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Cisjordania se convierte en el vertedero del Estado hebreo

El muro que separa Israel de Cisjordania.

El Estado de Israel, que ocupa desde 1967 el territorio palestino de Cisjordania, no se limita a haber desplazado a la zona, en 50 años, incluidas las colonias de Jerusalén Este, a casi 700.000 de sus ciudadanos. Más discretamente, menospreciando el derecho internacional y a la población local, también ha transformado este territorio ocupado en zona de descarga de sus residuos domésticos e industriales. En concreto, aquéllos especialmente peligrosos para el hombre y para el medio ambiente. Así lo ha revelado la organización israelí que trabaja en defensa de los derechos humanos B’Tselem, en un informe que data de diciembre de 2017 y que lleva por título Made in Israël : exploiting palestinian land for treatment of israeli waste. El informe, disponible desde hace más de un mes, ha tenido poco eco en Israel y en el extranjero, algo muy sorprendente habida cuenta de que su contenido es explosivo (aquí, disponible en inglés).

Según este documento, se han construido 15 plantas de tratamiento de residuos en zonas sacrificadas de Cisjordania con el fin de almacenar o reciclar buena parte de las 350.000 toneladas de desechos peligrosos que se producen anualmente en Israel. Casi el 60% de estos residuos son de origen orgánico, como disolventes o lubricantes. En torno al 10% contienen metales, a menudos procedentes de acumuladores o de pilas (plomo, litio, aluminio, cobre, zinc). El resto son tierras contaminadas, aguas residuales industriales y embalajes de productos tóxicos. Estos desechos peligrosos proceden de todos los sectores de la actividad económica israelí: químico, farmacéutico, alta tecnología, metalurgia y tratamiento de metales, agricultura, industria militar, combustibles y carburantes. Otros desechos peligrosos proceden de hospitales, enfermerías y dispensarios, así como de granjas o de talleres de reparación de automóviles.

Según escribe el autor del informe, Adam Aloni: “Globalmente, las informaciones sobre las cantidades de los diversos tipos de desechos tratados en Cisjordania y el impacto de esta actividad no son accesibles al público. Las demandas que hemos dirigido, en aplicación de las disposiciones legales sobre la libertad de información, han quedado sin respuesta. Las cuestiones parlamentarias presentadas al Ministerio de Protección del Medio Ambiente y a la Administración civil [sección del Ejército responsable de los territorios ocupados] por el diputado Dov Khenin en marzo de 2017 también han quedado sin respuesta, a día de hoy”.

“Finalmente, después de la publicación del informe, recibimos una llamada del Ministerio de Protección Medioambiental, en la que se nos indicaba que la ley sobre la protección del medio ambiente no era de aplicación en Cisjordania y que no había ninguna información relativa al traslado de productos contaminantes a este territorio. El ocultamiento de las informaciones supone gran parte del problema. Israel ha creado condiciones en las que puede actuar sin transparencia y sin obligación de rendir cuentas”.

Este es el mapa de las 15 plantas de Cisjordania. [En rojo, se muestran aquellas que tratan residuos considerados peligrosos.]

B’Tselem se ha centrado en el estudio de cinco plantas, dispersas en el norte y el centro de Cisjordania. Sus actividades muestran la diversidad de los materiales recibidos en territorio palestino para su almacenaje, tratamiento o reciclado, la mayoría de ocasiones contraviniendo las reglas internacionales e incluso convenciones firmadas por Israel. También muestran hasta qué punto Israel ha llegado a explotar Cisjordania en beneficio propio, ignorando por completo las necesidades de los palestinos, los riesgos a los que se ven expuestos y los daños infringidos a su entorno.

Eco Medical Ltd, principal empresa de su sector, instalada en la zona industrial de Ma’ale Efrayim, al este de Jerusalén, trata cada año 3.000 toneladas de desechos biológicos y médicos. En concreto, sangre humana y otros fluidos biológicos, infectados o no, rechazados por los laboratorios, restos animales de laboratorios, desechos procedentes del tratamiento de pacientes contagiosos en aislamiento y material empleado por el personal del hospital. Según la OMS, tal y como recoge el informe, los desechos de este tipo contienen microorganismos que pueden ser peligrosos para la población y su traslado y su tratamiento comportan riesgos serios por su toxicidad y contaminación. En especial cuando se trata de preparaciones farmacéuticas que contienen antibióticos o productos destinados al tratamiento del cáncer. “Estos riesgos son mayores dado que las leyes israelíes relativas a la gestión de los desechos médicos no responden seria y ampliamente a los peligros presentados por estos desechos”, estima  B’Tselem.

Legislación ecológica en Israel

La fábrica Compost Or factory, construida al este de la extensa colonia de Ariel, está especializada en el reciclaje de lodos derivados del tratamiento de aguas negras. Según las cifras del Ministerio de Medio ambiente, el 65% de los lodos (387.000 toneladas en 2015) se reciclaron para producir abono agrícola, el 32% se echaron al Mediterráneo y el 3% se enterraron. Casi el 60% del reciclaje de lodos (es decir, 225 000 toneladas) lo realizó Compost Or factory, que recibe los lodos de 25 centros de tratamiento de aguas dispersas en todo el territorio de Israel, de Eilat a Haifa, pasando por Beer-Sheva, Jerusalén, Herzliya o Karmiel.

Existen otras instalaciones del mismo tipo en Israel y en los Altos del Golán, ocupado en 1967 y anexionado en 1981, pero su capacidad anual de tratamiento no supera las varias decenas de toneladas. Aunque los lodos provenientes de las aguas negras no son considerados residuos peligrosos, su tratamiento desprende un olor insoportable para el vecindario. Y sobre todo el menor accidente en el funcionamiento de la fábrica puede provocar una contaminación catastrófica del suelo, del agua y de la atmósfera y dispersar productos patógenos.

Los restos de disolventes y de otros productos químicos, que son 500.000 toneladas al año, representan el 15% de los residuos considerados peligrosos generados por diversos sectores de la industria israelí. Casi el 40% de estos residuos son reciclados en cinco plantas. El resto no se recicla pero se transforma en energía en dos plantas construidas en territorio israelí, la incineradora de Ramat Hovav, en el norte de Neguev, y el cementerio de Nesher, al sureste de Haifa.

La fábrica de Meta Recycling Technologies Ltd, en Mishor Adoumim, entre Jerusalén y el mar Muerto, es uno de los cinco centros de reciclaje. Está especializada en la transformación de disolventes obtenidos en la producción de pinturas, pegamentos, revestimientos, tintas de impresión, así como otros subproductos de las industrias farmacéutica y química. Este reciclaje incluye una fase de destilación que incluye emisiones de productos contaminantes a la atmósfera y lleva a la conversión en pesticidas, pinturas, productos farmacéuticos, todos considerados peligrosos para los humanos y el entorno.

También peligrosas son las otras dos plantas estudiadas por B’Tselem: Green oil energy, en la zona industrial de la colonia de Ariel, al sur de Nablús, y EMS Refiners of precious metals Inc, cerca de la colonia de Shilo, también al sur de Nablús. La primera trata aceites industriales procedentes de la industria del automóvil, de la aviación y de la marina, lubricantes y líquidos utilizados en los sistemas hidráulicos. Estos aceites y emulsiones se transforman en combustibles para la calefacción. Su transporte y su reciclaje pueden provocar graves daños, a largo plazo, para los recursos hídricos y presentan riesgos elevados para la fauna, la flora y la salud de los humanos.

La segunda planta, de 1989, está especializada en el reciclaje de pilas, acumuladores y otros subproductos de la industria electrónica civil y militar o del sector de las comunicaciones. EMS es la única empresa israelí que dispone de autorización global para el tratamiento de estos desechos electrónicos. Ha tratado 55 toneladas de pilas usadas en 2015 y más del doble en 2017.

¿Por qué el Estado de Israel, que se define como una nation start-up y cuyos políticos consideran que la tierra de Cisjordania les ha sido otorgada por la Biblia con el nombre de Judea-Samaria, ha hecho de este territorio ocupado, cuatro veces más pequeño que Israel, el receptáculo de sus desechos más tóxicos? Porque la legislación que regula esta actividad en Israel no es de aplicación a Cisjordania, cuya población vive bajo la administración militar y no tiene voz en el asunto, aun cuando se trata de su salud.

En Israel, el transporte y el manejo de productos peligrosos exigen un permiso específico. La ley de 2008 sobre la pureza del aire requiere un estudio regular del impacto de las instalaciones contaminantes sobre su medio ambiente. En cuanto a la convención de Basilea de 1989, ratificada por Israel en 1994, que rige los movimientos “transfronterizos” de los residuos peligrosos, no se aplica, según los dirigentes israelíes, en Cisjordania, que no es, para Israel, un Estado separado distinto del territorio israelí. “En consecuencia, las fábricas contaminantes instaladas en Israel están sometidas a una legislación rigurosa en materia de control de la contaminación, mientras que las instalaciones contaminantes establecidas en las zonas industriales de las colonias no sufren restricción alguna”.

De hecho, Israel trata a Cisjordania –y no sólo la zona C de la que conserva, en virtud de los acuerdos de Oslo, el control total– como una zona destinada a servir a sus intereses, como si emanara de su soberanía territorial. A esto se suman medidas específicas –facilidades financieras, reducciones fiscales, subvenciones gubernamentales– para alentar a los  fabricantes a construir y a explotar, prácticamente sin control, fábricas de tratamiento de desechos en Cisjordania. Todo ello en nombre de la mejora de la rentabilidad de las inversiones y en la impunidad total a pesar del hecho de que, en este dominio también Israel viola sin escrúpulos el derecho internacional. Dicho derecho estipula que “una potencia ocupante no puede utilizar un territorio ocupado y sus recursos para las necesidades o los beneficios del desarrollo económico del ocupante”. ___________

Traducción: Mariola Moreno

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