Polonia intenta borrar los años de gobierno del partido ultraconservador

Archivo - Donald Tusk, primer ministro de Polonia, habla ante el Parlamento

Helene Bienvenu (Mediapart)

Varsovia (Polonia) —

Tras la cortina que le separa del plató donde se dispone a presentar el tiempo en TVP Info, el canal público polaco de noticias 24 horas, Jarosław Kret se permite una confidencia. "Este régimen de idiotas me despidió en 2016. Todo en TVP estaba politizado y yo no encajaba en sus criterios. Lo que Irán no se atrevió a hacer en su propio país, la Polonia del PiS lo hizo", afirma este hombre de 50 años, que en enero de 2024 regresó al servicio público de televisión donde había desarrollado la mayor parte de su carrera. «Han sido ocho años difíciles, pero me siento libre y feliz de dar un nuevo impulso a este canal de televisión. Nuestra misión de servicio público es abrir la mente de la gente, no lavarla», prosigue el hombre del tiempo de reluciente cabellera blanca.

Como Jarosław Kret, varias decenas de periodistas han regresado a los medios de comunicación de los que habían sido expulsados desde 2015. Tras casi ocho años de información mutilada, que solo servía al Gobierno nacional-conservador de PiS (Ley y Justicia), han vuelto al servicio público varios canales de radio y televisión y la Agencia Polaca de Prensa (PAP).

En la radio era un poco más sutil, pero en TVP era pura propaganda, rozando el discurso del odio. A finales de diciembre se hizo un cambio de personal y una profunda limpieza y profesionalización de estos medios», explica Dorota Nygren, especialista en medios de comunicación del think tank Polityka Insight. Esta ex periodista de la radio pública había sido relegada al departamento de archivos en 2017 por haberse negado a revelar siempre el origen de un acusado. En el caso de un hombre de nacionalidad marroquí que había ofendido a un sacerdote, la periodista consideró que este detalle era superfluo, a diferencia de sus superiores que querían jugar con el miedo a los migrantes.

Restablecer la objetividad de la radiotelevisión pública era una de las prioridades de la coalición proeuropea que ganó las elecciones legislativas del 15 de octubre. Menos de una semana después de la toma de posesión del gobierno de Donald Tusk, TVP Info cesó bruscamente sus emisiones el 20 de diciembre de 2023.

Deseo de pluralismo

Un día antes, la Cámara Baja polaca había aprobado una resolución en la que pedía "a todas las autoridades del Estado que tomen medidas inmediatas para restablecer el orden constitucional en lo que respecta al acceso de los ciudadanos a una información fiable". Al día siguiente, el Ministerio de Cultura anunció que había destituido y reemplazado a los presidentes de los consejos de administración de la televisión y la radio públicas y de la Agencia Polaca de Prensa. Tras una pausa de veinticuatro horas sin un boletín de noticias en las ondas de titularidad pública, los informativos se reanudaron con un nuevo presentador. 

Este giro de 180 grados, días antes de las fiestas de Navidad, se basó en una disposición del derecho de sociedades. El argumento dejó atónitos a algunos expertos y dio lugar a una ocupación de la sede de TVP por seguidores del PiS, pero, según Dorota Nygren, "no había muchas posibilidades de restablecer el orden constitucional". Y con razón: "El Presidente de la República, simpatizante del PiS, vetaría con toda probabilidad cualquier legislación en este ámbito". Un veto que sería imposible de anular para las fuerzas pro-europeas del Parlamento.

Además, los dos organismos encargados de regular los medios de comunicación siguen en manos de aliados del PiS. Los mandatos de los miembros del Consejo Nacional de Radiodifusión polaco (KRRiT) llegan hasta 2026 y el Consejo Nacional de Medios de Comunicación, una institución duplicada, fue creada en 2016 por el PiS, cuando aún no se había hecho cargo del KRRiT. 

Aunque Dorota Nygren reclama una nueva ley sobre los medios de comunicación públicos, los resultados de los cambios en la radiotelevisión pública son bastante satisfactorios. "El proceso durará hasta otoño", advierte Ernest Zozuń, periodista de TVP Info, mientras se ultiman las contrataciones y se revisan los horarios de programación. Este cincuentón de vaqueros grises, camiseta negra y pequeñas gafas rectangulares, fue despedido de la emblemática radio pública Trójka en 2020 por un oscuro asunto sobre una escaleta que no gustó a la dirección de entonces.

También ex reportero de guerra en Rusia e Irak presenta ahora un programa dedicado a la actualidad internacional. "Intentamos contar con expertos con opiniones diferentes para mantener un equilibrio, aunque a menudo se trate de los partidos en el poder, porque son ellos los que hacen las noticias»" asegura el periodista. Reconoce que se siente "un poco como en los años 90", cuando un puñado de colegas y él "tuvieron que crear verdaderos medios de comunicación de servicio público tras la censura comunista". 

Un soplo de aire fresco en la judicatura

También en el poder judicial, en manos del ministro y ex defensor del pueblo Adam Bodnar, la transformación es tangible. Los nacional-conservadores del PiS se habían apoderado de varios tribunales importantes so pretexto de "reformas", y habían llegado a destituir temporalmente a una docena de jueces críticos. Esos continuos ataques al Estado de Derecho causaron un tira y afloja con Bruselas y le costaron a Polonia varias multas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea, por su parte, había bloqueado los fondos de recuperación post-Covid. El 15 de abril hizo una primera transferencia de 6.300 millones de euros.  

El pleno restablecimiento de la independencia del poder judicial llevará muchos meses más, y casi con toda seguridad requerirá la llegada de un nuevo jefe de Estado, menos conservador, antes del verano de 2025. Andrzej Duda ya ha advertido desde el palacio presidencial que no aprobará una ley destinada a restablecer un Consejo Judicial (KRS) independiente del poder político, al que el órgano fue sometido en 2018.

Sin embargo, la nueva versión ya ha sido aprobada por la Cámara Baja y solo espera la luz verde del Senado. "El presidente Duda desempeñó un papel activo en los desastrosos cambios del poder judicial bajo el Gobierno del PiS, y ahora se presenta como su digno sucesor. Pero esta ley es moderada: simplemente permite a los jueces seleccionar a otros jueces para que dirijan la institución que nombra a los jueces, como antes", lamenta la jurista Anna Wójcik.

La experta cree que el Gobierno de Tusk ha sido bastante "eficaz" hasta ahora en sus intentos de restablecer el Estado de Derecho, dadas las limitaciones del veto presidencial. "Tomarse el tiempo necesario para celebrar un debate prolongado tras años de legislación populista no es malo en sí mismo", afirma la jurista.

Pedir cuentas al ejecutivo saliente

A pesar de las protestas de los diputados del PiS, se ha nombrado a un nuevo fiscal, próximo a la sociedad civil, para dirigir la Fiscalía Nacional, y varios presidentes de tribunales han tenido que dejar sus cargos. "Algunos habían acosado directamente a sus compañeros. El poder judicial ya no está en el estado de alarma en el que se encontraba bajo el PiS", dice encantada Anna Wójcik. 

Queda por resolver la espinosa cuestión de los nombramientos indebidos de jueces por el Consejo Nacional de la Magistratura, politizado por el PiS. La asociación de jueces Iustitia, por ejemplo, desea que los jueces que se han beneficiado de ascensos y de nombramientos controvertidos demuestren su valía en un nuevo concurso. 

El deseo de cambio que se manifestó en las urnas el pasado otoño va acompañado del deseo de pedir cuentas al antiguo Gobierno. Para ello, tres comisiones parlamentarias ya han empezado a investigar tres grandes escándalos que salpicaron al ejecutivo bajo PiS: un intento de celebrar las elecciones presidenciales de 2020 por correspondencia, los visados concedidos a extranjeros a cambio de sobornos y, por último, el uso indebido del programa espía Pegasus.

A medida que se suceden los testimonios, el alcance de los abusos se hace más evidente. Fueron vigiladas por el software israelí al menos 578 personas entre 2017 y 2022, entre ellas varios políticos entonces en la oposición, empresarios, abogados, militares y una fiscal. "Esto allana el camino para procesamientos, pero podría llevar años", dice Anna Wójcik. También está en marcha una «limpieza» en las empresas públicas, cuya gestión estuvo marcada por el nepotismo bajo el PiS. 

Legalización incierta del aborto  

Mientras que el presidente de la República volvió a hacer uso de su derecho de veto el mes pasado para bloquear el acceso a la píldora del día después sin receta médica a las personas mayores de 15 años, las fuerzas proeuropeas se encontrarán sin duda con el mismo obstáculo de aquí a junio en la cuestión del aborto. Aunque la ministra de Sanidad ha anunciado un plan B, que permite a los farmacéuticos extender las recetas necesarias para la píldora del día después, no hay garantías de que se alcance un consenso sobre el aborto.

Los partidos en el poder siguen divididos sobre la legalización del aborto hasta la duodécima semana de gestación, cuando desde 2021 sólo es legal en caso de violación y peligro para la salud de la embarazada. Los Agrarios y algunos centristas quieren volver al "compromiso" anterior a 2021 (autorizar el aborto en caso de malformación del feto) y piden un referéndum sobre la cuestión.

Sin embargo, el 12 de abril, estos mismos partidos lograron la proeza de aprobar en comisión especial dos proyectos de ley que legalizan el aborto hasta la duodécima semana de embarazo; un tercer texto que prevé la posibilidad de abortar en caso de malformación del feto, y una propuesta de la izquierda que despenaliza la asistencia al aborto. Una primicia en casi treinta años en Polonia.

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La mayoría sigue teniendo más que dudas sobre la legalización, porque como señala la politóloga Renata Mieńkowska-Norkiene, "la clase política polaca, formada por hombres de mediana edad de la generación de Solidaridad, es mucho más conservadora que la sociedad polaca. Hay un contraste sorprendente con los jóvenes y las mujeres, que se manifestaron con fuerza contra el PiS el 15 de octubre, y que desean una liberalización".

En la frontera bielorrusa, sin embargo, no hay novedades, para disgusto de quienes siguen ayudando a los exiliados que cruzan cada día los espesos bosques del este de Polonia. La ONG Grupa Granica registró 1.770 deportaciones entre el 13 de diciembre y el 4 de abril, entre ellas las de varios menores y una eritrea que dio a luz al otro lado del "muro" que supuestamente protege la frontera polaca. El jefe del gobierno había dejado entrever que no prohibiría estas "devoluciones a la línea fronteriza", pero había prometido perdonar "a los más débiles".

Traducción de Miguel López

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