría traducir como Mujeres en la diana (ver Caja Negra), diez periodistas han analizado 287 asesinatos de mujeres activistas en 58 países y entrevistado a expertos, ONG, abogados, supervivientes, familiares y allegados de las víctimas para comprender este mecanismo de "silenciamiento" por excelencia.

En casi un tercio de estos asesinatos (82), perpetrados entre 2010 y 2022, las periodistas pudieron descubrir motivos y modus operandi de género. Se trata de causas que casi nunca investigan la policía o la justicia, pero que son cruciales para explicar estos asesinatos. Estos asesinatos se producen en todos los continentes, incluida Europa. En Francia se ha documentado un caso, el de Vanessa Campos, mujer trans y trabajadora sexual de origen peruano, asesinada a los 36 años de un disparo en el pecho en la noche del 16 al 17 de agosto de 2018. 

La base de datos de Mujeres en la diana muestra que las activistas por los derechos de las mujeres son, con diferencia, la categoría de activistas más víctima de asesinato en la última década. Les siguen los activistas LGBTQI+, ecologistas y por el acceso a la tierra. En el 100% de los asesinatos, en los que se conocía a los autores, los asesinos eran hombres. 

"Nos matan del mismo modo que matan a los activistas masculinos", observa Lodya desde su escondite, haciendo recuento de la lista de sus compañeras y compañeros muertos a tiros en este periodo de represión del movimiento social en Basora. Piensa en su amiga Riham Yacoub, símbolo de la protesta feminista iraquí, muerta dos días después de su propio intento de asesinato. Esa activista de 29 años, muy popular en las redes sociales, murió mientras conducía por los disparos de un hombre enmascarado.

"Sin embargo, los hombres no sufren las mismas amenazas, no reciben insultos relacionados con el sexo", afirma. Como atestigua la ONG Front Line Defenders, antes de resultar gravemente herida, Lodya fue víctima de una "campaña de difamación sexual". "En las redes sociales, partidarios de las milicias chiíes decían que yo mantenía relaciones sexuales con hombres en las manifestaciones", relata la feminista.

En todo el mundo, el vilipendio sexual es una "táctica utilizada para atacar a las defensoras de los derechos humanos", según señala la ONU, en un informe de enero de 2019. "Su trabajo se desacredita con comentarios e insinuaciones sobre su vida y orientación sexual, su estado civil, etc. Se les acusa falsamente de promiscuidad o de prostitución".

Otro estereotipo utilizado: "Se las acusa de ser malas madres", añade la ONG Awid, que creó un memorial online dedicado a las mujeres activistas. "Debido a las asignaciones de género que limitan el papel de las mujeres a la esfera privada, se les critica su implicación en la esfera pública y, por tanto, se les perdona menos que a los hombres que expongan a sus familias", añade Valentine Sébile, investigadora-doctoranda y experta en la situación de las defensoras de derechos humanos.

Campañas de difamación

Estas campañas de odio basadas en el género tienen consecuencias desastrosas. “La humillación pública suele poner a las familias y las comunidades en contra de las defensoras de derechos humanos", afirma la ONU. “Las defensoras de derechos humanos son el principal baluarte de protección de las mujeres y, por tanto, son más vulnerables a los ataques.”

Estas campañas de desprestigio pueden salpicar a las fuerzas policiales que se supone deben atender las denuncias de las activistas cuando se ven amenazadas. Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de las defensores de derechos humanos, afirma que "la policía no las toma en serio". Según ella, sus denuncias "no se investigan porque se las estigmatiza, se las considera malas madres, brujas, prostitutas".

Sin embargo, antes de ser asesinadas, muchas de ellas dejaron claro que habían sido amenazadas y presentaron denuncias para obtener una protección adecuada. Según los datos recogidos, el 57% de las víctimas de feminicidio político informaron a las autoridades de que habían recibido amenazas de muerte antes de ser asesinadas.

En algunos casos, las amenazas son tan graves que algunas víctimas se ven obligadas a hacer peticiones de ayuda en las redes sociales. Un ejemplo es Karina García, de 32 años, la primera mujer candidata en las elecciones municipales de Suárez, en el extremo occidental de Colombia. Esta localidad está situada en una de las regiones más violentas del país, debido a la presencia de grupos paramilitares disidentes de las FARC, traficantes de cocaína y empresas mineras de oro legales e ilegales. Pocos días antes de su muerte, en septiembre de 2019, esta representante del Partido Liberal, conocida por denunciar la corrupción del alcalde saliente, había cargado contra la Policía y los candidatos que estaban allí en un pleno municipal por las amenazas explícitas que había recibido.

“¿Qué vais a hacer?", dijo con voz entrecortada en una grabación difundida tras su muerte. “¿Vais a matarme y a dejar huérfano a mi hijo de tres años?”

La activista, que hacía campaña bajo el lema "Una mujer, una esperanza", se había dirigido en Facebook a sus adversarios en las elecciones, sobre todo a dos de ellos, a los que creía reconocer detrás de las amenazas contra ella. "Detrás de la candidata, piensen que hay una madre, una esposa, una hermana", imploraba en este vídeo, que fue visto 10.000 veces. Karina García pidió que dejaran de difundir rumores infundados sobre ella, ya que podrían ser "fatales" para ella.

Este último acto de transparencia no pudo salvarle la vida. Pocos días después, los restos calcinados del coche de la candidata apareció en una cuneta de una carretera de montaña. Durante la noche, unos asaltantes dispararon contra el vehículo durante 20 minutos con un fusil de asalto, lanzando varias granadas para prenderle fuego. Los campesinos que encontraron el coche aparentemente vacío pasaron varias horas buscando a Karina por la zona, sin encontrarla. De hecho, su cuerpo estaba tan quemado que sólo quedaban cenizas.

"Ensañamiento", un crimen de propiedad

¿Querían sus asesinos hacerla desaparecer por completo? ¿O simplemente asegurarse de que no saliera viva del asalto? Es imposible saberlo, ya que los autores nunca fueron detenidos. El ensañamiento es un modus operandi habitual en los feminicidios políticos. Quemadas, masacradas con cuchillo, espada o pistola, empaladas, crucificadas, despedazadas, desfiguradas con ácido, destripadas... Según la base de datos Mujeres en la diana, el 43% de las víctimas fueron asesinadas con ensañamiento.

Si bien la mayoría (58% de los 82 casos registrados) fueron fusiladas, una parte importante de los asesinos se esmeró en destruir el cuerpo o los cuerpos de sus víctimas antes o después de la muerte. "Las hermanas Mirabal –Patria, Minerva y María Teresa– fueron asesinadas a machetazos, hechas trizas", señala la historiadora Lydie Bodiou. Esta especialista en historia de las mujeres hace referencia al feminicidio político de tres activistas dominicanas que el 25 de noviembre de 1960 se convirtieron en el símbolo de la resistencia contra la dictadura de Rafael Trujillo. Las mismas mujeres cuyo martirio se conmemora cada año en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

“Fueron violadas, maltratadas porque eran cuerpos de mujeres de los que querían apropiarse", afirma.” Trujillo cometió un crimen político y un feminicidio contra activistas de la libertad.” Los cuerpos torturados de las hermanas fueron luego colocados en su jeep, que fue arrojado al vacío.

La escenificación de una muerte especialmente brutal también puede servir de advertencia a las mujeres que quiere recoger la antorcha de la lucha. En Kenia, el cuerpo de la activista por los derechos de la tierra Esther Mwikali fue encontrado el 27 de agosto de 2019 con los ojos arrancados y palos insertados en sus partes íntimas. Un mensaje enviado al creciente número de mujeres activistas del país que trabajan para que se respete su derecho a la herencia.

La misma macabra exposición ocurrió con Victoria Pineda, mujer trans activista por los derechos LGBTQI+ en El Salvador. Su cuerpo desnudo fue encontrado en posición de crucifixión en plena calle en noviembre de 2019. Alrededor de su rostro desfigurado por los golpes, sus asesinos habían colocado un neumático de forma que parecían unos cuernos diabólicos.

“Los asesinatos de defensoras de derechos humanos suelen tener como objetivo sembrar el miedo", explica Valentine Sébile, "para enviar una señal a otros activistas y a sus comunidades. De hecho, a veces se mata a las personas más expuestas para que la onda expansiva trascienda la comunidad y se perciba como una amenaza para toda la sociedad civil, como un mensaje que dice: "Imaginen lo que podemos hacer".

Los asesinos de Esther Mwikali y Victoria Pineda nunca fueron detenidos. Tampoco han sido detenidos los asesinos de Hande Kader, mujer trans turca comprometida con los derechos LGBTQI+, Juana Quispe, diputada boliviana, Eman Sami Maghdid, feminista iraquí, o Nare Mphela, activista LGBTQI+ sudafricana...

Impunidad: "Las mujeres importan menos”

En realidad, pocos feminicidios políticos llegan a la fase de juicio: sólo el 15% de ellos, según la base de datos Mujeres en la diana. De ellos, la mitad acaban en condena. En la inmensa mayoría de los casos, ni siquiera se inicia una investigación policial.

"La impunidad de las agresiones contra las defensoras de los derechos humanos es un problema grave", afirma Mary Lawlor, la Relatora Especial de la ONU. Oyéndola hablar, la causa parece perdida: "Quienes las atacan tienen casi la certeza de que se saldrán con la suya, porque no se abrirá ninguna investigación y los autores no serán llevados ante la justicia".

Según la alta funcionaria, la raíz de esta impunidad generalizada está en que "las mujeres importan menos: la policía, el gobierno, los servicios de seguridad que se supone deben protegerlas no las toman en serio, y a veces son los políticos los que llaman a la violencia contra ellas, como en Filipinas, por ejemplo". En 2018, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, animó a los militares a "disparar en la vagina" a las mujeres "rebeldes".

El caso de "Digna Ochoa contra el Estado de México" es especialmente emblemático de las consecuencias de este descrédito de las defensoras de derechos humanos. Esta abogada mexicana fue hallada muerta en su despacho el 19 de octubre de 2001. La investigación, llevada a cabo por el fiscal de Ciudad de México, concluyó dos años después que se había suicidado. Pero la familia de la abogada que defendió incansablemente los derechos de los presos políticos, a pesar de las repetidas amenazas y de una violación, nunca se rindió.

Veinte años después, el 25 de noviembre de 2021, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos falló finalmente a su favor y condenó al Estado mexicano por las "graves irregularidades" cometidas durante la investigación. El tribunal concluyó que "las autoridades utilizaron estereotipos de género durante el procedimiento". Los investigadores "se basaron en elementos de la vida personal de la Sra. Ochoa –estaba en terapia y tenía una relación de pareja conflictiva– para considerar que era más probable que se tratara de un suicidio que de un asesinato. En otras palabras, la Sra. Ochoa fue retratada como una mujer emocionalmente frágil e inestable, y por lo tanto propensa al suicidio.”

Dos décadas después, los asesinos de Digna, probablemente militares enemigos políticos de los activistas medioambientales que ella defendía, siguen libres. Pero la jurisprudencia Ochoa es histórica. "Corresponde a los Estados adoptar una perspectiva de género y un enfoque interseccional para hacer frente a las diferentes formas de violencia que pueden sufrir las defensoras por razón de su profesión y género", señala la sentencia.

Suicidios: feminicidio político encubierto

Al igual que el caso Ochoa, nuestra base de datos contiene varios suicidios dudosos. El Protocolo para la Investigación de Feminicidios de la ONU nos recomienda investigarlos. El suicidio es "una forma común para los perpetradores de encubrir un asesinato" y "puede ser utilizado por los investigadores criminales para justificar el archivo del caso".

"No somos iguales ante la ley. Si eres pobre, te matan y hacen que parezca un suicidio", nos dijo en Chile el marido de la activista mapuche Macarena Valdés. Encontrada ahorcada en su casa por su hijo de 11 años en 2016, la mujer que luchaba contra la construcción de una presa del gigante energético austriaco RP Global había recibido amenazas de muerte. La familia refuta la teoría del suicidio, pero la investigación está paralizada. Para la doctoranda Valentine Sébile, estos casos ilustran cómo "ciertos gobiernos intentan encubrir estos crímenes evacuando la dimensión política y social del compromiso de estas mujeres, apelando a una imagen estereotipada, más vulnerable y depresiva. Estos argumentos son a menudo una forma de no reconocer la responsabilidad del Estado en la protección de las defensoras de los derechos humanos".

La línea que separa el asesinato del suicidio es a veces difusa. La noción de "suicidio forzado" apareció en el Código Penal francés en julio de 2020. Las múltiples presiones y agresiones físicas y sexuales que sufren algunas mujeres activistas también pueden llevarlas a poner fin a sus vidas. La muerte de la activista egipcia del colectivo LGBTQI+ Sarah Hegazi, que se suicidó en junio de 2020 tras ser torturada durante tres meses por llevar una bandera arcoíris, es emblemática de lo que también se conoce como "asesinato vicario".

"La experiencia ha sido difícil y estoy demasiado débil para resistirla", explicó en su carta de despedida. "Por si alguien tiene dudas, fue el gobierno egipcio quien la mató", afirmó Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de la ONG Human Rights Watch.

Hay muchas formas de deshacerse de las defensoras de los derechos humanos, afirma Cynthia Rothschild, de la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos (WHRD-IC): "Crear las condiciones que conducen a la muerte es un asesinato indirecto. Los asesinatos indirectos deben contabilizarse como homicidios para que los responsables rindan cuentas".

En Pakistán, la periodista Shaheena Shaheen asesinada por su marido

La línea con el feminicidio íntimo puede ser igual de fina. En nuestra base de datos, el 5% de los feminicidios políticos son cometidos por cónyuges y el 2,5% por otros miembros de la familia. Este fenómeno "enormemente subestimado" fue señalado por la investigadora Carolina Mosquera, de la ONG feminista colombiana Sisma Mujer. “Es un riesgo al que se enfrentan las defensoras", dice. “Si tienen un papel en el espacio público y a sus maridos no les gusta, las atacan, las matan. Así que estos feminicidios están vinculados a su activismo".

En Pakistán, la activista feminista y periodista Shaheena Shaheen fue asesinada el 5 de septiembre de 2020 por su marido. Tras dispararle dos veces a la cabeza, dejó su cadáver frente a un hospital y huyó. Después de casarse, la joven de 29 años había abandonado la vida pública, pero quiso volver "para vivir su vida según sus propias reglas, y eso molestó al ego misógino de su marido", ha declarado su amigo Abdullah Abbas, activista del Human Rights Council en Baluchistán, su región natal. Para él, no hay duda: se trata de "un crimen de honor perpetrado en el contexto de la violencia doméstica". 

A pesar de la movilización internacional, hasta de la Directora General de la UNESCO, la investigación no avanza. Está "congelada", afirma su hermana Masooma Shaheen, que prosigue la lucha #JusticeForShaheena en las redes sociales. "Su marido desaprobaba que fuera una figura pública por su trabajo", insiste Michelle Foley, de la ONG Front Line Defenders. Pero él no ha sido imputado. "Debido a las poderosas conexiones familiares, es intocable".

Este crimen de propiedad recuerda, de nuevo en Pakistán, al de Alesha, activista de Trans Action Alliance, asesinada por su pareja en 2016; pero también del de Arooj Iqbal, asesinada por su marido en 2019. "Él quería que ella abandonara la idea de fundar su propio periódico", ha declarado a Reporteros sin Fronteras su hermano, Yasir Iqbal, añadiendo que ella había presentado recientemente una denuncia contra él por amenazas de muerte.

Despolitizar el asesinato de la activista

En el contexto de los feminicidios políticos, este disfraz del asesinato íntimo o suicidio no sólo pretende evitar la persecución judicial. El otro objetivo es "despolitizar" el asesinato de la activista devolviéndolo a la esfera personal.

Tras el intento de asesinato de la activista iraquí Lodya Albarty, sus detractores afirmaron en redes sociales que se acostaba con el amigo que conducía el coche, y que fue su padre quien intentó matarlos a ambos. En Kenia, el asesinato de Caroline Mwatha, activista contra la violencia policial, se hizo pasar por una muerte tras un aborto ilegal que salió mal. La policía alegó que estaba embarazada de cinco meses "de su amante", versión que sus familiares han negado.

En estas campañas de desprestigio post mortem, también se trata de empañar la imagen de la activista para evitar que se convierta en mártir de su causa. En Brasil, el asesinato de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, el 14 de marzo de 2018, dio lugar a una andanada de comentarios destinados a mancillar la imagen de la mujer que se distinguió, en particular, por su lucha contra la violencia policial. "Después de su asesinato político", atestigua Mónica Benicio, su compañera, que responde a nuestras preguntas desde Río, "se multiplicó y se hizo más explícito el discurso de odio contra todo lo que ella representaba, una mujer negra, de las favelas y en una relación con una mujer."

“El criminal apuesta por una cierta repercusión, pero nunca podremos saber el impacto del acto, si reforzará la lucha o no", afirma Catherine Le Magueresse, jurista especializada en violencia contra las mujeres. “El efecto bumerán es difícil de medir.”

En Brasil y en el movimiento feminista internacional, Marielle Franco se ha convertido en un icono y en el emblema de la lucha contra el presidente Bolsonaro. Todo el mundo coincide en que, en lugar de silenciarla, su asesinato ha hecho que su causa y su identidad como mujer negra bisexual sean aún más populares e inspiradoras para la nueva generación de activistas brasileñas y para las llamadas "semillas" de Marielle en Brasil.

"Lucha como Marielle Franco" se ha convertido en un grito de guerra. “Aunque, tras su asesinato, aumentaron los insultos hacia ella, hacia mí y hacia todas las mujeres activistas, también nos hizo más fuertes, más poderosas", afirma la activista Mónica Benicio. “Marielle dijo que no la silenciarían y así es exactamente, no dejaremos que nadie nos silencie".

Desde la muerte de su pareja, Mónica Benicio vive bajo protección policial debido a las numerosas amenazas recibidas. Eso no le ha impedido haber sido elegida concejal de Río en 2020. El objetivo: seguir luchando contra el racismo, la LGTBfobia, por los derechos de las mujeres afrobrasileñas y de los habitantes de las favelas, para mantener vivo “el legado de Marielle”.

No las callarán

En todo el mundo, las semillas del feminismo se extienden tras los feminicidios políticos, como en Bolivia, donde pocas semanas después del asesinato de la concejala Juana Quispe en 2012, la presión popular logró que se aprobara la ley por la que había luchado contra el acoso y la violencia política contra las mujeres.

En Filipinas, el feminicidio de Zara Álvarez, asesinada a tiros en 2020, marcó al país. Fue objeto de "un verdadero acoso militar, policial y judicial por su incansable y abnegada labor en favor de los derechos de las personas", afirma Cristina Palabay, directora de la ONG de derechos humanos Karapatan. La organización ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para garantizar que todos los defensores de los derechos humanos amenazados puedan recibir la protección de la que Zara nunca pudo disfrutar.

Pero, por unas pocas cuyas voces que resonaron tras su muerte, ¿cuántas luchadoras han muerto en silencio? "Son demasiadas las asesinadas antes incluso de llegar a ser visibles de la esfera pública", afirma la profesora estadounidense Marie E. Berry, que ha trabajado sobre la movilización de los derechos de la mujer. Berry, que ha trabajado sobre las movilizaciones de mujeres en Ruanda y Bosnia tras la guerra.

Los datos recogidos en el marco del proyecto Mujeres en la diana no son, pues, más que la punta del iceberg. El árbol que esconde un bosque de cientos, si no miles, de activistas asesinadas, de cuyos asesinatos no han informado ni la prensa ni las ONG, o que simplemente han "desaparecido" en cárceles mexicanas, iraníes, chinas o rusas, y cuyo destino no hemos podido determinar. Por último, están las que han sobrevivido y se han rendido. La mujer sigue viva, pero la activista ha sido silenciada.

En febrero de 2022, Lodya Albarty abandonó su escondite secreto, donde las comodidades básicas y la soledad pesaban sobre ella, pero fue incapaz de regresar a casa. La feminista de Basora sigue viviendo a cientos de kilómetros de su ciudad. "Mi sueño se detuvo", dice. Lo sufrió en sus carnes. Pero las balas no han apagado la llama de Lodya. "Ojalá pudiera volver a luchar por nuestros derechos. Volver a hacer oír mi voz".

  

Caja negra

Daham Alasaad, Cécile Andrzejewski, Delphine Bauer, David Breger y Anne-Laure Pineau también han contribuido a esta investigación.

Este artículo forma parte del proyecto Mujeres en la diana, dirigido por el colectivo de periodistas independientes Youpress y del que Mediapart es socio. También ha recibido el apoyo del fondo Pascal Decroos. Se trata de la primera investigación internacional sobre el feminicidio político. Un crimen que consiste en matar a una mujer por la causa que defiende, pero también por ser mujer.

La base de datos contiene 287 casos registrados. De ellos, 82 podrían identificarse como feminicidios políticos. Eso no significa que los otros dos tercios no lo sean. En la mayoría de los casos, se disponía de muy poca información para poder calificarlos. En otros casos, la activista no parecía ser un objetivo como tal, siendo asesinada en un contexto íntimo, de derecho común (asesino en serie, accidente de tráfico), o, incidentalmente, en un contexto colectivo (atentado, conflicto armado).

Para establecer si un asesinato político era también por género, nos basamos en los criterios -motivación, modus operandi e impacto- utilizados por las tres investigadoras Gabrielle Bardall, Elin Bjarnegård y Jennifer Piscopo.

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Traducción de Miguel López