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Evo Morales incumple sus compromisos con el medio ambiente

El presidente de Bolivia, Evo Morales, votando, en una imagen de archivo.

Alice Campaignolle (Mediapart)

“Graves daños a los ecosistemas”, “amenazas graves a la existencia humana y no humana”, “cambios radicales en los estilos de vida tradicionales de las familias indígenas”. Las palabras son fuertes, las oraciones poderosas. Cuanto más se adentra el lector en el Informe de la comisión del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza sobre el ‘caso Tipnis’, más abrumado se siente por la política ambiental del presidente boliviano Evo Morales.

El texto (se puede leer aquí en español), redactado por tres miembros del tribunal, acaba de hacerse público y está en manos del Gobierno boliviano desde el pasado 16 de enero. Solicita expresamente que los jueces impongan sanciones a las autoridades del país por el caso Tipnis (acrónimo de Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Seguro), por las “repetidas violaciones de los derechos de la Madre Tierra”.

Este tribunal internacional, creado en 2014, pretende que especialistas juzguen las violaciones de los derechos ambientales en todo el mundo. Alberto Acosta, Shannon Biggs y Enrique Viale (economista ecuatoriano, activista ambiental estadounidense y abogado argentino, respectivamente), junto con Hanna Begovic, de la Alianza por los Derechos de la Naturaleza, viajaron a Bolivia el pasado mes de agosto para comprobar por sí mismos la situación del Tipnis.

En noviembre de 2017, paralelamente a la celebración de la cumbre COP23 de Bonn, el Tribunal para la Defensa de los Derechos de la Naturaleza fue alertado de la situación de esta reserva natural indígena, ubicada en el corazón de Bolivia. Dicho parque había gozado anteriormente de protección legal contra cualquier “alteración” humana, pero Evo Morales, en agosto de 2017, decidió eliminar esta protección para que finalmente pudiera construirse una carretera que cruzara la reserva de norte a sur. En total, 60 kilómetros de carretera en medio de una naturaleza excepcional con una biodiversidad incomparable.

Alberto Acosta, uno de los miembros del tribunal desplazado para visitar el Tipnis, explica: “En la Amazonia, un kilómetro de carretera asfaltada son tres o incluso cuatro kilómetros de carreteras secundarias. Así que puedes imaginarte el impacto de estos 60 kilómetros”. Y para el economista, la idea de una carretera “respetuosa con el medio ambiente” presentada por el Gobierno boliviano carece de sentido: “Es hacer que parezca que Drácula se ha convertido en vegetariano y que ahora puede hacerse cargo del banco de sangre”.

Según este especialista, esta carretera tendrá inevitablemente un fuerte impacto en el medio ambiente y si ha atraído la atención internacional es porque se ha convertido en un símbolo de las promesas olvidadas de un Gobierno que, cuando fue elegido en 2006, afirmaba ser indígena y protector de la Madre Tierra...

Este parque natural protegido quedará literalmente dividido en dos, poniendo en peligro el ecosistema de 858 especies de vertebrados diferentes, algunas de las cuales ya se encuentran en peligro de extinción, así como el modo de vida de los chimanes, de los yuracaré y de los mojeños, las poblaciones indígenas que hasta ahora han logrado preservar su forma de vida tradicional.

Un proyecto de todos los gobiernos bolivianos, desde 1990, que ha provocado numerosas movilizaciones en todo el país. En nueve marchas indígenas los “anticarreteras” recorrieron miles de kilómetros hasta La Paz antes de hacer frente a la represión policial, que arrojó un balance de 74 heridos en 2011.

Pablo Solón es un activista medioambiental que ha trabajado “muy de cerca” con Evo Morales en varios gobiernos en temas ambientales. Para este hombre, que también fue embajador de Bolivia ante la ONU, el Tipnis “no es lo más grave”. Este parque se ha convertido en emblemático, “porque de repente se ha hecho obvia la contradicción entre discurso y realidad” y recuerda que, en términos de impacto ambiental, “lo que ocurre en el corazón del Tipnis no es nada comparado con lo que se vive, cada año, cada día, en el país”.

En Bolivia, cada año, entre 200 y 250.000 hectáreas de bosque –el equivalente a la isla de Tenerife– literalmente se esfuman, y la agricultura de tala y de quema es muy común en el país. Esta deforestación permite el desarrollo de megaproyectos, como las represas eléctricas del Bala o Chepete, que, una vez construidas, inundarán grandes superficies como la ciudad de La Paz y desplazarán a más de 5.000 personas.

El objetivo de Evo Morales es hacer de Bolivia “el corazón energético de Sudamérica”. Hasta que eso suceda, la tala de árboles ya se impone frente a la cría de ganado y a la soja transgénica. Bolivia es en estos momentos uno de los diez países del mundo con la tasa de deforestación per cápita más alta. En la región de Santa Cruz (en el Este del país), la agroindustria prospera sin que el Gobierno ponga ningún obstáculo, lo que incluso facilita su implantación. En 2011, por ejemplo, el Parlamento aprobó la ley 144, que “regula” los organismos modificados genéticamente (OMG) pero no los prohíbe.

Hoy, según estimaciones de los distintos centros de investigación agrícola bolivianos, el 100% de la soja cultivada en Bolivia es un OMG. Una soja resistente al glifosato, que se rocía en un millón de hectáreas cada año. Para Pablo Solón, Evo Morales ha cedido ante los campesinos del Este del país, “para comprar la paz social. Ahora puede ir a las diferentes ferias agrícolas de Santa Cruz. Antes, no podía poner un pie allí”.

Cocaína y acoso

Algunos productores de coca también están muy satisfechos con la política de Evo Morales y de sus nuevas políticas en materia medioambiental. El presidente boliviano, él mismo exproductor y líder agrícola sindical, está permitiendo gradualmente la expansión de las áreas de producción de coca en regiones donde se sabe que la planta es amarga y, por tanto, no muy adecuada para masticar. Áreas más bien conocidas por estar en el corazón del narcotráfico –la región del Chapare en particular, limítrofe con el Tipnis–.

En el parque indígena, una zona se encuentra “colonizada” por productores de coca, los llamados cocaleros. Circunscritos primero a una zona reservada, poco a poco avanzan en las tierras de la reserva, lo que implica una importante deforestación. Y en este sentido, los expertos temen que la futuro ruta permita a los productores expandirse aún más.

Alertados por las poblaciones indígenas del parque sobre la situación en el Polígono 7, los miembros de la comisión de la Corte de Derechos por la Naturaleza intentaron, durante su visita en agosto, penetrar en esta zona donde se encuentran los cocaleros. Pero se les impidió hacerlo, antes de ser retenidos durante varias horas, sin ninguna intervención policial, por unos 50 productores de coca enfadados.

Para Alberto Acosta, el territorio es “una zona sin ley”: “Son los productores de coca los que hacen la ley. Por ejemplo, para cruzar un puente, los camiones militares se ven obligados a pedir permiso a los cocaleros para pasar”. Tras este incidente, el ministro del Interior, Carlos Romero, calificó la comisión de “no oficial” y su informe de “carente de valor”.

Si bien este Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza es una iniciativa ciudadana que no goza de reconocimiento internacional, está “legalmente” basada en la Declaración de Tiquipaya. Un pueblo boliviano situado en el centro del país, donde en 2014 se celebró la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida... a instancias del propio Evo Morales.

Al igual que miles de bolivianos, especialistas y activistas internacionales, Shannon Biggs y Alberto Acosta asistieron y recuerdan su entusiasmo en el momento de elaborar una serie de “propuestas a la comunidad internacional para preservar la vida y luchar contra el cambio climático”. Evo Morales pronunció un poderoso discurso, dirigido “a los pueblos del mundo” y llamando a “decidir el futuro de la Madre Tierra” y que concluyó con la exclamación de “El planeta o la muerte”.

Jorge Gómez, director de un centro boliviano de investigación ambiental (Cedla), reconoce que cuando Evo Morales llegó al poder, estaba “muy entusiasmado”. Incluso tuvo “la oportunidad de formar parte del gobierno”, pero prefirió “seguir siendo independiente”, explica. Muy rápidamente, las relaciones se deterioraron. La ONG empezó a criticar la política ambiental, en particular la atribución de tierras, pero también la situación en Tipnis.

La organización se convierte de este modo en objeto de críticas públicas por parte de los miembros del Gobierno, acusada de recibir financiación de entidades extranjeras y de buscar sembrar la discordia entre los movimientos sociales y la ONG. Las auditorías fiscales se multiplican, la presión administrativa aumenta y los contratos de arrendamiento de sus locales no se renuevan. Lo mismo ocurre con el Cedib, otro centro de investigación particularmente crítico, o con la Fundación Tierra.

Según Pablo Solón, Evo Morales no tiene la excusa de la realidad gestora del poder, en un mundo globalizado que alcanza los ideales medioambientales. “Los OMG son un buen ejemplo”, explica. “En 2010, el Gobierno tuvo la oportunidad de aprovechar el cambio agroecológico, pero decidió no hacerlo”. Sin embargo, según él, es sólo por razones electorales. “El presidente boliviano quiere mantenerse en el poder por encima de todo. La agroecología es una agricultura de los pequeños productores. No genera enormes beneficios que lleguen a las arcas del Gobierno. Y no forra a los grandes agricultores, la misma gente cuyos votos y apoyo quiere obtener Evo”.

Hoy, Evo Morales sigue adelante con su camino, el del desarrollo a toda costa. Pero condena al país a la lógica de la extracción de materias primas y a una huella ecológica desastrosa. Según Pablo Solón y otros activistas ambientales, el Gobierno está planeando incluso pasar al fracking en un futuro próximofracking.

Traducción: Mariola Moreno

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