Unión Europea

La UE y Canadá ratificarán el CETA tras el ‘sí’ belga al acuerdo

Tusk dice que “queda mucho por hacer” para cerrar un acuerdo con Reino Unido

El tratado de libre comercio con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) será firmado antes de que finalice la semana. Tras varios días de negociaciones con la región belga de valonia para que diera luz verde a la rúbrica, y después de que las autoridades valonas aceptasen finalmente levantar el veto, este sábado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció a través de su cuenta de Twitter que habrá cumbre bilateral este domingo para sellar el tratado. "¡Misión cumplida! Acabo de acordar con el primer ministro [de Canadá], Justin Trudeau, celebrar la cumbre UE-Canadá este domingo", escribió en la red social. El encuentro, según confirmaron fuentes comunitarias a Europa Press, arrancará a las 10.30 horas.

Hasta el último momento, los responsables europeos creyeron, o intentaron hacer creer, que sería posible firmar el tratado entre la UE y Canadá el 27 de octubre, tal y como estaba previsto inicialmente. Pese a las advertencias cada vez más firmes de los responsables valones, de la región de Bruselas y de la comunidad germanófona belga –todos contrarios al CETA–, que insistían en que no estaban dispuestos a echar por la borda los procedimientos democráticos por guardar las espaldas a los dirigentes europeos, éstos creyeron que pasaría lo que siempre ocurre en las crisis europeas: después de varios estrepitosos fracasos, de reuniones interminables con alguna noche en vela incluida, Bélgica daría vía libre (algún que otro compromiso mediante).

El miércoles por la mañana, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, escribía en su cuenta de Twitter: “Las negociaciones CETA continúan […]. La cumbre de mañana todavía es posible”. Por su parte, la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland, al frente de las negociaciones últimas con Europa, sostenía por la tarde que la cumbre entre la UE y Canadá se mantenía y que se firmaría el tratado de libre comercio. Después, hizo falta rendirse a las evidencias: los responsables valones no cederían. Por la noche, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, informaba de que anulaba su viaje a Europa. La firma del CETA quedaba suspendida. 

Después de que el Gobierno belga anunciase que se había alcanzado un acuerdo interno, los responsables europeos esperaban poder dar por zanjado rápidamente el asunto. Sin embargo, todavía era necesario superar los tests de las votaciones en los diferentes Parlamentos belgas, votaciones que no estaban garantizadas sobre todo si el primer ministro belga confirmaba que el acuerdo no tocaba "una coma en el texto del tratado”. Finalmente, las Cámaras regionales dieron su visto bueno a la firma el pasado viernes.

Por lo demás, si finalmente se obtenía luz verde, era necesario comprobar la conformidad con el texto acordado por el Consejo Europeo y obtener el visto buenos de los otros países –que se obtuvo también el viernes–. Varios puntos planteaban cuestiones jurídicas sensibles, sobre todo la exigencia belga de que los litigios entre los grandes grupos y los Estados se diriman en un tribunal internacional público y no en un tribunal de arbitraje privado, que se establezcan mecanismos de protección de los mercados agrícolas, en caso de desequilibrio, que los servicios de asistencia a las personas queden al margen del tratado y, por último, que Bélgica o una de sus federaciones pueda abandonar el acuerdo si así lo desea. 

La UE lo intentó todo para evitar encontrarse en este punto. En los últimos días, se echó mano de mil y una estrategias por evitar a los diputados belgas reticentes. Del halago a la amenaza. Mientras que los responsables europeos y los jefes de Gobierno multiplicaban los llamamientos a Paul Magnette, jefe del Gobierno valón, para garantizarle que existía perfecta constancia de las dudas valonas, otros dejaban caer la posibilidad de recurrir a las represalias. El liberal Guy Verhofstadt, que llegó a sonar para presidir la Comisión Europea, llegó incluso a proponer un cambio normativo, para dar competencia exclusiva al Consejo, lo que habría permitido pasar por alto el veto valón.

Pero ¿por qué se ha presionado tanto a los valones para firmar con urgencia? Después de más de siete años de negociaciones, ¿por qué ratificar el CETA lo antes posible, en unas semanas, ahora que no ha podido ser el 27 de octubre? La credibilidad de la UE estaba en juego, según han recalcado en los últimos días los defensores de que el Consejo Europeo se mostrase firme. Después de Grecia y el Brexit, la UE no puede permitirse, en su opinión, nuevos signos de debilidad. “Si Europa no es capaz de firmar un tratado con un país amigo como Canadá, ¿con quién seremos capaces de hacerlo?”, insistía Donald Tusk.

Más allá de cuestiones de legitimidad, la voluntad del Consejo de Europa a la hora de actuar más rápidamente tenía segundas intenciones. Porque el CETA está llamado a servir de marco para las futuras negociaciones comerciales, para el Brexit pero también para el Tafta. Aunque Hillary Clinton, posible futura presidenta de Estados Unidos, ahora muestre su reticencia a los grandes acuerdos de libre comercio, los responsables europeos creen que “el curso normal de las cosas” volverá a ser como antes cuando termine la campaña electoral y una vez se reanuden las negociaciones con Estados Unidos sobre el Tafta.

Mientras la opinión pública se muestra cada vez más hostil con estos tratados comerciales de libre comercio, instaurar el tratado entre Canadá y la Unión Europea de forma inmediata permitiría poner en marcha una política de hechos consumados. Y especialmente porque se supone que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2017, antes incluso de su ratificación en los Parlamentos nacionales. ¡Toda una novedad democrática! Mientras en Alemania y en Francia se perfilan elecciones, la aprobación rápida del CETA permitiría que estos grandes acuerdos, cada vez más discutidos, no entraran en el debate.

Mientras numerosos analistas acusaban estos días a los valones de tomar como rehén a la UE, la opinión pública europea y canadiense se unían a la causa valona, concediéndole una fuerza insospechada frente a las jerarquías europeas. Porque el problema, para numerosos europeos, no es que el 1% de la población europea pueda bloquear a 500 millones de europeos, sino que sólo el 1% de la población europea fuese autorizada a debatir sobre semejante cuestión comercial y que sus propios representantes políticos nunca se hayan manifestado sobre el asunto.

Algunos eurodiputados empezaron entonces a sentir la necesidad de dar explicaciones, de tratar de demostrar que estaban vigilantes. En el Parlamento Europeo, los debates pasaron a ser intensos. Así, el pasado miércoles, el secretario británico de Comercio Internacional, Liam Fox, llegó a justificarse en el Parlamento por haber mantenido a los diputados demasiado al margen de las negociaciones.

El elocuente silencio francés

El silencio total de los responsables franceses desde hace más de una semana era más elocuente si cabe. Mientras hace poco Hollande y el secretario de Estado de Comercio Exterior, Matthias Fekl, decían que habían desaparecido del CETA todos los aspectos que causan más discordia, que se habían dado todas las garantías, el debate valon ponía de relieve que no era así: si Bélgica pedía garantías por escrito sobre los tribunales de arbitraje y sobre la protección de los mercados agrícolas, es que dichos aspectos no estaban previstos en el acuerdo.

Bien es verdad que enfrente casi no tenían políticos que les pidiesen cuentas. ¿Qué han hecho los políticos en estos siete años? Por supuesto, hay parlamentarios que sí estuvieron encima de la cuestión. Los informes de la exdiputada Annick Girardin hicieron saltar las alarmas, sobre todo en lo que a las jurisdicciones de arbitraje se refiere, en las cuestiones de soberanía y en las de constitucionalidad.

Ninguno de los principales líderes políticos, ésos que se presentan a las primarias, tanto en las filas de la derecha como en la izquierda, dio voz a los 100 diputados de todos los partidos que pedían el aplazamiento del CETA. Nadie se opuso al último golpe del Gobierno. Un golpe que se habría considerado imposible en un Estado democrático pero que ha existido, sin que cause indignación. Para acallar las críticas, el Gobierno presionó al Grupo Socialista con el fin de evitar una resolución consultativa que buscaba el aplazamiento de la aplicación del acuerdo.

Valonia se había convertido en la punta de lanza de oposiciones y reticencias múltiples que nunca habían podido expresarse. El dictamen del Tribunal Constitucional de Karlsruhe del que nadie habla, que “supeditaba a condiciones” estrictas la ratificación alemana, se descubrió. De repente se supo que los Parlamentos de Austria y de Holanda también habían formulado numerosas preguntas relativas a los tribunales de arbitraje, al igual que los canadienses. También se supo que Rumanía y Bulgaria no estaban seguras de dar su visto bueno si no se acababa con la exigencia de visados para sus ciudadanos. Y Europa se dio cuenta de que en Canadá las cosas tampoco van sobre ruedas.

Las críticas y las reservas manifestadas por los belgas pueden encontrar todavía más eco en un futuro. Los canadienses ya han anunciado su intención de acudir al Consejo Constitucional nacional para impugnar la constitucionalidad del CETA. Algunos diputados, los mismos que se oponen al CETA, han vuelto a reiterar su oposición a la aplicación del tratado, antes incluso de su ratificación. Mientras el texto suscite cuestiones de constitucionalidad, de soberanía y de libertad, las voces contrarias al tratado seguirán dejándose oír.

Enfadados por el desaire de Bélgica, diputados y tecnócratas europeos señalaron que es urgente replantearse la manera en que la UE ha llevado las negociaciones comerciales. “Lo que hemos constatado estos últimos meses es que la política comercial común de la Unión se ha visto muy minada [por los debates]”, ha declarado Daniel Caspary, coordinador del Comité sobre Comercio Internacional en el Parlamento Europeo. Para él, y para miembros de la derecha alemana a la que pertenece, es necesario que la Comisión y los Parlamentos europeos recuperen el derecho de negociación , ya que los Estados y las regiones no tienen como misión participar en los debates. Otros proponen una separación más clara entre los poderes de la Unión Europea sobre los acuerdos y los Estados, dado que estos últimos sólo pueden pronunciarse sobre cuestiones que afectan a su organización constitucional.

Este autoritarismo buscado va a contracorriente de lo que conviene hacer, de las lecciones que hay que sacar de la revuelta valona, según Hélène Ryckmans, del Partido Ecológico en el Parlamento valón. “Lo más importante es reconectar Europa con sus ciudadanos, sus productores, sus agricultores”, dice. Incluso Pascal Lamy, exdirector de la OMC, parece ir en esta línea. “Necesitamos más transparencia, más sensibilidad, apertura y tiempo para construir un apoyo público”, en declaraciones recogidas por la web Politico, para señalar que la oposición pública a los grandes acuerdos, en su opinión, no debería caricaturizarse simplemente como “troskysta o proteccionista a la antigua”. “Tenemos que trabajar más para tener el apoyo público”, añade. Para él, uno de los grandes errores en las negociaciones bilaterales en curso ha sido no plantear con antelación los principios según los cuales nuestros estándares sólo pueden ir a más, no a menos.

Si la forma en que deben llevarse a cabo las negociaciones comerciales europeas importa, en el fondo esto es aún cierto. De momento, los miembros de la Comisión y del Consejo Europeo quieren creer que será posible volver a las prácticas anteriores. Sin embargo, algo se ha roto. Las sociedades han dicho basta al liberalismo ilimitado, que deja al mercado europeo expuesto, sin protección. Las voces en contra en todas partes del mundo son “un mensaje al mundo político: debe situar las exigencias de una democracia liberal por delante de las del comercio internacional y de la inversión. La ortodoxia librecambista no es la única alternativa al populismo y a los partidos de centroderecha y de centroizquierda no se les debería exigir salvar la hiperglobalización a cualquier precio”, dice el profesor de Economía Dani Rodrik. La idea de un intercambio justo en lugar de la de un librecambio progresa en la mente de economistas, de la sociedad. A día de hoy, no parecer haber llegado a los oídos de los responsables europeos.

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto original en francés:

El PSOE anuncia una nueva posición sobre el Tratado UE-Canadá y dice que no lo apoyará

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