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Cuando las 'Big Four' escriben las normas fiscales de Europa

¿Quiénes son las 'Big Four'?

De estas firmas, a menudo sólo conocemos las siglas: PWC, EY, KPMG y Deloitte. El mundo financiero las conoce como las Big Four (las cuatro grandes) por lo indisociables que parecen: integran un cartel mundial de la contabilidad y la auditoría. Todas las multinacionales recurren a ellas para que les asesoren y aprueben sus cuentas. El lugar predominante que ocupan les permite escapar a cualquier cuestionamiento serio, aunque se hallan inmersas en numerosos escándalos financieros como evidenció la crisis de 2008.

Estos mismos cuatro actores conforman la columna vertebral de la industria de la evasión fiscal. Ejercen de asesores, de facilitadores, de artesanos de todos los sistemas de optimización, de evasión, de fuga a paraísos fiscales, como lo demuestran los LuxLeaks, los Papeles de Panamá, los Paradise Papers, los Malta Files o los Offshore Leaks.

Sin embargo, la Comisión Europea recurre a estos mismos grupos para elaborar las normas fiscales europeas, tal como revela una investigación de la ONG Corporate Europe Observatory (CEO), publicada el 10 de junio. “Junto con un pequeño grupo de empresas de asesoramiento financiero, las cuatro grandes han diseñado algunos de los planes de rescate más importantes de Europa. Ver a las cuatro grandes, que están constantemente saqueando las arcas públicas, facilitar la evasión fiscal, concebir simultáneamente respuestas políticas supone un insulto además de causar perjuicio", señalan desde la ONG, que recuerda que la evasión fiscal le cuesta a los Estados miles de millones de euros al año, privándoles de los medios necesarios para financiar hospitales, educación o servicios públicos.

“¿Cómo pueden justificar las Big Four el conflicto de intereses al asesorar a las multinacionales sobre cómo evitar el pago de impuestos y, al mismo tiempo, desempeñar un papel importante en la redacción de las leyes fiscales de los países?”, se preguntaba el eurodiputado irlandés Matt Carthy durante un debate sobre la normativa fiscal europea. Cabría añadir: ¿cómo explica la Comisión Europea que recurra a empresas, que se dedican a facilitar la evasión fiscal, para elaborar el marco fiscal europeo?

Más de 100 millones en dinero público

Porque cada año, la Comisión Europea paga decenas de millones a las cuatro grandes compañías por su asesoramiento, conocimiento y recomendaciones con el fin de elaborar futuras normas. En 2016, según estimaciones realizadas por CEO, pagó 51,4 millones de euros a KPMG, 23,8 millones de euros a EY, 17,5 millones a PWC, 12,3 millones a Deloitte, lo que supone 105 millones de euros sólo en un año. A todas luces, sus contribuciones son preciosas...

¿Pero, cuáles son exactamente? En octubre de 2014, según el informe, la DG Taxud (Dirección de la Comisión encargada de la fiscalidad) pagó siete millones de euros en comisiones a PWC, Deloitte y EY para llevar a cabo estudios comparativos sobre diferentes sistemas fiscales y aduaneros. “Los mayores facilitadores de la evasión fiscal cobraban por proporcionar los análisis destinados a servir de base para futuras medidas fiscales”, se sorprende la ONG, que concluye, no obstante, que “era octubre de 2014”. En noviembre de 2014, los LuxLeaks demostrarán el papel de PWC, EY, Deloitte y KPMG a la hora de ayudar a las multinacionales a sortear el pago de millones de impuestos recurriendo a los sistemas de evasión en Luxemburgo.

Sin embargo, después de LuxLeaks, después de las demás revelaciones, no ha cambiado nada. La Comisión Europea sigue confiando regularmente en las cuatro grandes para que le ayuden a elaborar estos nuevos reglamentos. Y son muchos. En 2014, se trató del acuerdo sobre transparencia fiscal, que incluye un intercambio automático de información entre los Estados relativo a los acuerdos fiscales con las multinacionales. En 2015, se elaboró un texto por el que se establecía la base imponible común para las multinacionales, con el fin de establecer normas en materia de precios de transferencia, el principal mecanismo utilizado por las multinacionales para eludir impuestos en determinados países. En 2016, se redactó un nuevo plan para intentar desarrollar normas de lucha contra la evasión fiscal, facilitar la transparencia y permitir el establecimiento de normas comunes para definir las bases imponibles en cada país de la Unión, junto con los trabajos de la OCDE sobre la misma temática.

En cada ocasión, los cuatro grandes fueron invitados a opinar, a participar en los análisis, asesorar. Y mientras cobraban por asesorar a la Comisión Europea, monetizaban su influencia a través de sus redes y luchaban, tanto en la OCDE como en la Comisión Europea, por lograr las medidas menos restrictivas posibles, por derribar los mecanismos que se suponía eran demasiado restrictivos y demasiado costosos para las multinacionales.

Aunque no parece suponerles ningún aparente problema, las cuatro grandes actores se encuentran en las redes del lobbying, muy activas en la Comisión Europea, señala el informe. Naturalmente, están incluidas en el grupo de auditores europeos y en el grupo de contacto europeo, que se supone que deben informar (ambos) a la Comisión sobre los principios y normas contables y el entorno reglamentario y prudencial. Pero también son miembros asiduos del lobby europeo de fiscalidad (European Business Initiative on Taxation), que reúne a las principales multinacionales, así como a la Cámara de Comercio Americana ante la Comisión Europea, ambas partidarias de acabar con todas las barreras a los negocios.

Son ellos los que, por ejemplo, recomendaron a todos los miembros de la Unión la adopción de nuevas medidas de lucha contra la evasión fiscal, la transparencia contable o la unidad de las bases imponibles. Al presionar por una medida así, los Big Four conocían perfectamente la derivada: la parálisis.

La burla de la lista negra de paraísos fiscales

Una vez sabido esto, ya no hace falta preguntarse por qué la Comisión es incapaz de combatir la evasión fiscal, el porqué de la burla de la lista negra de paraísos fiscales y por qué no se puede gravar a las multinacionales de internet y a las plataformas digitales. Se ha organizado todo para que sea así.

Tanto en las grandes auditorías como en la Comisión Europea, nadie parece ver problema ninguno en esta mezcla de asuntos, en los conflictos de intereses múltiples e institucionalizados, en el control de las instituciones por parte de intereses privados. Cierto es que las fronteras entre los dos mundos son muy porosas, que la práctica de las idas y venidas entre las cuatro grandes y la Comisión Europea ahora se ha convertido en una práctica normal.

Al menos ocho funcionarios que trabajan en la DG Taxud o en la DG Finanzas son exconsultores de KPMG, Deloitte, EY o PWC. Del mismo modo, cuatro representantes de los países miembros, nombrados por los comités de finanzas e impuestos, son también antiguos consultores de las cuatro principales compañías. Pero el trasvase también puede seguir el recorrido inverso. Muchos funcionarios europeos son muy bien acogidos en las grandes empresas, donde empiezan una segunda carrera. Y hay un sinfín de intercambios de becarios, que navegan entre ambos sectores para aprender del duro mundo de los negocios.

“Mientras los servicios públicos están estrangulados por la austeridad, los miles de millones de ingresos fiscales que se dejan de ingresar tienen un impacto en la vida real, al privar a los sistemas sanitarios y educativos de mucho dinero público. Es inmoral. La elusión de las leyes fiscales, de obligado cumplimiento para todos en un Estado democrático, pone de relieve el desprecio por los ciudadanos”, concluye la ONG. Pero son consideraciones que no parecen llegar al mundo de los responsables de la toma de decisiones. __________

Traducción: Mariola Moreno

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