El juez Ruz da por acreditada la financiación ilegal del PP y el pago de sobresueldos

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado por concluida la investigación de la pieza llamada papeles Barcenas y acredita la existencia de la caja B del Partido Popular, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre y que pone en evidencia a María Dolores de Cospedal, que hace dos meses llegó a asegurar: "Si hay una caja B, no es del PP, sino de la persona que la llevaba", en referencia al extesorero del PP Luis Bárcenas. 

Por el contrario, Ruz confirma que desde 1990 y hasta al menos 2008 el PP se benefició de diversas fuentes de financiación "ajenas al circuito económico legal”.

El auto especifica que el PP operó con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero: "Al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B. Estas sumas no se integraron ni en los libros contables ni fueron declaradas a la Hacienda Pública", indica el auto.

"Complementos de sueldo"

Además, el magistrado constata el destino de este dinero negro: "El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido”.

Todas las sociedades que fueron registradas en la contabilidad paralela como donantes del PP, recuerda el auto, mantenían contratos vigentes de prestación de servicios o realización de obras o suministros para la Administración Pública en el momento de efectuarse las aportaciones: "Habiendo resultado todas ellas adjudicatarias de contratos por Administraciones Públicas gobernadas por el PP durante el periodo temporal comprendido entre 2002 y 2009".

El magistrado propone llevar a juicio a seis personas, tres de ellos del Partido Popular: los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y el exgerente de la formación política Cristóbal Páez.

Además, Ruz procesa a los dos responsables de la empresa Unifica, los administradores Álvaro Urquijo y Belén García y la empleada de la misma, Laura Montero.

1,5 millones en negro

La firma Unifica fue la encargada de realizar la remodelación de la sede nacional del PP, en la madrileña Calle de Génova, 13. En concreto, el magistrado cifra en 1.552.000 euros el pago total realizado por el PP en negro a Unifica en B por las obras en la sede del partido de Mariano Rajoy.

Pablo Ruz les imputa delitos contra la Hacienda Pública, tanto por parte de Unifica, (por el impuesto de sociedades de 2007 y el IVA de 2010) como por parte del PP, por el impuesto de sociedades de 2008, al no haber declarado las donaciones presuntamente recibidas en dicho ejercicio, sin perjuicio de la cooperación de los responsables del PP en la comisión de los delitos atribuidos a Unifica.

Asimismo, a Bárcenas y Lapuerta se les imputa un delito de apropiación indebida. Mientras que a los responsables de Unifica les acusa del delito de falsedad documental. El juez considera presuntos responsables civiles subsidiarios de los delitos cometidos por los procesados al PP y a la empresa Unifica. 

Prevaricación en Toledo

Por otra parte, el magistrado incoa una pieza separada y se inhibe a un juzgado de Toledo para que investigue el expediente de limpieza de Toledo en el que se adjudicó a la empresa Sufí el servicio de basuras. Ruz aprecia indicios de un delito de prevaricación.

"En el momento presente no se cuentan con elementos indiciarios suficientes que justifiquen la investigación de aforados, cuya competencia seria del TSJ de Castilla La Mancha", explica el juez Ruz según un comunicado oficial.

200.000 euros

De esta forma, Ruz descarta de momento imputar cualquier delito a María Dolores de Cospedal, que fue acusada por Bárcenas de haber recibido 200.000 euros de forma ilegal en 2007 para su campaña electoral en Castilla-La Mancha.

El juez acuerda el sobreseimiento provisional y parcial de los 22 imputados restantes, entre ellos empresarios y el ex secretario general del PP Ángel Acebes.