A las 00:01 horas del miércoles 1 de octubre se puso en marcha la pesada maquinaria administrativa del shutdown (cierre). A falta de un acuerdo de última hora entre republicanos y demócratas, se han suspendido todos los gastos públicos. Los servicios federales están paralizados, lo que afecta a unos 750.000 funcionarios.
Los empleados que realizan tareas esenciales (aduanas, seguridad interior, controladores aéreos) están obligados a continuar con su trabajo pero sin salario. Se les pagará al final del bloqueo presupuestario. Todos los demás están suspendidos de empleo y sueldo, hasta que se alcance un acuerdo presupuestario.
Los estadounidenses conocen perfectamente los efectos desestabilizadores de un cierre: ha habido más de quince en las últimas décadas. El último se remonta a diciembre 2018-enero 2019. Ya entonces, republicanos y demócratas se oponían a la financiación del proyecto de Trump de construir un muro de más de 2.200 kilómetros a lo largo de la frontera con México para bloquear la inmigración clandestina. El proyecto no salió adelante. Fue el bloqueo presupuestario e institucional más largo —treinta y cinco días— y más perturbador de la historia administrativa de los Estados Unidos.
Esta vez, todos presienten que la batalla que se avecina será aún más dura. Lejos de intentar calmar los ánimos y buscar un compromiso, Trump ha decidido utilizar este bloqueo presupuestario como arma contra los demócratas, contra todos los poderes que se oponen a sus políticas.
Desde hace varios días, el presidente americano ha emprendido una violenta campaña contra el bando contrario para hacerle responsable del bloqueo del país. Una trampa inextricable, del tipo “cara, yo gano; cruz, tú pierdes”.
La parálisis presupuestaria podría tener “consecuencias irreversibles”, advirtió. “Podemos hacer cosas terribles, despedir a gente, recortar los programas que ellos apoyan”, amenazó. La administración Trump ya ha estudiado cómo aprovechar este momento. Según un memorándum del ministerio de Gestión y Presupuesto revelado por la prensa, tiene previsto recortar los programas que no le gustan.
La educación, el medio ambiente y las ayudas sociales encabezan la lista. Trump también prevé suprimir miles de puestos de trabajo federales considerados “inútiles”, en línea con la política de “eficiencia gubernamental” iniciada por Elon Musk en el primer semestre.
Máximas presiones
Tras esas amenazas, la presión sobre los demócratas se ha vuelto máxima: ¿hay que aceptar apoyar el presupuesto de Trump para evitar lo peor y no dejar vía libre a la administración Trump? ¿O hay que resistir para mantener un último contrapoder frente a los ataques democráticos actuales?
Ante la negativa del bando republicano a cualquier compromiso, los demócratas han optado por negarse a aportarles los votos que la administración Trump necesita. Para aprobar su presupuesto para 2026, que comienza el 1º de octubre, los republicanos necesitan conseguir 7 votos de los demócratas, además de los 53 con los que ya cuentan.
A cambio de su apoyo al proyecto de presupuesto, los representantes demócratas exigían el mantenimiento de las ayudas para los gastos sanitarios.
En el marco del proyecto de presupuesto aprobado en mayo, los republicanos habían previsto miles de millones en reducciones fiscales para los multimillonarios y los más ricos. Pero para controlar mejor el gasto público y evitar agravar una deuda que supera los 37 billones de dólares, también habían previsto miles de millones en recortes en los programas públicos y las ayudas sociales.
“Los demócratas luchan por proteger la asistencia sanitaria del pueblo americano y no vamos a apoyar un proyecto de ley de gastos republicano partidista que siga destruyendo la asistencia sanitaria de los ciudadanos de a pie, y punto”, explicó Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes.
La respuesta de los republicanos fue inmediata: rechazo categórico. Mantener las ayudas sociales costaría al menos 1,5 billones de dólares, y esas ayudas beneficiarían principalmente a los inmigrantes ilegales, argumentó el vicepresidente J. D. Vance, lo cual es falso, ya que ellos ya están excluidos de cualquier ayuda.
Un bando demócrata dividido
Asumiendo el bloqueo, los republicanos están decididos a aprovechar cualquier resquicio para poner definitivamente contra las cuerdas al Partido Demócrata. Y hacerle cargar con el coste político y económico de esta parálisis presupuestaria, derribando las últimas resistencias políticas e institucionales que se interponen en su camino hacia el poder iliberal.
Se utilizan todos los argumentos. Desde la aplastante victoria en las elecciones presidenciales —lo cual es falso— que supuestamente legitima su deseo de omnipotencia, hasta la toma del poder por parte de “la izquierda radical” que apoyaría el wokismo, “la inmigración ilegal” y los “narcotraficantes”, la derecha estadounidense utiliza todos los medios a su alcance para destruir a sus adversarios.
“Los grupos radicales de extrema izquierda y los miembros demócratas de extrema izquierda querían medirse con el presidente, por lo que los senadores demócratas sacrificaron al pueblo americano en aras de los intereses partidistas de los demócratas”, explicó el senador republicano John Thune para justificar el impasse en el que se encuentra el país.
Por su parte, al bando demócrata le cuesta ponerse en orden de batalla. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, es objeto de duras críticas internas y externas por su pasividad y su silencio, que a menudo dejan a los jueces y a la población civil solos en la lucha.
Dentro del bando demócrata, muchos parlamentarios no han perdonado al líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, por haberse negado en marzo a utilizar la única arma política a su disposición y haber proporcionado así los votos necesarios a los republicanos.
La avalancha de críticas, la radicalización de la presidencia de Trump y, sobre todo, el auge de una nueva generación de parlamentarios entre los demócratas, ilustrado por la victoria de Zohran Mamdani en las primarias de Nueva York, les llevan a revisar su posición: ya no pueden contentarse con esperar pasivamente las elecciones de mitad de mandato. Ahora deben oponerse al trumpismo.
Más allá de las posiciones de principio, el malestar es palpable entre los demócratas, sometidos a intensas presiones por todas partes. Los republicanos multiplican los ataques, convencidos de que algunos parlamentarios acabarán cediendo. Ya se escuchan algunas voces disidentes. “No puedo apoyar un cierre costoso que perjudicaría a las familias de Nevada y daría aún más poder a esta administración”, declaró la senadora demócrata por ese Estado, Catherine Cortez Masto.
Más allá del coste económico y social
Todos temen las consecuencias económicas y sociales de este shutdown. El mundo financiero, preocupado como siempre por sus propios intereses, ha comenzado a expresar su inquietud. Con el cierre de los servicios federales, el departamento de Trabajo no podrá publicar las cifras semanales del mercado laboral. Privada de estas estadísticas, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) corre el riesgo de no poder tomar las decisiones monetarias previstas y de no volver a bajar los tipos de interés, como han apostado los financieros. Hay miles de millones en juego en esta especulación.
En términos más prosaicos, la actividad económica del país se verá gravemente afectada por el cierre de los servicios federales, la suspensión de miles de funcionarios, la suspensión de contratos y del pago de facturas, el impago de obras y servicios a miles de empresas que dependen de la contratación pública, etc.
En 2018, el cierre costó 0,4 puntos del PIB y provocó una caída de la actividad económica durante varios meses. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones de esta nueva parálisis presupuestaria en un entorno económico tan inestable e incierto como el actual? Nadie puede decirlo, ya que todo depende de la violencia y la duración del enfrentamiento.
Pero la batalla librada en el Congreso va mucho más allá de las cuestiones económicas y sociales. Si Donald Trump consigue doblegar a las dos cámaras, poco se interpondrá en su camino hacia un poder sin límites.
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Traducción de Miguel López
A las 00:01 horas del miércoles 1 de octubre se puso en marcha la pesada maquinaria administrativa del shutdown (cierre). A falta de un acuerdo de última hora entre republicanos y demócratas, se han suspendido todos los gastos públicos. Los servicios federales están paralizados, lo que afecta a unos 750.000 funcionarios.