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Unión Europea

El Banco de la UE invierte fondos públicos en paraísos fiscales

Jean-Claude Juncker, en Estrasburgo.

Este miércoles 14 de septiembre, en su segundo discurso sobre el estado de la Unión desde que accedió a la Presidencia la Comisión, estaba previsto que Jean-Claude Juncker anunciara en Estrasburgo, la ampliación hasta el año 2020 de un plan de inversión destinado a sacar a Europa de la apatía económica. La dotación destinada a tal efecto asciende a 500.000 millones de euros (dicho sea con todas las reservas con que deben acogerse siempre este tipo de medidas).

En el centro del plan Juncker, anunciado en la primavera de 2015, pero cuyos resultados sobre el terreno todavía no están muy claros, figura una institución desconocida por el gran público, con sede en Luxemburgo: el Banco Europeo de Inversiones (BEI), creado en 1957 (y que trabaja mano a mano con el Banco Público de Inversiones, en Francia). El BEI financia proyectos dirigidos a crear empleo, en el seno de los 28, pero también fuera de la Unión, especialmente en los países del Sur.

El azar ha querido que, precisamente este miércoles, un grupo de ONG, a través de la plataforma CounterBalance, dé a conocer un informe sobre la “cara oculta de los fondos de inversión del BEI”, en el que se denuncia la falta de transparencia que rodea a parte de las inversiones del Banco. El asunto puede parecer técnico, pero lo cierto es que afecta directamente a los ciudadanos puesto que son las contribuciones financieras de los Estados miembros –y por tanto el dinero de los contribuyentes– lo que permite garantizar a la institución los préstamos a condiciones ventajosas.

Los autores del informe han analizado un plan de inversiones del BEI, minoritario pero que conoce una fuerte expansión; se trata de las inversiones en fondos de private equity y otros fondos de inversión, dirigidos a financiar a pequeñas y medianas empresas (pymes) sobre el terreno. El BEI ha apoyado a 29, en el periodo entre 2011 y 2015. En total, se han destinado, a países sobre todo de África y de Oriente Medio, alrededor de 600 millones de euros.

El problema estriba, según recoge el informe, en la localización de dichos fondos, ya que están en paraísos fiscales, que van desde las Islas Caimán a Luxemburgo. Se llaman Althelia Climate Fund (de Luxemburgo) o Portland Caribbean Fund II (en Barbados) y han recibido dinero del BEI. En total, se han invertido 470 millones de euros en países considerados “jurisdicciones opacas”. Las sumas son modestas, si las comparamos con el volumen de las operaciones del BEI (más de 77.000 millones de euros de préstamos sólo en 2015), pero es una operación algo más que inconveniente, en estos tiempos en los que se libran batallas varias contra la evasión fiscal desde distintos organismos, de la OCDE al G20.

Si nos limitamos a los gestores de los fondos en cuestión (cuya dirección física no se corresponde necesariamente con la de los fondos), la mitad de ellos está domiciliada en las 30 jurisdicciones consideradas las más opacas del mundo, según la clasificación de otra ONG, la Tax Justice Network, de Guernesey a Isla Mauricio, pasando por Malta.

Hay otro problema: la opacidad de la actividad de estos fondos de private equityprivate equity. Más de un tercio de los fondos en manos del BEI no publica “información alguna o información limitada” sobre el empleo que se da al dinero del BEI. En lo que a la institución luxemburguesa respecta, se escuda en las cláusulas de confidencialidad que figuran en los contratos firmados con estos fondos, lo que implica que es muy difícil saber adónde va este dinero público. El Parlamento Europeo, conocedor del problema, lo aborda año tras año a tenor de la resolución sobre la actividad del BEI. 

El informe se centra en los eventuales conflictos de intereses. La mitad de los fondos del BEI tiene entre sus dirigentes, o en su consejo de administración, a un ex alto cargo del BEI o de otro banco público similar (por ejemplo el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, BERD, de Londres). “Estos casos de puertas giratorias no son sorprendentes en un sector, el de los fondos de private equity, donde instituciones públicas y privadas cofinancian a menudo proyectos [...]. La cuestión de si el BEI se protege de los riesgos de dichos conflictos de intereses sigue siendo completamente válida”, puede leerse en el estudio.

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La situación puede cambiar si la Comisión de Bruselas decide finalmente elaborar, como mantiene, en los próximos meses, una lista negra de paraísos fiscales para la UE. El G20 quiere tener una lista en verano de 2017. El año pasado, tal y como recogió en un informe sobre algunas de sus inversiones dudosas, el BEI insistió en su compromiso –junto con el OCDE– a la hora de combatir los paraísos fiscales y subrayó su código de conducta en lo que a las “jurisdicciones no cooperativas” respecta (puede leerse en este enlace en su integridad). Todo apunta a que todavía queda mucho por hacer. ______________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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