Cómo se reparten los refugiados rescatados en el mar: la Europa de vendedores de alfombras

¿Cuántas veces, desde el primer bloqueo al Aquarius, se ha repetido el escenario vergonzoso para Europa de migrantes atrapados en un barco humanitario en aguas de Italia o de Malta sin que pueda atracar?

La razón del bloqueo de Roma o La Valetta es conocida: en el seno de la Unión Europea, contra toda lógica de solidaridad, el país encargado de conceder asilo es aquel en que el migrante haya pisado y dejado sus huellas primero –es el llamado reglamento de Dublín, que penaliza a los Estados costeros–. “¡Basta!”, dijo Matteo Salvini, el ministro italiano de Interior, el pasado mes de junio.

Desde entonces no ha cesado de verse la misma escena en las televisiones, primero retransmitida desde el puente de mando del Aquarius, después desde el del Lifeline o desde el del Sea Watch mostrando a hombres, mujeres y niños obligados a esperar días y días, incluso semanas, mientras que Italia y Malta (a menos de 100 kilómetros) se pasan la pelota y Europa intenta negociar una solución.

Cada vez, como en un suspense, se improvisa un acuerdo entre unos cuantos Estados miembros que se comprometen a repartirse una parte al menos de pasajeros que pueden beneficiarse del derecho de asilo, para que Italia o Malta se decidan a dejarles desembarcar.

Cada vez, los medios han aplaudido el desenlace (presentado como feliz) pasando rápidamente a otra cosa. Tan rápido que ningún espectador se ha quedado con la lista de países que se han implicado ni sería capaz de decir si han cumplido su promesa, cuántos pasajeros han sido “despachados” de esta manera o cuántos se han quedado tirados porque no han encontrado un país “tomador”.

Nadie tiene la menor idea, sobre todo, de la proporción de migrantes llamados “económicos” efectivamente desembarcados en Malta o en Italia pero reenviados después, a hurtadillas, a sus países de origen, porque no eran casos de asilo político. Para el storytelling europeo, estos permanecen invisibles.

Incluso en Bruselas ninguna institución tiene una respuesta completa a estas cuestiones. Porque no existe seguimiento alguno oficial de estos acuerdos de repartición ad hoc, improvisados caso por caso, en ocho ocasiones ya, la última vez el 30 de enero. Los barcos humanitarios están todos parados desde entonces, con prohibición de navegar o desanimados, con la excepción del Sea Eye.

Esta ausencia de resultados, en sí misma, es una confesión de debilidad cuando no de impotencia, como si esta falta de transparencia pudiera disimular el punto muerto en el que la UE parece inexorablemente metida, Aquarius tras Aquarius, sobre la cuestión de los refugiados.

Mediapart (socio editorial de infoLibre) ha tratado, pues, de ponerse a ello. Tras haberlo solicitado de los Gobiernos que se han comprometido públicamente, desvelamos a continuación el resultado de las ocho operaciones de reparto anunciadas a bombo y platillo. Es no obstante imperfecto y provisional porque Roma y La Valetta no han respondido nunca a nuestras preguntas y también porque una parte de la transferencia de refugiados sigue en espera.

De todas formas, el resultado salta a la vista. Mientras que los 28 Estados miembros de la UE han firmado el Convenio de Ginebra y están obligados a ofrecer asilo a toda persona “temerosa con razón de ser perseguida” en su país de origen “a causa de su raza”, de “su religión” o de “sus opiniones políticas”, Europa se ha comportado, en su versión más “progresista”, como un sindicato de vendedores de alfombras cuyos miembros negocian la acogida de refugiados caso por caso, uno a uno casi, en función de las contingencias políticas internas, exigiendo a veces más mujeres que hombres, incluso niños solamente. Y en su versión más “derechista”, como un cártel de egoísmos nacionales cuyos representantes se niegan incluso a responder al teléfono cuando se acerca un barco humanitario.

16 países ausentes

Al lado de Italia y Malta, de acuerdo con nuestra investigación, sólo diez países de la UE (más Noruega) se han mostrado dispuestos, en algún momento desde junio de 2018, a repartirse los rescatados de los barcos de las ONG que pueden acogerse al estatuto de refugiado, y además en proporciones muy variables. Dicho de otra forma: una minoría de Estados miembros ha creído oportuno dar muestras, al menos una vez, de solidaridad.

Ningún rastro de la Hungía de Víktor Orban, de Polonia, de la República Checa o de Eslovaquia, es decir, del Grupo de Visegrado, partidario desde siempre del cierre de fronteras y hostil al sistema de “cuotas” obligatorias de refugiados que la UE había esbozado en 2015, en plena cresta de llegadas (antes de renunciar a ello por falta de mayorías).

El Austria del conservador Sebastian Kurz tampoco ha movido un dedo. Lo mismo que Dinamarca o incluso Suecia. Y si Rumanía se ha decidido a hacer una incursión entre los “voluntarios”, ha sido sólo en enero de 2019, al hacerse cargo de la Presidencia de turno de la UE.

Varios países han hecho “el esfuerzo”, pero una sola vez, como Bélgica o Eslovenia. Entre la primera (miembro de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero desde 1951) y la segunda (adherida a la UE en 2004) no hay más que un solo refugiado de diferencia: seis rescatados del Lifeline por un lado, cinco del Sea Watch por el otro.

“Bélgica se enfrenta (ya) a un aumento importante de demandas de protección internacional en su territorio, lo que ha conllevado numerosos problemas en su sistema de asilo”, dice el comisario general para los refugiados de Bélgica, preguntado por Mediapart.

En cuanto al país más importante de Europa, Alemania, abre sus brazos la mayor parte del tiempo, pero no siempre. “Depende un poco de la situación política interna”, según la ONG Pro Asyl, con base en Frankfurt. El caso del Lifeline en junio de 2018 es representativo: interviene en plena querella gubernamental entre Merkel de un lado y Seehofer [su ministro del Interior que encarna una línea más dura respecto a los demandantes de asilo y pone a la canciller bajo presión] de otro lado. Alemania decide entonces no acoger a nadie. ¿En total? En ocho meses han sido solamente desbloqueadas 157 plazas, según nuestros cálculos.

El papel de España y Francia

Al principio han sido la España del socialista Pedro Sánchez y la Francia de Emmanuel Macron las que han hecho el papel de buenos alumnos (incluso Portugal, proporcionalmente a su población).

Todos se acuerdan de que Pedro Sánchez, cuando el Aquarius se encontró a la deriva por primera vez en el Mediterráneo, fue el único en echar una mano a sus 629 rescatados. Desde entonces, el socialista se ha unido a cuatro operaciones de reparto, unas veces desde Italia otras desde Malta, cuando podría haber pasado de turno por al menos dos razones: primero, España se ha convertido en 2018 en la primera puerta de entrada en la UE (vía Marruecos); segundo, ha autorizado varias veces al Open Arms (buque de una ONG catalana) a venir directamente a desembarcar refugiados desde el Mediterráneo central sin que ningún país de la UE le haya propuesto “compartir” a los rescatados.

Como la solidaridad tiene sus límites, Madrid acaba sin embargo de bloquear al Open Arms en el puerto de Barcelona y se abstendrá en las próximas negociaciones con Malta o Italia.

¿Y Francia? Desde la primera crisis del Aquarius ha respondido en todos los casos, con 349 personas ya en la lista. Una sola vez ha evitado intervenir (como casi todo el mundo en Europa) cuando Matteo Salvini ha llegado hasta a rechazar a pasajeros rescatados por sus propios guardacostas, un caso claramente contrario al derecho que ha llevado a un tribunal transalpino a solicitar actuaciones por “secuestro agravado” contra el líder de extrema derecha. El Gobierno italiano ha terminado por autorizar el desembarco tras un acuerdo con Irlanda y un país exterior a la UE (Albania), es decir, un esquema sin pies ni cabeza.

Por lo demás, los agentes de la Ofpra (oficina francesa encargada de conceder el estatuto de refugiado) parten los primeros para llevar a cabo, en cada barco, entrevistas en Malta o en Italia seleccionando “sus” refugiados en pocos días, cuando algunos países tardan meses en desplazar a la zona a sus instructores.

“Francia está activa en cada ocasión”, dicen en El Elíseo. “En junio pasado nos han descrito como los grandes malos (porque Francia ha rechazado al Aquarius). Pero nosotros queríamos agarrarnos a dos pilares: a la regla internacional que obliga a desembarcar a las personas salvadas en el mar en el “puerto seguro” más próximo, si no el sistema se volvería loco, con barcos errantes durante días en el Mediterráneo para probar suerte una vez en Malta, una vez en Francia, otra en Chipre, etc. Sería insoportable. El segundo pilar sería que Francia trate de organizar cada vez una solidaridad y una solución intergubernamental. Y esto es lo que se hace después de ocho operaciones: tenemos un mecanismo que se sistematiza, una red de países contribuyentes...”.

La operación más colectiva, no obstante, se remonta a junio de 2018, cuando ocho países se comprometieron con el Lifeline. Desde entonces la “tasa de distribución” se muestra bastante errática, yendo del 25% al 100% de pasajeros, según los acuerdos. Habrán sido aún necesarios once días de negociaciones para que la pequeña “carga” del Sea Watch (menos de 50 personas) haya podido desembarcar en Italia el 31 de enero.

Un barco de la ONG Sea Watch busca puerto para desembarcar a 43 migrantes

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A fin de cuentas, según nuestros cálculos, han sido un total de 850 los pasajeros repartidos entre los países voluntarios desde el último enero, es decir, un número microscópico en comparación con las 635.000 personas que han presentado una demanda de asilo en territorio de la UE en 2018 y que han conseguido una respuesta positiva en un tercio de casos ¡sin haber podido todavía tocar tierra! ______________Traducción de Miguel LópezLee el texto original en francés: 

Traducción de Miguel López