Europa se muestra incapaz de repensar su mercado energético mientras mira de reojo a España y Portugal
Los gritos de alarma en Francia vienen de todas partes: industrias, comercios, artesanos, agricultores, colectividades locales... en resumen, la alarma procede de todos aquellos que han sido excluidos, en el marco de la liberalización del mercado de la electricidad, de las tarifas reguladas y del servicio público de EDF (Électricité de France), para sumergirlos cuanto antes en "los beneficios de la competencia". Todos dicen lo mismo: están ahogados por los precios de la energía.
La prensa local relata ahora casi a diario los estragos de la subida de los precios de la energía. Es el carnicero o la panadera de tal o cual localidad el que cierra su negocio porque es imposible soportar subidas que multiplican por cuatro, seis o incluso diez su factura de energía. Es el horticultor o el hortelano quien se ve obligado a abandonar parte de sus actividades que ya han dejado de ser rentables. O la cooperativa vinícola, con más de 60 años de antigüedad, que reagrupa a 45 viticultores y genera 20 empleos, que se pregunta cómo sobrevivir cuando su factura de electricidad pasa de 15.000 euros a 130.000 euros anuales. Es el aserradero o la pequeña empresa metalúrgica que ya ni siquiera encuentra proveedor de electricidad, o sólo por un compromiso de tres meses a la delirante tarifa de 500 euros el mWh, cuando hace año y medio valía menos de 50 euros. Estos costes son imposibles de asumir y llevan al cierre total o parcial de su producción.
Entidades locales, servicios públicos o lo que queda de ellos se suman a esta interminable lista. Algunas ciudades, como Carhaix (Finisterre), ya no saben cómo van a poder calentar o alumbrar sus escuelas o mantener sus comedores –por no hablar de sus piscinas e instalaciones deportivas– cuando las subidas superan a veces el 250%. La Universidad de Estrasburgo cerrará dos semanas más tras las vacaciones de Navidad para reducir su factura energética. Un hospital de Le Havre, por ejemplo, tiene una temperatura de 13°C en sus habitaciones.
"Cortes de electricidad, por supuesto. Pero la semana pasada, el departamento de Tarn y Garona estuvo sin luz durante una hora y cuarto sin que se hablara de ello", dice Anne Debregeas, responsable del sindicato Sud en EDF, que considera que "se está dando demasiada importancia" a los riesgos de posibles cortes de luz. "Eso no es lo que de verdad importa. El verdadero tema son los recortes económicos. En 2020 ya había más de un 10,5% de hogares en situación de gran precariedad energética. ¿Cuántos serán en los próximos meses? Universidades obligadas a cerrar, hospitales que no dan abasto, empresas estranguladas por la subida de los precios de la energía. Ese es el verdadero problema", afirma.
Ahora que los blindajes de los precios de la energía van a terminar este 31 de diciembre, la preocupación crece en todas partes. Se anuncia un cheque energético de 100 euros para los hogares más necesitados, una caja de ayudas para las empresas que puede llegar hasta los 4 millones de euros, una ayuda del 25% para las empresas cuyo precio de suministro supere los 325 euros el mWh, pero estas ayudas pueden no ser suficientes.
"Si el Gobierno no actúa con rapidez y contundencia, asistiremos a una hemorragia económica y social sin precedentes. Toda nuestra economía y nuestra sociedad están en peligro. Pero también se verán alteradas las respuestas que debemos dar para llevar a cabo la transición económica necesaria para hacer frente a los trastornos climáticos", afirma alguien próximo al poder que pidió el anonimato. Para él, hace falta una respuesta rápida: "La energía es un bien común esencial. Los poderes públicos no pueden dejar que el mercado haga el arbitraje por ellos. Eso es aún más válido con la transición energética, que alterará nuestras sociedades y nuestros medios de producción. Necesitamos visiones estratégicas a largo plazo que respondan al interés general. Hay que sacar la energía de los mercados.”
"La planificación es esencial. Ese es el paso obvio que nadie quiere dar. Tenemos que replantearnos la organización del mercado de la electricidad a escala europea. [...] Nunca hablamos de política, pero es necesario coordinar nuestras decisiones a largo plazo. [...] Hay que volver a delegar explícitamente en los Estados miembros, como permite el artículo 294 de los Tratados, para que puedan organizar su estrategia. Debe ejercerse la soberanía en este ámbito tan estratégico", declaró Dominique Finon, director de investigación del CNRS e investigador asociado de la Cátedra Europea del Mercado de la Electricidad, durante una reciente conferencia en la Escuela de Minas de París sobre la reforma del mercado europeo de la electricidad.
La falsa competencia del mercado eléctrico
Según la Comisión Europea, la liberalización de la energía debía traer consigo una mayor competencia que se traduciría en precios más bajos, seguridad del abastecimiento, inversiones en energías renovables y futuro, reforzando la armonización del mercado único y garantizando el futuro.
En retrospectiva, muchos economistas y expertos en mercados energéticos se preguntan cómo es posible que todos los Estados miembros de la UE hayan aceptado "renunciar" y sumarse sin discutirlo a la liberalización de los mercados energéticos. ¿Fue por "ingenuidad"? ¿Fue por "ideología neoliberal" –la teoría mayoritaria– por lo que renunciaron a toda intervención en un tema tan esencial?
Hoy en día, todo el mundo no ve más que daños: la dependencia energética de Rusia, bajo la influencia dominante de Alemania, por la que toda Europa paga un precio desde que hay guerra en Ucrania; la desestructuración de toda la Europa eléctrica en beneficio de una mayor financiarización que no garantiza en absoluto la seguridad de abastecimientos; una incapacidad para suministrar electricidad a precios asequibles, exponiendo a todas las poblaciones a la volatilidad de los precios de mercado, que planteará rápidamente la cuestión de la solvencia de los hogares y de la competitividad de la producción del continente; una desorganización, incluso una destrucción de una serie de sectores tecnológicos (solar, eólico) esenciales para la transición ecológica en nombre del libre comercio.
"Todo lo que está ocurriendo era previsible. El mundo de la electricidad no está adaptado al mercado de la competencia. Las características y limitaciones de este mercado lo convierten en un mundo aparte. Porque la electricidad no se puede almacenar, porque las redes eléctricas deben estar permanentemente en equilibrio (la transmisión de corriente alterna del sistema europeo debe estar permanentemente a 50 hercios) o de lo contrario se colapsarán, porque es necesario poder responder en todo momento a una demanda instantánea y a veces imprevisible", explicaba Raphaël Boroumand, profesor de economía y especialista en energía y clima, en el verano de 2021, mucho antes de la guerra de Ucrania, que no hizo sino acelerar la descomposición del sistema vigente.
"En electricidad no puede haber competencia en el sentido tradicional del término, digan lo que digan algunos economistas: prevalecen las limitaciones físicas. Es un mercado que cambia de hora en hora y, en periodos de tensión, es el gestor de la red quien tiene la última palabra. Porque su misión principal es garantizar la seguridad del suministro y el mantenimiento de las redes, sea cual sea el precio", prosigue este experto en energía.
Desde el inicio del proyecto europeo de desregulación, muchos técnicos de eléctricas y especialistas del mercado de la energía recordaron a Bruselas esas obviedades. Todas las advertencias han sido ignoradas sin más.
Esa prioridad absoluta concedida por la Comisión Europea a la "mano invisible del mercado" en la organización del mercado de la energía tiene importantes consecuencias: se ha transformado toda la formación de los precios del suministro de un bien tan esencial como la electricidad . Bruselas ha decidido conscientemente poner todas las economías europeas y todos los consumidores en manos de uno de los mercados más inciertos del mundo, exponiéndolos a todo tipo de riesgos.
Desde el principio de la desregulación del mercado de la energía, se rompió el antiguo sistema de integración vertical, desde la producción hasta la distribución final, para sustituirlo por un mercado mayorista, en el que la producción de electricidad se intercambia entre profesionales (eléctricas, intermediarios, financieros) y un mercado minorista en el que distintos agentes garantizan la comercialización de la electricidad a los consumidores finales (empresas y hogares).
El coste medio de producción, que servía de base para el cálculo de los precios, que permitía diferenciar a los operadores eficientes de los ineficientes, validar las estrategias industriales y, sobre todo, garantizar la estabilidad suavizando los periodos de máxima tensión, se ha abandonado en favor del precio de mercado. En el mercado europeo, el precio al contado se utiliza ahora como referencia para los contratos de consumo. Se basa en el coste marginal de la central de gas disponible menos eficiente en Europa. "Desde el verano de 2021, incluso antes de la guerra de Ucrania, hemos visto los efectos de esta indexación en el gas", afirma un experto en ese mercado. El mWh se cotiza ahora a más de 500 euros.
Hemos asistido a la captura de una parte de la renta nuclear que antes se redistribuía al conjunto de la economía y la población en beneficio de intereses privados
Una extraña amnesia se ha apoderado de la clase política desde el comienzo de la crisis energética. Nadie recuerda haber votado ni que su partido –si no había sido elegido entonces– hubiera votado a favor de las distintas leyes de liberalización de los mercados de la energía en Francia. Sin embargo, en la cumbre de Barcelona de 2002, el primer ministro Lionel Jospin, en cohabitación con Jacques Chirac, aceptó, aconsejado por el ministro de finanzas Dominique Strauss-Kahn, el principio de liberalización de la energía en Europa. Eso significaba meter en el mercado el servicio público francés y sus dos principales grupos, EDF y GDF, en nombre de Europa.
"La Comisión Europea y los alemanes no se lo podían creer. Aunque fuera uno de sus objetivos, no imaginaban que el gobierno francés aceptaría tal renuncia", recuerda un testigo de la época. "En nombre de una mítica pareja franco-alemana, que sólo existe en la mente de las élites francesas, ese Gobierno y los que le siguieron sacrificaron años de política energética e industrial. Les bastaba con oír las palabras "mercado" y "Europa" para ponerse firmes. Son errores graves que pagaremos durante años", prosiguió un ex alto ejecutivo de EDF, haciéndose eco de una opinión ampliamente compartida en el grupo público y fuera de él.
Con excepción de los diputados del Partido Comunista y de algunos recalcitrantes, los parlamentarios de todos los partidos políticos han adoptado, a veces con entusiasmo, todos las propuestas que destrozan la organización del sistema eléctrico francés para introducir una "competencia libre y no falseada". La ilustración más conocida de este cambio es el mecanismo Arenh (acceso regulado a la energía nuclear histórica).
Adoptado en el marco de la ley Nome, este mecanismo, negociado punto por punto con las autoridades europeas, pretendía restablecer una "competencia leal" entre EDF y la competencia. Para permitir a sus rivales desarrollarse en territorio francés, donde se encontraban en gran desventaja, EDF debe suministrarle una cuarta parte de su producción nuclear a un precio fijo de 42 euros por mWh hasta 2025. La Comisión Europea nunca aceptó revisar posteriormente esta tarifa, a pesar del aumento de los costes de producción del grupo público.
"El principio de pedir a un grupo que disfruta de ventajas competitivas que redistribuya parte de ellas a sus competidores por adelantado es ya una herejía en términos de competencia. La Comisión Europea puede ser muy creativa en este ámbito. Pero el verdadero fallo original de todo este mecanismo es haber permitido a las empresas acceder a él sin disponer de ninguna herramienta de producción. Lo que hemos visto es una captura de parte de la renta nuclear, que antes se redistribuía a toda la economía y la población, en beneficio de intereses privados", explica este experto en competencia.
La estafa de los proveedores alternativos
La puesta a disposición de parte de la producción nuclear de EDF, sumada a las numerosas subvenciones estatales, debía permitir el desarrollo de las energías renovables. ¿El resultado? EDF ha cedido miles de millones de euros a sus competidores y se ha gastado unos 167.000 millones de ayudas públicas en diez años, según el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la producción de energías renovables está subdesarrollada, y ahora se condena a Francia por no cumplir sus objetivos. Según el último censo, en Francia hay instalados 30 gW de capacidad de producción de energía renovable, es decir, alrededor del 10% de la capacidad total de producción de electricidad, y gran parte depende de EDF.
Porque la mayor parte de la competencia en Francia está representada por proveedores alternativos, simples comerciales que no producen ni un vatio de electricidad pero especulan en los mercados aprovechando las ganancias inesperadas de EDF. Muchos de ellos empezaron a retirarse del mercado en cuanto surgieron las primeras dificultades de 2021, como Leclerc, que de la noche a la mañana devolvió sus clientes a EDF. Fueron así abandonados 300.000 hogares y devueltos a EDF sin que se dieran cuenta, porque tenían asegurada la continuidad del servicio.
Otros forman parte de puras tramas de fraude, como está sacando a la luz el senador comunista Fabien Gay. El caso de Hydroption, que suministraba al ejército, a la ciudad de París y a otras administraciones –con el visto bueno de las centrales de compras públicas– antes de quebrar, es un ejemplo.
Pero las prácticas de las distribuidoras Mint o Iberdrola son igual de ilustrativas. En plena crisis energética, en abril lanzaron campañas a gran escala con precios bajísimos para atraer nuevos clientes. Es el periodo en el que se asignan los volúmenes de Arenh para el año siguiente. Pero a partir de agosto, modificaron los contratos de suministro de forma discrecional, imponiendo subidas del 100% al 150%, y sobre todo aconsejaron a sus clientes que fueran a acogerse a las tarifas eléctricas reguladas de EDF, que seguían abiertas a los particulares. Por supuesto, conservaron los volúmenes asignados por el mecanismo Arenh. A un precio de 42 euros por mWh, cuando se cotiza a más de 500 euros en los mercados, cabe imaginar el batacazo. Antes de la intervención de Fabien Gay y de la acción colectiva de la asociación CLCV (Consumo, Vivienda, Entorno social), las autoridades públicas y la comisión de regulación de la energía no habían encontrado nada que criticar sobre estas prácticas.
El escudo tarifario, una nueva subvención a los actores privados
"En lugar de subvencionar una competencia ficticia con los blindajes tarifarios del gas y la electricidad, habría sido preferible revisar los mecanismos de fijación de precios en el mercado europeo y reabrir a todos las tarifas reguladas. Vamos a gastar 100 000 millones en dos años, sólo para apoyar artificialmente a proveedores alternativos que no aportan nada. Estos 100.000 millones habrían sido mucho más útiles para financiar proyectos en el marco de una política de transición energética", se queja el diputado socialista de la coalición Nupes Philippe Brun.
Firme en sus posiciones, el Gobierno sostiene que ha adoptado las mejores medidas posibles para hacer frente a la crisis energética. ¿Escudo tarifario? No costarán tanto al erario público. Una parte la paga EDF y la otra parte –45.000 millones este año– se refinancia con el impuesto sobre los beneficios extra obtenidos este año por los productores de energía baja en carbono (solar, eólica, nuclear), cuyo cálculo ha fijado la Comisión Europea. Según las primeras estimaciones de Finanzas, esto debería reportar unos 35.000 millones de euros.
En cuanto a permitir la vuelta de los clientes excluidos a las tarifas reguladas, el Gobierno se opone categóricamente. La semana pasada, el senador Fabien Gay presentó una proposición de ley para permitir al menos a las autoridades locales volver a las tarifas reguladas. Finanzas se negó categóricamente: el coste superaría los 50.000 millones de euros, según sus cálculos. Un perito independiente ha hecho los cálculos: la vuelta a las tasas reguladas para las autoridades locales costaría 3.000 millones de euros. La diferencia es considerable, pero eso no ha hecho tambalear la posición del Gobierno, que sigue oponiéndose a aligerar la carga de las colectividades locales, responsables de escuelas, bibliotecas, servicios públicos municipales, etc.
El extraño silencio de Francia
Un silencio cada vez más intrigante. En septiembre de 2021, el ministro de Hacienda, Bruno Le Maire, fue uno de los primeros responsables europeos en denunciar la alineación de los precios de la electricidad con los del gas. "El mercado único europeo de la electricidad no funciona, es aberrante", dijo entonces, criticando unas normas "obsoletas" que, según él, impedían a Francia beneficiarse de las ventajas de su producción nuclear e hidroeléctrica a un coste estable.
Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. Los precios del gas se han disparado a raíz de la guerra de Ucrania, el agotamiento del suministro ruso a Europa y el pánico que esto ha provocado, alimentado en parte por la Comisión Europea. Y le siguieron los precios de la electricidad. La especulación está en su punto álgido y el gobierno francés no dice nada, no hace nada.
El pasado verano, los gobiernos español y portugués convencieron a la Comisión Europea, que invocó la excepción de la "Península Ibérica" como justificación, de salir del mercado europeo de la electricidad. Desde entonces, ambos países han estado pagando alrededor de 100 euros el mWh, mientras que todos los demás han estado comprando entre 400 y 600 euros de media en los últimos meses. Se han alzado voces de todas partes para exigir que Francia, dada su especificidad –el 80% de la electricidad consumida se produce en el territorio a un coste fijo–, siga el ejemplo de la Península Ibérica para aliviar a empresas y hogares. El Gobierno ni siquiera ha aceptado la sugerencia.
En otoño, los Estados miembros, encabezados por Bélgica e Italia, volvieron a reclamar una reforma del mercado de la electricidad. La Comisión Europea, haciéndose eco de la oposición de Alemania, Países Bajos y Dinamarca, se negó inicialmente a cambiar las reglas de lo que consideraba un mercado "perfecto". Pero ante el enfado de varios países que ven estranguladas sus economías y hogares por las facturas, ha dicho que está dispuesta a hacer algo. En noviembre presentó un plan para reformar el mercado de la electricidad. "Una tomadura de pelo", dijo la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuando descubrió el proyecto: el mecanismo previsto no permitía proteger a los Estados miembros, ni siquiera en caso de especulación desenfrenada, como en agosto, cuando el mWh superó los 1.000 euros.
Mientras los países de Europa se peleaban sobre la reforma del mercado europeo de la electricidad, Francia siempre estuvo ausente, sin decir nada, sin mostrar posición alguna, ni a favor ni en contra, en ninguna parte. Ese silencio, según el diputado Philippe Brun, tiene una explicación: los famosos seis EPR (reactor europeo presurizado, ndt) que resumen toda la política energética de Emmanuel Macron. "La prioridad del Gobierno es negociar el precio de la nueva energía nuclear, encontrar la ecuación económica que la haga rentable. Necesita obtener un acuerdo de la Comisión Europea en torno a los 90 euros el mWh. Para lograrlo, está dispuesto a aceptarlo todo, desde el desmantelamiento de EDF y del servicio público a la liberalización total del mercado en Francia", afirma. Y, sobre todo, no adopta ninguna postura que pueda suponer la hostilidad de Bruselas.
Seis EPR contra la competitividad del país
¿Seis EPR justifican el derrumbe de toda la economía francesa y la precariedad de hogares enteros? La pregunta, por incongruente que sea, podría plantearse rápidamente en estos términos. Este fin de semana, 12 países europeos, encabezados por Bélgica, Italia, Grecia y Polonia, se han rebelado abiertamente contra la Comisión Europea. En una reunión prevista para finales de esta semana, van a exigir medidas urgentes para limitar los precios del gas y, por tanto, de la electricidad, con el fin de proteger sus empresas y hogares. Parecen dispuestos a enfrentarse. Dado su número, tienen la posibilidad de bloquear cualquier decisión europea e incluso más.
"El sector energético europeo está implosionando. Los países no van a quedarse de brazos cruzados viendo cómo se destruyen sus industrias, se empobrecen sus hogares y pierden competitividad sin hacer nada. España y Portugal ya han salido y no van a volver. Es probable que otros sigan su ejemplo rápidamente. El enfrentamiento entre Francia y Alemania es insostenible", analiza un conocedor del tema.
"Hemos tenido dieciocho reformas del mercado laboral en diez años, en nombre del atractivo de Francia. Pero el verdadero problema es el coste de la energía. Ahí es donde está la verdadera batalla por la competitividad y el futuro de Francia", insiste Philippe Brun. Por sus opciones en el pasado, por su silencio actual sobre cuestiones esenciales, el gobierno demuestra que sigue favoreciendo el trabajo precario y degradado en detrimento del empleo de calidad. Desde el asumido empobrecimiento de la investigación hasta la supresión de las matemáticas en la enseñanza secundaria, el gobierno demuestra que no desea formar parte de la larga tradición científica técnica e industrial del país. Prefiere el capitalismo de renta. Sus seis EPR, de los que no sabemos cuándo verán la luz ni si lo harán, son un resumen de ello.
Traducción de Miguel López
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