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Cuatro ayuntamientos de PP y Vox perderán 16 millones de la UE si eliminan carriles bici y zonas antipolución

Ciclistas en un carril bici.

El pacto de Gobierno del PP y Vox para la Alcaldía de Elche incluye el desmantelamiento de los carriles bici de la ciudad y del proyecto de zona de bajas emisiones que ultimaba el anterior alcalde socialista. Este acuerdo es el primero que se ha conocido entre las dos formaciones tras las elecciones municipales de mayo y abre la puerta a que esta coalición frene en otros consistorios medidas contra la contaminación, lo además de poner en riesgo la salud de los ciudadanos, supone vulnerar la Ley de cambio Climático. También implicará que los ayuntamientos pierdan millones de euros en ayudas europeas para modernizar las ciudades: los cuatro grandes municipios que gobernarán juntos PP y Vox se juegan 16,12 millones en fondos Next Generation. 

El Ayuntamiento de Elche recibió hace un mes y medio el visto bueno del Ministerio de Transportes para acceder a 5,14 millones de ayudas europeas para instalar su zona de bajas emisiones (ZBE) para vehículos contaminantes, ampliar los carriles bici y aumentar su red de bicicletas públicas. Estos fondos permitieron al anterior Gobierno de Elche aprobar a finales de mayo su esperado Plan de Movilidad Urbana, un documento con el que esperaban "garantizar barrios mucho más amables, saludables y verdes", y que PP y Vox ya ha dicho que va a sustituir por uno centrado en los aparcamientos en superficie. 

En otros ayuntamientos donde PP y Vox irán en coalición ocurre lo mismo, aunque los dos partidos aún no han anunciado cuáles son sus intenciones en movilidad y agenda verde. A Alcalá de Henares le han concedido 4,8 millones para implantar la fase dos de su ZBE, a Valladolid 4,63 millones para mejorar su ZBE y mejorar su red ciclista, y a Burgos 1,54 millones para construir dos carriles bici en el centro de la ciudad. 

Todas estas obras que tendrán que estar finalizadas antes de enero de 2025, por lo que su puesta en marcha caerá de lleno en la próxima legislatura. Los fondos europeos aún no han llegado, sino que por ahora solo se han concedido de forma provisional en una lista elaborada por el Ministerio de Transportes el pasado 18 de abril, y según fuentes de esta cartera, se está trabajando ya en la lista final de concesiones, que no debería demorarse. "Si algún ayuntamiento no quiere realizar las obras para las que se les ha concedido la ayuda, tendrá que comunicarlo de forma proactiva", advierten desde este ministerio.

Esta financiación es clave para que ayuntamientos con un presupuesto limitado puedan acometer grandes reformas en el municipio. Por ejemplo, en el caso de Elche, la partida que en teoría recibirá de los fondos Next Generation cubre el 90% de lo que costarán las obras para modernizar el tránsito de vecinos por la ciudad. Además de la ZBE y la promoción de la bicicleta, está proyectada la compra de seis autobuses eléctricos, la mejora de la infraestructura peatonal y la instalación de ocho medidores de contaminación aérea y acústica, aunque estas medidas también quedan a la espera de lo que haga el nuevo Gobierno local. 

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Los 16,8 millones son solo una pequeña parte de todos los fondos europeos para ayuntamientos que quedan en el aire en la próxima legislatura. Grandes ciudades como Sevilla, Valencia, Vitoria, Tarragona o Granada pasan al PP y recibirán decenas de millones para gastar en actuaciones verdes que solicitaron los anteriores dirigentes, por lo que estará en manos de los populares ejecutar las obras o renunciar a los fondos.

Además de poner en juego la llegada de ayudas europeas, acabar con los proyectos de zonas de bajas emisiones supone saltarse el real decreto 1052/2022 aprobado el pasado 27 de diciembre, aunque las sanciones están poco claras. Según el Ministerio de Transición Ecológica, desmontar una ZBE supone una sanción grave de la ley de tráfico, que contempla una multa de 200 euros a cada coche que acceda a una zona restringida con un vehículo inadecuado, aunque esa norma no recoge multas al Ayuntamiento, el que se ha saltado la responsabilidad de establecer la zona. "El Gobierno está luchando en Bruselas para que la normativa de calidad de aire sea mucho más exigente, mientras la derecha pretende obviar la contaminación y poner trabas a las políticas que pretenden poner freno a la emergencia climática", trasladan desde ese ministerio. 

Además de legislar sobre las zonas de bajas emisiones, los gobiernos locales que ahora se están conformando tendrán que introducir otras normativas relacionadas con el medioambiente y la salud que Vox no podrá esquivar. Por ejemplo, todos los ayuntamientos de más de 150.000 habitantes deben tener un protocolo anticontaminación para prevenir y atajar episodios de exceso de partículas finas, dióxido de nitrógeno (NO₂), ozono y dióxido de azufre. De los 149 consistorios que componen la lista, apenas una treintena tienen normas para atajar la contaminación atmosférica, y ninguno tiene uno tan completo como el que se exige en el real decreto 34/2023, aprobado el pasado enero. También es obligatorio, según la Ley de Cambio Climático, que todos los municipios de más de 20.000 habitantes y menos de 50.000 tengan una ley de movilidad sostenible.

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