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Víctimas del cambio climático emprenden una acción judicial inédita contra la Unión Europea

Recurso ciudadano del clima.

“Caso Armando Ferrao Carvalho y otros”. Hasta hace unos días ese patronímico era el de un desconocido. Sin embargo, en los cinco o diez próximos años, el nombre de este silvicultor portugués, que perdió sus tres robledales en los fuegos de 2017, va a designar uno de los casos más emblemáticos de la Justicia climática en Europa. Ferrao Carvalho, junto a otras nueve familias y una asociación sueca, presentó el jueves en Luxemburgo el primer recurso climático europeo ante el Tribunal de la Unión.

Los demandantes le reprochan a la UE que estableciese un objetivo “inadecuado” de reducción de los gases de efecto invernadero de aquí a 2030, respecto a los niveles de 1990. En otros términos, consideran que el descenso del 40% actualmente previsto no va a ser suficiente para luchar contra el cambio climático y para proteger a los ciudadanos de sus impactos más desastrosos.

Este recurso ciudadano del clima, presentado por varias ONG, entre ellas Climate Action Network (CAN) Europe y otras tres compañías de derecho al medio ambiente, tiene “como objeto tanto las deficiencias pasadas como los esfuerzos que se deben poner en marcha. Busca por tanto anular tres leyes europeas en curso de publicación en el periodo 2021-2030 –una directiva y dos reglamentos– que no permitirán alcanzar los objetivos fijados para 2030. El recurso se apoya en el artículo 263 del Tratado sobre el funcionamiento de la UE (TFUE), que permite que un particular pueda presentar “un recurso contra los actos […] que le afectan directa e individualmente”. Los demandantes reclaman que estos textos sean declarados nulos y sustituidos por objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático para que se protejan sus derechos fundamentales a la vida, a la salud o al trabajo. La demanda se refiere también al artículo 340 que obliga a la UE a “reparar […] los daños causados por sus instituciones o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

Hace meses que “luchan contra estos textos porque son coherentes con el Acuerdo de París” que aspira a mantener por debajo de los dos grados centígrados el calentamiento del planeta, desde finales del siglo XIX, según señala Neil Makaroff, especialista de Europe chez Réseau Action Climat (RAC). Y no es para menos, ya que los objetivos europeos de reducción de las emisiones de CO2 se fijaron en 2014, es decir, antes de la adopción el 12 de diciembre de 2015 del Acuerdo de París. “Estos instrumentos y estos objetivos están obsoletos”, lamenta el joven, que recuerda que 2018 es “un año central” ya que en la próxima cumbre del clima, prevista para finales de 2018, en Polonia, los Estados deberán revisar al alza sus compromisos climáticos.

Para el activista, el recurso presentado el 24 de mayo ante el Tribunal de la UE pone de manifiesto que “los impactos no se limitan a los países del Sur y que la UE –y los Estados que la integran– no hacen correctamente su trabajo. A su entender, Bruselas no debería contemplar una bajada de las emisiones de CO2 del 40% de aquí a 2030, sino de al menos el 55%. Por el riesgo a que se produzcan terribles daños climáticos. A decir del activista, se prevén acciones a corto plazo, como una ambiciosa negociación del “paquete energía”, el conjunto de textos legislativos negociados a día de hoy por los Estados miembros para permitir a la UE mantener sus objetivos en términos de energía y de lucha contra el cambio climático: en él figuran textos sobre las energías renovables, la renovación de los edificios, la eficacia energética o los agrocarburantes. Bien atado, el “paquete movilidad” puede suponer una ocasión ideal para fijar normas severas en materia de emisiones para coches y camiones, dado que el transporte por carretera representa una quinta parte de las emisiones totales de la UE.

Quien dice cambio climático, a menudo piensa en ciclones tropicales, sequías saharianas, inundación de islas o desaparición de arrecifes de coral. Esta acción ante el Tribunal de la UE tiene el mérito de recordar que el trastorno del clima es planetario y que afecta desde hace años ya al continente europeo. Subida del nivel del mar y mareas tormentosas en el mar del Norte; aumento de las temperaturas; olas de calor y sequía en Francia o en Rumanía; fundición de la nieve en Suecia que pone en riesgo la cría de renos; multiplicación e intensificación de los fuegos forestales en Portugal… Cada familia demandante denuncia haber sufrido en sus carnes o en su actividad el impacto del cambio climático.

En Rumanía, la familia Vlad vive en los Cárpatos, a 700 metros de altitud. Debido al aumento de las temperaturas y de la falta de agua, la hierba ya dejado de crecer y Petru, el padre, tiene que llevar a sus bueyes “a entre 600 y 1.400 metros de altura para poder tener hierba decente para pastar, pero sobre todo para tener agua”. “No puedo ir más arriba con mi rebaño porque más allá de 2.000 metros sólo hay cielo”, dice indefenso.

Lavanda, se arranca más de la que se planta

En Francia, es Maurice Feschet, productor jubilado de lavanda , el que ha decidido emprender la batalla contra la UE. “Para mí, la suerte está echada”, decía el jueves en París en una rueda de prensa organizada por la asociación Notre affaire à tous (NAAT). Pero confía en que no sea así, todavía, para su hijo ni para su nieto, ambos también están personados en el recurso. En 1969, en Griñán, al norte de Provenza [sureste de Francia], Maurice empezó a cultivar lavanda por cuarta generación consecutiva. Y en el último medio siglo ha visto cómo las temperaturas han subido –medio grado cada diez años, asegura–, cómo lluvias torrenciales arrasaban los campos –hasta 120 mm en dos horas– y cómo su planta fetiche se fragilizaba.

“Cuando empecé, cultivaba plantas que tenían 23 años. Y progresivamente fueron cayendo hasta los 18, 16, 14 años… para terminar cultivándolas de tres-cuatro años”. No hay que olvidar que una planta de lavanda no produce el primer año, que el segundo sólo proporciona una cosecha parcial y que no es hasta el tercer año cuando por fin su producción es completa. De ahí que no resulta difícil de entender que Maurice, y sobre su hijo, ha pasado de vivir a sobrevivir: “En seis años, nuestro hijo ha perdido el 44% de sus ingresos por los riesgos climáticos”. Las enfermedades, más virulentas en plantas vulnerables, han empeorado las cosas, lo mismo que las restricciones en las ayudas destinadas a preservar las capas freáticas. De un año a otro, las espigas malvas y olorosas han emigrado al norte y ahora “se arrancan más de las que se plantan”.

De dinero, Maurice no habla. No quiere “un recurso financiero, sino poner en marcha un movimiento sobre estos peligros climáticos, perjudiciales para mucha gente”. La movilización ciudadana ¿no ha permitido logros en la capa de ozono o en los productos fitosanitarios?, de ahí que se pregunta por qué no ir más lejos. Y tratar de salvar el clima con la fuerza del derecho.

Algunos se ríen para sus adentros, burlándose de una acción que va a llevar años para, quizás, alumbrar un ratón. Sin embargo, la vía elegida por Maurice Feschet y el resto de demandantes está lejos de ser marginal. Se inscribe en un movimiento mucho más amplio, iniciado hace una década, el de la justicia climática. Niños norteamericanos, portugueses, ugandeses o colombianos, abuelas suizas, un granjero peruano, ciudadanos neerlandeses, Greenpeace o el alcalde de nueva York: todos tienen en común haber recurrido a los jueces nacionales para proteger el clima. A tal punto que el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia contabiliza ahora más de un millar de procedimientos judiciales, el 75% de ellos en Estados Unidos. El movimiento empezó a dar sus frutos en 2015. Ese año, en Lahore, un agricultor pakistaní consiguió que la Justicia aprobase la creación de un consejo climático para obligar al Gobierno a actuar. A 8.000 kilómetros al Este, en un tribunal de La Haya, la fundación Urgenda logró que los Países Bajos fuesen condenados por sus insuficientes esfuerzos contra el calentamiento climático. El llamamiento de este último caso se juzgará el lunes en los Países Bajos. Estos inesperados éxitos han dado alas (e ideas) a las asociaciones que trabajan en defensa del clima y a los juristas medioambientales. Gracias a su larga tradición en procesos judiciales, Estados Unidos se llevan la palma en el número de recursos presentados –más de 800 causas–, mientras que la UE, hasta ahora, se había quedado al margen. Una demanda así va a obligar al Parlamento y al Consejo europeos a justificarse en sus contradicciones, ¿cómo explicarán la brecha existente entre el discurso ecologista extremadamente ambicioso llevado a escala internacional y las medidas insignificantes decididas internamente?

Sin embargo, antes de poder ni siquiera pensar en luchar en el ruedo judicial, los demandantes tendrán que superar el trámite de la admisión. En otros términos, el Tribunal tendrá que decir si acepta el recurso. Sin embargo, hay una cuestión que podría molestar a los magistrados europeos. Efectivamente, el recurso presentado el jueves en Luxemburgo tiene una particularidad: afecta a ocho familias europeas (de Portugal, de Francia, de Italia, Alemania y Rumania), una asociación sueca, pero también una familia keniata y otra originaria de las islas Fidji. Así, la familia Guyo, que vive de la cría de cabras en un pueblo al norte de Kenia, dice estar “preocupada por la salud y la vida de sus hijos bajo oleadas de calor más frecuentes y más extremas: durante los periodos más cálidos, en que las temperaturas suben hasta los 40ºC, los niños sufren erupciones cutáneas en la piel, dolores de cabeza frecuentes y trastornos del sueño. Durante la estación cálida en 2017, los niños no podían ya caminar e ir a la escuela porque el calor se había hecho insoportable”.

La idea defendida por los demandantes es que la responsabilidad de la UE, en materia de emisiones de gas de efecto invernadero, no se limite a las fronteras de Europa. Porque el CO2 o el metano emitido en París o en Varsovia contribuye al cambio climático mundial cuyos efectos mundiales se dejan sentir en Nairobi o en otros lugares. “La UE tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos en su territorio al máximo de sus capacidades, pero también los derechos de los ciudadanos que en el mundo sufren por el cambio climático”, justifica Marie Toussaint, que preside la asociación francesa Notre affaire à tous [Asunto de todos].

Pero la cuestión para la Justicia europea será decidir si puede pronunciarse sobre la situación ciudadanos exteriores a la UE. Si bien el simbolismo seduce, jurídicamente, el riesgo puede hacer peligrar todo el recurso. “La cuestión de la admisibilidad es un desafío cierto”, dice el jurista Laurent Neyret, especializado en cuestiones climáticas, más aún por cuanto en Europa, las demandas interpuestas por ciudadanos son escasísimas.

El profesor universitario destaca además “el modo de reparación original” elegido por los demandantes: lejos de las compensaciones financieras reclamadas, por ejemplo, por la ciudad de Nueva York a las compañías petroleras por su responsabilidad en el cambio climático, ya que se trata de una “reparación por una acción reforzada para la protección del clima”. Lo importante para la sociedad civil es “demostrar que está vigilante y que es acreedora de las instituciones en materia de protección climática”. Habrá que ver si los responsables europeos saben escuchar este grito ciudadano.

 

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Traducción: Mariola Moreno

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