Una constructora francesa, investigada por explotar a inmigrantes en condiciones indignas en obras en Catar
La amenaza existía desde que se presentó la primera denuncia en 2015. Hace unos días, el 9 de noviembre, dos jueces de instrucción del tribunal de Nanterre (Hauts-de-Seine) han decidido acusar a una filial del gigante de la construcción Vinci de explotar duramente a los trabajadores inmigrantes en sus obras en Catar entre 2011 y 2014.
Vinci Construction Grands Projets (VCGP) es ya oficialmente sospechosa de tres delitos: "Obtención de la prestación de servicios de una persona en situación de vulnerabilidad o dependencia, con una remuneración que no guarda relación con la importancia del trabajo realizado", "sometimiento a condiciones de trabajo o alojamiento incompatibles con la dignidad humana" y "reducción a la servidumbre".
Durante la primera comparecencia, que Mediapart pudo consultar, los jueces de instrucción Richard Foltzer y Nicolas Baïetto notificaron a Patrick Kadri, su representante legal, los cargos contra la filial de Vinci. La lista es impresionante.
Se sospecha que Vinci Construction Grands Projets ha contratado a "empleados en situación de extrema pobreza en India, Nepal, Bangladesh y Pakistán, que se veían obligados a endeudarse para pagar a las agencias de contratación con el fin de obtener un empleo y la esperanza de un salario". La empresa les pagaba "el equivalente a 350 euros al mes" por 6 ó 7 días de trabajo a la semana, a razón de 10 horas diarias, "es decir, una remuneración de poco más de un euro neto por hora", dicen los jueces.
También se acusa a VCGP de haberles "hecho firmar contratos sin que pudieran entender su significado concreto", y de haberles retenido "el pasaporte una vez llegados a su lugar de trabajo, limitando así aún más su libertad de ir y venir y su capacidad de cambiar de empleador".
En cuanto a las condiciones de trabajo y alojamiento de estos trabajadores inmigrantes, se acusa a la filial de Vinci de haberlos alojado "en habitaciones de seis personas", "en literas", "con un baño por cada quince empleados", "con atención médica proporcionada por un número insuficiente de médicos que no entendían su idioma". Todo ello "en condiciones de trabajo bajo un calor extremo (cercano a los 50°C) durante unas diez horas al día, al menos seis días a la semana, sin que se disponga de áreas de descanso para refrescarse en los lugares de trabajo".
Y en lo que respecta a la "reducción a la servidumbre", se sospecha que la empresa ha "obligado" a los inmigrantes a trabajar "a cambio de una remuneración que claramente no guarda relación con la importancia del trabajo realizado, en particular al contratarlos en su país de origen, mientras se encontraban en una situación de gran fragilidad económica". Se cree que Vinci abusó de "personas cuyo estado de vulnerabilidad era evidente o conocido".
Patrick Kadri, presidente de VCGP, reaccionó fuertemente a esta acusación del juez instructor. "La sociedad Vinci Construction Grands Projets niega rotundamente haber cometido o participado en la comisión de esos presuntos delitos", dijo.
Este ejecutivo denunció a continuación que no se había dado a Vinci "tiempo suficiente" para preparar una "defensa completa y útil" y expresó su sorpresa por el hecho de que la citación se produjera "justo en el momento en que se intensifica la controversia sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción en Catar en vísperas del Mundial".
En el punto álgido de su actividad, la filial franco-catarí de Vinci (QDVC) llegó a emplear hasta 20.000 trabajadores para completar proyectos faraónicos en un tiempo récord
Sin embargo, no hay nada nuevo en este caso. Para llegar a esta contundente acusación, primero fue necesario que la asociación Sherpa presentara en marzo de 2015 una denuncia contra Vinci y varios de sus directivos, para después abrir diligencias previas, encargadas a la policía financiera, y que la fiscalía de Nanterre archivó sin más en enero de 2018.
Una segunda denuncia, esta vez presentada como parte civil, y más fundamentada que la primera, fue presentada en marzo de 2019 por Sherpa, así como por el Comité contra la Esclavitud Moderna (CCEM), y seis trabajadores de nacionalidad india y nepalí que habían trabajado para Vinci en Catar. Después se presentaron otros siete denunciantes.
Esta denuncia dio lugar al nombramiento de un juez de instrucción, Serge Tournaire, que encargó la investigación a los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra el Trabajo Ilegal (OCLTI). El juez ordenó una serie de registros en la sede del grupo constructor francés y en los domicilios de varios de sus directivos en diciembre de 2020. Cuando el juez Tournaire fue ascendido y destinado a París en el verano de 2022, fue su colega Richard Foltzer quien se hizo cargo del caso, al que luego se sumó Nicolas Baïetto, decidiendo ambos el auto de procesamiento de la filial VCGP hace unos días.
La investigación judicial ha reunido elementos que demuestran las insoportables condiciones laborales de los trabajadores en las instalaciones cataríes de Vinci, particularmente con testimonios, fotos y vídeos aportados por los denunciantes.
La situación inhumana de los trabajadores migrantes en Catar ya había sido documentada en 2012 por varias ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En 2021, una investigación de The Guardian estimó en 6.500 el número de trabajadores muertos en las obras en diez años, una cifra discutida por el comité organizador del Mundial, que sólo reconoció tres muertes causadas por la construcción de los estadios. Mediapart se desplazó allí el pasado verano para mostrar cómo, a pesar de las reformas iniciadas bajo presión, el emirato sigue siendo un viaje al infierno para los trabajadores inmigrantes (leer aquí y aquí).
Las empresas extranjeras que vinieron a hacerse cargo de los contratos de construcción se han aprovechado de lo que había a costa del elemento humano
Cuando este rico emirato obtuvo el derecho a organizar la Copa del Mundo en 2010, se embarcó en enormes proyectos de construcción. Además de los estadios donde se jugarán los partidos, había que construir todo en una sola década: hoteles, autopistas, metros, tranvías, etc.
Al igual que otras grandes constructoras, el grupo francés Vinci –del que, a instancias de Nicolas Sarkozy, el fondo soberano de Catar se convirtió en accionista en 2010 – ha conseguido varios contratos importantes, como la construcción de una nueva línea de metro en Doha (1.500 millones de euros), y una línea de metro ligero en Lusail (2.000 millones de euros), una nueva ciudad creada para la ocasión. En el punto álgido de su actividad, la filial franco-catarí de Vinci (QDVC) llegó a emplear a 20.000 trabajadores en esta carrera contrarreloj. Cuando los jueces le pidieron una lista de sus empleados, la empresa se negó, amparándose en una nota legal de una empresa catarí que decía defender los "datos personales" de los trabajadores.
Las condiciones de trabajo en estas obras, descritas por los trece demandantes indios y nepalíes, podrían calificarse de inhumanas, o sólo de "duras", según las conclusiones muy comedidas de un informe oficial de la Oficina de Lucha contra el Trabajo Ilegal que figura en el expediente.
Mecánicos, soldadores, carpinteros, fontaneros o guardias de seguridad, los trabajadores que testificaron habían firmado a menudo contratos de trabajo que no entendían, habiendo pagado ellos mismos a un intermediario para ser contratados. Cuando llegaron a Catar, sus pasaportes fueron confiscados para que no pudieran salir del país.
Trabajaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde, con un descanso a la hora de comer en medio del calor, y tenían que viajar en autobús durante dos horas al día y se levantaban a las 4 de la mañana. Las semanas de trabajo eran de seis o siete días. El trabajo era de gran penosidad y se realizaba bajo tierra o en altura, a veces a 50°C, a menudo sin ventilación y en condiciones de seguridad problemáticas.
Los denunciantes informaron de varias muertes y lesiones graves. Según los documentos incautados a Vinci, en sus obras cataríes se registraron ocho accidentes mortales entre 2009 y 2019, a los que hay que sumar dieciséis trabajadores fallecidos "fuera de las obras" entre 2011 y 2021, y otros seis que murieron trabajando para subcontratistas.
Alojados en campamentos, los trabajadores inmigrantes de Vinci se hacinaban en habitaciones colectivas con poco o ningún aire acondicionado, con cuatro o seis hombres durmiendo en literas. Los baños estaban deteriorados y cada uno daba servicio a una media de 20 personas. En un campamento sólo había un médico para 1.200 trabajadores, que sólo hablaba tagalo. Además, los salarios eran muy bajos (menos del 2% del salario medio de un catarí) y no permitían vivir dignamente.
El sistema vigente en Catar era conocido por las empresas extranjeras que venían a hacerse con los contratos de construcción. Se aprovechaban de lo que había a costa de los seres humanos
"¿Considera que las condiciones de trabajo en la obra eran inhumanas?", pregunta un investigador a un ex "responsable de sistemas" francés destinado por Vinci a Catar desde 2014. "Claramente", responde el empleado, ahora en conflicto con su ex empleador. Durante la vista, un ex becario también "cree" que el grupo constructor "abusó de la situación en cuanto al trato de los trabajadores extranjeros" en relación con la normativa francesa. Este joven, que estuvo trabajando allí de junio a septiembre de 2017, dijo que también había oído hablar de la muerte de varios trabajadores, entre ellos "10 ó 12" personas en el derrumbe de un andamio en las obras de Lusail. Un ingeniero expatriado que trabajó allí desde 2013 relata el caso de un trabajador que se suicidó "cortándose el cuello con una radial".
Otros empleados de Vinci, en cambio, relativizan las condiciones de trabajo en las obras, e incluso mencionan su estupor tras la primera denuncia de Sherpa. Varios de ellos también destacaron las mejoras graduales realizadas por el grupo francés, incluso antes de la aplicación por parte del emirato, por primera vez en 2015, de un "sistema de protección salarial".
"Desde el inicio de las obras, QDVC ha desarrollado su propio funcionamiento, no dudando en contratar auditorías externas aun a riesgo de revelar problemas humanos, y se ha asociado en sus proyectos a organizaciones sindicales para una mejor protección, a pesar de estar en un país que aún no cuenta con todas las normas y organismos para garantizar que sus migrantes trabajen y vivan con dignidad", señala un investigador en un informe.
Sin embargo, añadió inmediatamente, "no hay que olvidar que el aumento de las normas, que son muy bajas, o incluso inexistentes, en un país como Catar, supondrá muy poca diferencia en la suerte de estos trabajadores que han venido aquí no a buscar fortuna, sino a mantener a sus familias". Por ejemplo, "obligar a aplicar el salario mínimo a las empresas presentes no permitirá a los trabajadores extranjeros vivir dignamente en este país, ya que el nivel de vida y de riqueza es muy superior a lo que pueden ganar".
Este gendarme cree que "el sistema vigente en Catar, en su conjunto, era conocido por las empresas extranjeras que venían a hacerse con los contratos de construcción; se aprovechaban de lo que había a costa de los seres humanos, hasta que se hicieron cambios a nivel político o de iniciativa, como en el caso de QDVC.”
Para Sandra Cossart, directora de Sherpa, la inculpación de una filial de Vinci "es una llamada de atención contra la impunidad de las multinacionales, que pueden ser castigadas penalmente cuando se aprovechan de las condiciones de la esclavitud moderna. La ley debe ser igual para todos, incluidas las empresas del CAC40, que pueden por tanto ser perseguidas por delitos penales”.
Por su parte, Vinci, en un comunicado emitido tras el anuncio de la investigación, "refuta enérgicamente las acusaciones formuladas contra ella en relación con las obras realizadas en Catar", afirma que ha respetado la legislación vigente y lamenta que su filial "sea investigada justo antes de la inauguración del Mundial de fútbol en Catar, un periodo muy mediatizado que no favorece un debate tranquilo”.
El grupo "recuerda su compromiso de siempre, no sólo de respetar los derechos humanos, sino también de tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores en sus obras en todo el mundo".
Al ser contactado por Mediapart, el abogado de Vinci, Jean-Pierre Versini-Campinchi, no quiso hacer comentarios.
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Traducción de Miguel López
