Qué es el pago de derechos de emisiones y por qué se amplía ahora a edificios, coches y buques
El pago de los derechos de emisiones funciona en la Unión Europea desde 2005, pero todavía tiene numerosos agujeros que a lo largo de esta década se tienen que cerrar. Las fábricas y las centrales eléctricas pagan desde hace años por contaminar la atmósfera, las aerolíneas comenzaron a hacerlo recientemente, y ahora llega el turno del sector marítimo, el transporte por carretera y los edificios. El Consejo de Ministros aprobó este martes la introducción del mecanismo de derechos de emisiones para estos tres sectores en España. Los barcos empezarán a pagar por contaminar en 2025, mientras que los coches y las viviendas lo harán en 2027. En todo caso, estos derechos no tendrán que abonarlos los consumidores, sino las empresas que comercializan la gasolina que usan los vehículos y el gas natural que se quema en los hogares, aunque trasladarán ese coste al precio final del producto.
Estos cambios provienen de la directiva europea de derechos de emisiones, que obliga a las compañías a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que expulsan a la atmósfera en su actividad. Estos permisos son cada año más limitados en el continente, y las empresas que quieren contaminar tienen que pelearse por ellos y pagar más para obtenerlos, una forma de incentivar la reducción de emisiones. Esta competencia por los permisos disponibles se refleja en su precio. Emitir una tonelada de CO₂ en 2020 costó alrededor de 27 euros, este año serán unos 65 euros, y se espera que en 2030 se alcancen los 150 euros, según estima Bloomberg. También se entregan permisos gratuitos a las empresas que renuevan su maquinaria para descarbonizarse para que puedan venderlos en el mercado y compensar su costosa inversión.
El año pasado, la directiva europea de derechos de emisiones se endureció mediante una reforma que introdujo al sector marítimo, a los edificios y al transporte por carretera en el sistema, que hasta entonces se habían quedado fuera para minimizar el impacto de esta normativa en los hogares, puesto que encarece el transporte y la vida en general. También se estableció que los sectores ya afectados por el mecanismo (industria y sector eléctrico) tendrán que reducir gracias a este mecanismo sus emisiones totales en la Unión un 62% respecto a 2005, comparado con el objetivo previo del 43%. Hasta ahora, el sistema de bonos contaminantes cubre ya a 10.000 plantas industriales y centrales eléctricas, y a unas 390 aerolíneas.
De los tres sectores que se estrenan en el mecanismo de emisiones, el marítimo será el primero en empezar a pagar por contaminar. Lo harán tanto los barcos que muevan pasajeros como mercancías, y abarcará a viajes dentro de la Unión y a rutas a terceros países que empiecen o acaben en Europa. La decisión de introducir al transporte marítimo en este sistema se tomó porque supone entre el 3% y 4% de las emisiones totales de la Unión Europea. Este mecanismo siempre se ha caracterizado por ser gradual para minimizar su impacto en la economía comunitaria y por ahora solo aplicará a buques con una capacidad superior 5.000 toneladas, y hasta 2027 no pagarán por el 100% de sus emisiones. El año que viene solo abonarán el equivalente al 40% del CO₂ que expulsen.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó este martes el proyecto de ley que llevó al Consejo de Ministros, y señaló que estos cambios tienen como meta cumplir con el Pacto Verde europeo. "El sistema de comercio de derechos de emisiones ha sido una de las medidas más efectivas en la reducción de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Ha sido actualizado para conseguir que las emisiones de Europa en 2030 alcancen una reducción del 55% frente a 2005", señaló la vicepresidenta tercera.
Los edificios y del transporte rodado también estarán cubiertos a partir de ahora con estos bonos contaminantes, pero con un mecanismo separado del utilizado por el resto de sectores, llamado European Trading System 2 (ETS2). Su funcionamiento será similar al que ya funciona con la industria y la aviación, pero en vez de ser el cliente final el que paga los derechos de emisiones, lo hará la empresa que comercialice el combustible, ya sea una empresa petrolera o una gasista. La Unión ha decidido cobrar también por contaminar al sector residencial y del motor porque son dos grandes fuentes de gases de efecto invernadero. La Agencia Europea de Medioambiente calcula que el 35% de las emisiones energéticas en los Veintisiete proceden de los edificios, principalmente por calefacción y cocinas de gas, mientras que los vehículos de ruedas emiten el 77% de las emisiones del transporte europeo. Gracias al sistema ETS2, se espera que la contaminación de estos dos sectores descienda en 2030 un 42% frente a 2005.
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En todo caso, la entrada de los edificios y del transporte rodado en el mecanismo de pago por contaminación será progresiva. El año que viene las empresas que comercializan gas, gasolina y diésel para hogares y vehículos terrestres tendrán que empezar a medir las emisiones derivadas con su negocio, y no será hasta 2027 cuando empiecen a pagar por el impacto de estos gases. Además, durante los dos primeros años habrá una cláusula para evitar que los derechos suban por encima de los 45 euros por tonelada de CO₂.
Para compensar el impacto que tendrán estos derechos de emisión sobre el precio de los combustibles, el sistema ETS2 irá acompañado del llamado Fondo Social para el Clima, un presupuesto de 87.000 millones de euros a lo largo de siete años y financiado por los ingresos de la venta de bonos contaminantes y de los presupuestos nacionales que se destinará a medidas de eficiencia energética, movilidad eléctrica e instalación de paneles solares, calderas eléctricas y bombas de calor.
Paralelamente, Teresa Ribera anunció que España también va a incorporar, a través de la directiva europea, el mecanismo de ajuste de frontera de carbono para que los productos con altos niveles de contaminación en su producción que entren de terceros países en la Unión Europea también paguen derechos de emisión. El objetivo es que la industria europea no sea la única que sufra este sobrecoste y no pueda competir con la exterior, aunque hasta 2026 no se activará este pago en frontera.
