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El combate judicial de una familia contra Monsanto

Logotipo del gigante químico y farmacéutico alemán Bayer, en la fachada de uno de sus edificios en Leverkusen, Alemania.

En un lado del ring, Théo, de 11 años, víctima de malformaciones en el esófago y en la laringe, sometido a 54 operaciones quirúrgicas. Al otro lado, Monsanto, de 118 años, empresa próspera adquirida la semana pasada por Bayer, que ha salido indemne de múltiples escándalos sanitarios y de sus numerosas demandas judiciales. El combate que se inició a finales de mayo en Francia no parece librarse en igualdad de condiciones.

No obstante, al término del proceso judicial que promete ser largo, Théo Grataloup y su familia –que culpan a Glyper, un herbicida genérico del Roundup de Monsanto– pueden alzarse como vencedores porque los jueces franceses se encuentran entre los pocos del mundo que se han atrevido a condenar al fabricante de pesticidas por la peligrosidad de sus productos. Ahora que el norteamericano Monsanto se esfuma oportunamente en los pasillos de la alemana Bayer, los procesos judiciales iniciados en su contra no sólo no deberían quedar en nada, sino que puede ser que se intensifiquen.

El calvario de Théo y su familia se remonta a mayo de 2007. Poco después de nacer, Théo tiene que ser intervenido de urgencia para separarle los sistemas digestivo y respiratorio. Su cirujano, el doctor Rémi Dubois, llegó a decir que “nunca había visto un caso así”. Sus padres se encuentran desamparados. Sobre todo porque “el niño grita sin producir el menor sonido, afección especialmente dolorosa y traumática para los padres de Théo”, explican los abogados de la familia Grataloup.

A los tres meses, a Théo le efectuaron una traqueotomía, que le ha dejado un agujero en la garganta por el que respira y que le impide realizar cualquier actividad acuática. Privado del uso de sus cuerdas vocales, tendrá que aprender a expresarse por el esófago, con una voz muy particular, grave y gutural. A los cuatro meses y medio de vida, abandonó el servicio de reanimación para dirigirse al domicilio familiar.

A los seis años, el niño por fin comenzó a alimentarse por la boca en lugar de por una sonda. Durante los primeros años de vida, salpicados de anestesias generales y de operaciones de todo tipo, sus padres y abuelos consagran sus días por entero al pequeño; en esa época, el propio niño debe afrontar reacciones de rechazo o de asco de otros menores.

Poco a poco, Sabine comienza a encajar las piezas. Al comienzo de su embarazo y antes incluso de saber que se encontraba en estado, fumigó con Glyper, un herbicida a base de glifosato, genérico del Roundup, un picadero de más de 700 m². Ella, que tenía la fiebre ecologista y que había dejado la ciudad para organizar paseos a caballo, terminó por dejarse convencer para utilizar el glifosato, presentado entonces como “el primer herbicida biodegradable”. En los 90, ¿quién no recuerda al perro Rex pulverizando con entusiasmo, en un anuncio, con Roundup las malas hierbas antes de desenterrar, supuestamente con total seguridad, el hueso que había escondido en el lugar?

La acción civil que ha iniciado Sabine Grataloup, en nombre de su hijo Théo, se enmarca en la dinámica del Tribunal Monsanto, un tribunal ciudadano, pero integrado por jueces profesionales, que se reunió en La Haya del 16 al 18 de octubre de 2016 para determinar si la firma norteamericana era responsable de prácticas nefastas para el medio ambiente o para la salud humana. Después de escuchar las declaraciones de una treintena de testigos y de expertos, los cinco magistrados profesionales que integran el tribunal llegaron a la conclusión de que el grupo llevó a cabo prácticas que tenían “impacto sobre el derecho a un medio ambiente sano, [...] la alimentación y la salud”.

Fue en La Haya, ciudad a la que se desplazó Sabine Grataloup para hablar del calvario de Théo, donde conoció a Maria Liz Robledo, argentina de la región de Buenos Aires cuya hija Martina también sufre malformaciones congénitas en el esófago: su casa está rodeada de bidones de pesticidas, que se emplean con profusión en los campos aledaños.

“Cuando conocí a esta madre argentina, algo en mí cambió”, dice Émilie Gaillard, especialista en derecho de las generaciones futuras, que ha participado en la organización de este juicio ciudadano. “Era uno de los objetivos del Tribunal Monsanto: federar a víctimas y científicos del mundo entero para que se den cuenta de la envergadura de los daños. Los participantes han dejado de tener la impresión de que son los únicos, han tenido acceso a toda una serie de datos científicos que les han permitido establecer un montón de índices graves y concordantes. También se han establecido redes”.

Sabine confirma a Mediapart (socio editorial de infoLibre) que su familia decidió iniciar el “combate por Théo”, pero también “por los demás niños que sufren malformaciones, en Argentina en concreto”. Desde su fundación en 1901, Monsanto –a quien Bayer cambiará el nombre, según anunció a principios de junio– ha atravesado numerosas tempestades pero, a día de hoy, el grupo ha logrado alcanzar acuerdos casi siempre. Sin embargo, está acusado de causar la muerte de miles de personas con la comercialización de productos como el agente naranja (un defoliante pulverizado por el Ejército de Estados Unidos en la selva vietnamita para expulsar a los Viêt-Cong), la dioxina, los PCB (bifenilo policlorado), la hormona bovina del crecimiento, los organismos genéticamente modificados y, desde 1975, su herbicida a base de glifosato, el Roundup.

En Estados Unidos, se han lanzado numerosas acciones contra Monsanto en –a finales de 2017, la Universidad de Missouri contaba más de 2.700 denuncias de agricultores relativas al herbicida Dicamba y sus efectos devastadores sobre las cosechas–, pero la Justicia francesa destacó, en 2012, por ser la primera en reconocer la responsabilidad del grupo norteamericano en la intoxicación de un agricultor: Paul François, un productor de cereales intoxicado con Lasso, un peligroso herbicida retirado del mercado canadiense en 1985 y de Bélgica en 1992.

A base de determinación y pese a que Monsanto lo negaba, Paul François logró en 2012 convencer a los jueces de que la compañía sabía de la peligrosidad del Lasso pero que no advirtió a los consumidores. En su libro, se congratula de haber ganado la batalla “a Goliat”, asegura haber iniciado “el combate […] por todos los que vomitan después de haber preparado sus malditas mezclas, por aquellos a los que les sangra la nariz, por aquellos a los que les pican los ojos y que lo dejan pasar, por todos los agricultores enfermos como consecuencia de los pesticidas sin ni siquiera atreverse a hablar de ello, por todos los que se encuentran hundidos, en un rincón”.

La fusión Monsanto-Bayer amenaza a procesos en curso

La decisión, confirmada en apelación en 2015, fue anulada por la Corte de Casación en una “cuestión de derecho”. Ésta requiere que el tribunal de apelación dicte una nueva resolución, pero basándose en un texto legislativo diferente. Según el abogado del agricultor, François Lafforgue, el caso debería ser revisado el año que viene. Pero, lo que ha marcado al abogado son las llamadas de sus colegas extranjeros, a raíz de su victoria en 2012. “Nos vieron como precursores”, recuerda. Desde entonces, se acumulan las pruebas de que Monsanto tenía conocimiento de la peligrosidad de sus productos, gracias al Tribunal Monsanto de La Haya, pero sobre todo gracias a los Monsanto Papers, revelados en Francia por el diario Le Monde. Los Monsanto Papers son documentos internos de Monsanto, hechos públicos a raíz de un recurso colectivo llevado a cabo en Estados Unidos (donde la Justicia puede autorizar batidas en los cajones y los ordenadores de la parte contraria). Los documentos hallados en esta ocasión sacaron a la luz la manipulación, sistemática por parte de Monsanto, de estudios científicos, así como la influencia que la multinacional ejerció sobre los expertos.

Los abogados de la familia aseguran que, a la vista de los documentos, está claro que Monsanto “tenía conocimiento de la peligrosidad no sólo del glisofato sino también de los agentes tensoactivadores a los que estaba asociado y esto desde el comienzo de los años 2000, incluso antes, en 1999”. Deducen de ello que “conscientes de la toxicidad del producto, las sociedades demandadas no deberían haber producido y comercializado el producto en el Estado donde fue comprado en 2006 por Sabine Grataloup. En el mejor de los casos, habrían debido retirarlo de la venta o, al menos, debían informar claramente, algo que no hicieron”. Contactado por Mediapart, el abogado de Monsanto, Jean-Daniel Bretzner, no ha deseado responder a nuestras preguntas.

En una acción judicial como ésta se plantean dos dificultades: el establecimiento de un vínculo de causalidad entre el glisofato y las malformaciones de Théo y la prueba de que Monsanto tenía, en el momento de los hechos, conocimiento de la toxicidad del producto. En lo que se refiere al primer aspecto, las evidencias son sólidos, al existir numerosos informes de médicos y de científicos, como el de Dubois, que se basa en 15 estudios publicados entre 2002 y 2017 y donde afirma que “la implicación del glisofato en la aparición del síndrome polimalformativo que Théo presentó en el nacimiento es altamente probable”.

Sobre el conocimiento de la toxicidad debería librarse la batalla más intensa y es ahí donde los Monsanto Papers deberían proporcionar ayuda: “Hay una dificultad estructural”, dice el abogado Repolt. “Hay que bucear diez años atrás en las entrañas de Monsanto para saber de qué peligro tenían conciencia y penetrar en las conversaciones internas de una empresa que tiene una cultura del secreto reconocida. La segunda dificultad, más coyuntural, es que vivimos en una época en que se protege cada vez más el secreto comercial...”.

Expresamente, los abogados William Bourdon, Amélie Lefebvre y Bertrand Repolt, eligieron la vía civil. Temían que la vía penal se demorase todavía más, movilizando fuerzas policiales y jueces de instrucción ya desbordados. Pero, sobre todo, la reciente absorción de Monsanto por parte de Bayer –y la desaparición de su personalidad jurídica– puede hacer cambiar las cosas. Según dos abogados especialistas en fusiones y adquisiciones y que trabajan en los principales gabinetes de París, un matrimonio así puede amenazar los juicios penales iniciados contra Monsanto.

Cualquier fusión conlleva la transmisión tanto de las deudas como de los activos. Por tanto, las acciones civiles, que forman parte de pasivo, no serán interrumpidas. En cambio, en Francia, la desaparición de la persona jurídica conlleva automáticamente la extinción de la acción penal como lo haría la muerte de un acusado. En otros países, en cambio, como Estados Unidos, la ley prevé que todas las acciones, incluso penales, se mantengan activas.

La reciente fusión puede tener repercusiones en la denuncia por engaño y por poner en peligro la vida de terceros interpuesta en 2016 en Lyon por Générations futures y dirigidas contra los responsables de la evaluación del glifosato en Europa por negar los efectos cancerígenos del glifosato. La denuncia estaba dirigida contra el Glyphosate Task Force (GTF), grupo de fabricantes del producto de Monsanto, la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA) y el Instituto Federal Alemán de evaluación de los Riesgos (BfR). Según François Lafforgue, la Fiscalía ha archivado la denuncia, al estimar que los “hechos denunciados no eran punibles por un texto penal”. Tiene previsto presentar una denuncia mediante su constitución en parte civil.

Sabine Grataloup espera que su “paso ayude a los políticos a tomar conciencia de la realidad de la amenaza, que pesa sobre todas las mujeres en edad de tener hijos ya que estamos todos muy expuestos al glifosato”. Por su parte, François Veillerette, que preside Générations futures, admira “la valentía [de Sabine] a la hora de atacar a estos mastodontes”.

Porque sabe que, un juicio contra Monsanto, incluso aunque perdiese su nombre, “no es un combate contra el tendero de la esquina; si miramos las estadísticas de éxito, es complicado, porque las firmas fitosanitarias se escudan detrás de la enorme dificultad que existe para demostrar una causalidad”. Sin embargo, destaca, “los particulares tienen una fuerza y una legitimidad que nosotros, las asociaciones, tenemos menos. Cuantas más víctimas lleven a juicio el caso, más sentencias favorables habrá porque los jueces van a aprender a tratar estos casos. Es importante que se emprendan acciones así para que otros se cuelen por la brecha abierta”. ____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Las acciones de Bayer caen hasta su nivel más bajo desde 2013 tras la condena a Monsanto

Las acciones de Bayer caen hasta su nivel más bajo desde 2013 tras la condena a Monsanto

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