Grecia

El BCE da un golpe de Estado financiero

Ciudadanos participan en una marcha silenciosa en solidaridad con el Gobierno griego frente al Parlamento de Atenas este jueves.

¿A qué está jugando el Banco Central Europeo (BCE), si no es al bombero pirómano? Mientras que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, trastocan todas las agendas y van de Berlín a Londres, pasando por París, Roma y Londres, para tratar de alcanzar un nuevo acuerdo sobre el rescate de Grecia, el comité del BCE decidió, este miércoles 4 de febrero, con una única medida técnica, poner al nuevo Gobierno de Syriza contra las cuerdas.

Los responsables del Banco Central anunciaron que el organismo monetario iba a poner fin a partir del 28 de febrero –en la práctica, la medida tendría efecto, por razones técnicas, desde el 11 de febrero– a la cláusula que le permitía aceptar los títulos de deuda griega, calificados actualmente como junk bonds (bonos basura), como garantía para que los bancos griegos obtengan créditos bancarios. Para los bancos griegos, que no pueden acceder a la financiación interbancaria, este mecanismo es esencial para garantizarse la financiación. El BCE, que está obligado por sus estatutos a aceptar únicamente títulos seguros (calificados como A), había decidido hacer una excepción en todos los países en crisis de la zona euro, empezando por Grecia, desde 2010, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera del sistema bancario. Ahora, de forma brusca, el organismo monetario parece cuestionar títulos que viene aceptando desde hace casi cinco años.

Para justificar este giro –impuesto por el Bundesbank, según algunos observadores financieros–, el BCE destaca las reglas y, naturalmente, los famosos tratados europeos. “La decisión del comité se ha tomado habida cuenta de que actualmente no es posible dar por sentado un acuerdo sobre la revisión del programa [de rescate griego] y está en línea con las reglas existentes del sistema monetario europeo”, dice el comunicado.

El organismo monetario precisa que los bancos griegos podrán seguir teniendo acceso a las líneas de liquidez de emergencia (ELA) del Banco Central griego. Tecnicismos incomprensibles para la mayoría que solo pueden llevar a desatar el pánico un poco más.

El Ministerio griego de Finanzas hizo público un comunicado de urgencia, con el objetivo de tranquilizar y quitar hierro al asunto. En él, advierte de que los bancos griegos están bien capitalizados y que no corren ningún riesgo. Y añade: “El BCE, al tomar esta decisión, presiona sobre el Eurogrupo con el objetivo de alcanzar rápidamente un nuevo acuerdo entre Grecia y sus socios, en beneficio de todos”.

Tras hacerse público el comunicado del BCE, los mercados se pusieron muy nerviosos. Se cuestiona la solidez de la zona euro. Algunos hablan de pánico bancario en Grecia, incluso de nacionalización del sistema bancario griego, lo que puede llevar a la salida del país de la Eurozona. Un escenario que ya imaginó Goldman Sachs a mediados de diciembre y que desarrolló hace unos días, al subrayar que el menor paso en falso podía desencadenar una situación explosiva en Europa.

La decisión del BCE es de una irresponsabilidad tremenda. Para los griegos, existe el riesgo de que la decisión del BCE se traduzca de forma simplista: sus bancos ya no cuentan con el respaldo del Banco Central Europeo. El anuncio no podía ser peor, ni el momento más inoportuno. El BCE vuelve a derramar gasolina en el fuego. Desde que se anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, a finales de diciembre, los bancos griegos han tenido que hacer frente a una fuga de capitales sin precedentes. En los círculos financieros, se habla de 100.000 millones de euros. Según la agencia Bloomberg, se retiraron 14.000 millones de euros de las cuentas corrientes en la semana previa a la celebración de las elecciones legislativas. ¿Cómo va a evolucionar la situación en los próximos días?

Aunque la situación no es trágica, pone al Gobierno griego contra las cuerdas. La gira diplomática relámpago que han decidido hacer los responsables de Syriza no responde exclusivamente a los deseos por aprovechar la ventaja política. El Gobierno griego, fortalecido por el éxito electoral alcanzado, nunca se va a encontrar en una posición más ventajosa a la hora de negociar los cambios que reclama la población griega. Sin embargo, también responde a una urgencia económica. Mientras el último plan de rescate está a punto de llegar a su término, el Gobierno griego debe hacer frente a vencimientos financieros que no están al alcance de su mano. Grecia tiene que reembolsar más de 20.000 millones de euros este año. A partir de marzo, necesita 1.500 millones de euros para devolver los préstamos del FMI, 9.000 millones en todo el año. A finales de julio y a finales de agosto, Atenas debe reembolsar 7.700 millones de préstamos con el Banco Central Europeo (BCE).

Estos vencimientos no son nuevos. En 2013, el FMI alertó del importe al que debía hacer frente Grecia. Los responsables europeos arrinconaron la cuestión y aseguraron que, para entonces, Atenas habría resuelto sus problemas. Gracias a los milagros de las políticas de austeridad, volvería a tener acceso nuevamente a los mercados financieros. Como desde el inicio de la crisis del euro, nada ha ocurrido como estaba previsto. Grecia sigue necesitando asistencia respiratoria y es incapaz de financiarse en los mercados.

Nadie duda de que el ex primer ministro griego, Antonis Samarás, al adelantar la elecciones legislativas a finales de enero, también tenía este calendario en la cabeza. Sabía que Grecia se encontraba en un callejón sin salida, que no podía hacer frente a los pagos. Los responsables europeos, con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker y Angela Merkel a la cabeza, también lo sabían perfectamente. Al aceptar la celebración de elecciones legislativas, que solo podían llevar a Syriza al poder, ¿no tenían intención de imponer al nuevo Gobierno de izquierdas la fría realidad de la situación financiera de Grecia y obligarla a replegarse y a someterse a la austeridad?

Desde que llegó al poder, Alexis Tsipras, anunció que renunciaba a la línea de crédito de 7.000 millones de euros de la troika. Aceptarla sería de entrada someterse a las condiciones impuestas por la troika. Es decir, hacer lo contrario a lo que prometió a sus electores. El Gobierno griego explicó que podía prescindir porque las cuentas estaban equilibradas. En la práctica, la situación es mucho menos tranquilizadora de lo que sostiene Syriza. Las cuentas vuelven a estar en rojo desde finales de año. Los ingresos fiscales se han agotado desde que se anunció la convocatoria de elecciones legislativas. El gobierno de Antonis Samarás utilizó todos los recursos. Abandonó el poder dejando detrás de sí un desierto: todas las líneas y facilidades financieras concedidas a Grecia en el marco del plan de rescate ya se han agotado.

Para hacer frente a los vencimientos inmediatos de marzo y para llevar a cabo la transición, mientras se logra un nuevo acuerdo, el Gobierno griego, inspirado por su asesor Matthieu Pigasse, banquero, tiene previsto apoyarse momentáneamente en los bancos griegos. Estos suscribirían los títulos emitidos por el gobierno y los volverían a entregar como garantía al Banco Central para obtener liquidez. “Necesitamos seis semanas para poner en marcha un nuevo plan. Dejadnos un poco de tiempo”, volvió a repetir Alexis Tsipras, en su encuentro con François Hollande el miércoles en el Elíseo. Precisamente esto es lo que acaba de negarle el BCE, apelando a las reglas del juego.

Golpe de Estado financiero

Unas horas antes, el ministro de Finanzas griego se había entrevistado con Mario Draghi, el presidente del BCE, en Frankfurt. Salió de la reunión con la sensación de que el encuentro había dado sus frutos. “El BCE es el banco central de Grecia”, declaró, reconociendo el estatus de dependencia de Atenas con respecto a Frankfurt. “El BCE hará todo lo que pueda para respaldar a los Estados miembros de la zona euro. No tengo ninguna duda de que concluiremos las conversaciones con nuestros socios europeos, así como con el FMI y la BCE, en breve lapso de tiempo para hacer que la economía griega vuelva a arrancar”, añadió Yanis Varufakis.

¿Qué ha cambiado en tan solo unas horas? ¿Por qué el BCE ha adoptado una línea dura, que parece un ultimátum, pidiendo al Gobierno griego la rendición sin condiciones, para obligar al país a seguir los pasos de sus predecesores que fracasaron de forma tan estrepitosa? Su posición es si cabe todavía más inexplicable ahora que el debate sobre Grecia está evolucionando en Europa. “No dudo de que los europeos alcanzarán un acuerdo”, pronosticaba el martes un miembro del Banco Central de Inglaterra. Una posición muy compartida en los entornos financieros.

Aunque los responsables de Syriza no hayan alcanzado una respaldo incondicional por parte de los otros Estados miembros, han logrado en unos días que se muevan ciertas posiciones, de forma que han suavizado su discurso. De “condonación de la deuda”, verdadera línea roja para los europeos, han pasado a hablar de “reestructuración”. Yanis Varufakis ha propuesto intercambiar los títulos de deuda en manos de europeos por títulos cuyos intereses estarían ligados al crecimiento nominal del país. Un sistema que ya se aplicó cuando se anuló la mitad de la deuda alemana en 1953. Por su parte, los títulos del BCE se intercambiarían por títulos de deuda perpetua, se pagarían los intereses, pero no se reembolsaría el capital.

Este discurso ha encontrado cierto eco. En Londres, el ministro de Finanzas, George Osborne, haciendo suyas las críticas del Banco Central de Inglaterra, defendió una política de crecimiento en Europa para dar estabilidad a la economía del continente y del mundo. En Roma, el primer ministro Matteo Renzi también se ha sumado al cambio de política en Europa. La actitud del Gobierno francés, que podría tener un papel fundamental en la redefinición de la política europea, ha sido bastante más tibia. El domingo, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, aseguraba que Francia estaba del lado de Grecia, pero el martes afirmaba que Grecia debía respetar sus obligaciones, retomando la alineación incondicional de Francia con Alemania. “No sirve de nada querer enfrentar a países de la zona euro entre sí y sobre todo no a Francia y a Alemania porque de todos modos [...], las soluciones que se podrán encontrar para acompañar a Grecia, mientras se respete un cierto número de compromisos, pasarán por un acuerdo entre Francia y Alemania”, declaró a Reuters. El miércoles, François Hollande, con motivo de la visita de Alexis Tsipras, se refirió a una política de crecimiento basada en el respeto de los tratados.

Incluso el presidente de Estados Unidos, que es discreto en lo que respecta a las políticas europeas, por una vez, ha entrado en el debate. El domingo pedía “no seguir presionando a un país en plena depresión” y recomendaba “una estrategia de crecimiento para permitirles pagar sus deudas”. Estas declaraciones suenan a advertencia a Europa, acusada de irrealismo económico y de una rigidez dogmática, que amenaza la economía mundial.

Este cuestionamiento de las políticas llevadas a cabo por Europa en seis años, estas críticas a la calamitosa gestión europea del caso griego se encuentran en el centro de las conversaciones actuales. Ni unos ni otros quieren reconocer que se han equivocado. Alemania, menos que nadie, que sigue defendiendo una y otra vez su línea dura. “No pienso que las posiciones de los Estados miembros de la zona euro difieran tanto de las de Alemania”, declaró Angela Merkel, negando el aislamiento de Berlín.

Sin embargo, mientras que algunos responsables europeos defienden que al menos se suavicen las condiciones impuestas en Grecia, los miembros de la mayoría alemana se muestran inflexibles. El jefe de filas de la CDU en el Bundestag, Volker Kauder, desestimó el martes la demanda. “Los acuerdos son con Grecia, no con un gobierno, y estos acuerdos deben respetarse”, declaró. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, se sitúa en la misma línea. Según Reuters, Alemania preparó un documento en el que se recomendaba intransigencia total frente al Gobierno griego. “El Eurogrupo necesita un compromiso claro por parte de Grecia que garantice la completa aplicación de las reformas necesarias para mantener el programa (de rescate) conforme a lo convenido”, escribe. Pide que el Gobierno reconsidere las medidas anuncias, como la paralización de las privatizaciones, el aumento del salario mínimo, las contrataciones en la función pública. Por el contrario, insiste en que prosigan las reformas sanitarias, educativas, de las pensiones, derecho al trabajo. Ni una palabra sobre la lucha contra la evasión fiscal, el fraude y la corrupción, como quiere Syriza. Naturalmente, según el documento, la troika debe mantenerse.

El BCE parece alinearse ahora con los alemanes, no hay nada que negociar. ¿Europa se resume en los principios cínicos de Jean-Claude Juncker: “No puede haber decisión democrática contraria a los tratados europeos”? Tras haber dirigido un golpe de Estado político silencioso en noviembre de 2011, al prohibir a Yorgos Papandreu celebrar un referendo y obligarle a abandonar el poder, ¿está preparada para dar un golpe de Estado financiero? Menos de dos semanas después de resultar elegida, Syriza se encuentra, en cualquier caso, ante el mismo ultimátum: o bien cede, pone fin a sus demandas, trazando una línea sobre sus compromisos políticos, o bien deja la zona euro.

Durante la visita a Bruselas del ministro griego de Finanzas, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, le advirtió: “Si Grecia modifica unilateralmente sus compromisos, los demás no están obligados a aceptarlos. Grecia corre el riesgo de caer en bancarrota”, le advirtió. “Ya estamos en bancarrota”, replicó Yanis Varufakis. Quizás los europeos no han tenido en cuenta este aspecto, lo que les lleva a jugar con fuego: Grecia ya no tiene nada que perder.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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