Pedro Sánchez y la dirigencia socialista tienen una necesidad enfermiza de demostrar que poseen eso que han dado en llamar sentido de Estado. Es tan intensa su pulsión por estar siempre del lado del Gobierno en asuntos vidriosos como Cataluña o Alsasua que las explicaciones electoralistas resultan insuficientes. ¿Es que tienen algo que hacerse perdonar? ¿Su pasado rojillo? ¿Tal vez sus deudas con los bancos? O quizá esté en lo cierto un amigo mío que dice que, de tanto viajar hacia el centro y de tanto compartir almuerzos con banqueros y grandes empresarios, los jerarcas socialistas han terminado por pensar y sentir en muchas cosas como la gente de derechas.
Lo cierto es que la calidad de la democracia española, que ya era mediocre y ha pasado a ser baja, está pagando la factura del ansia de respetabilidad institucional de Sánchez y los suyos. No les escuchamos condenar alto y claro su deriva autoritaria, su cotidiano viaje hacia la Turquía de Erdogan. Al contrario, en casi todos los casos conflictivos en materia de libertades y derechos, están del lado del Gobierno. Se han hecho tan partidarios de la ley y el orden que incluso pueden desbordar al PP por la derecha, como cuando Margarita Robles se mostró comprensiva con la censura de obras de arte en ARCO.
En febrero de 2015, tras el atentado en París contra la revista Charlie Hebdo, el entonces recién llegado Pedro Sánchez corrió a hacerse una foto con Mariano Rajoy firmando un enésimo pacto antiterrorista. Ya en su día, algunos señalamos que aquello iba a servir bien poco para luchar contra el yihadismo –no impidió los atentados de Barcelona y Cambrils–, pero bendecía la actitud crecientemente represiva del PP. De aquella foto salió, entre otras cosas, una delirante ampliación del concepto de terrorismo.
Ahora manifestarse sin permiso, cortar calles o carreteras, quemar contenedores, hacer chistes sobre ciertas cosas, incluir determinadas expresiones en obras de ficción, incluso declararse explícitamente en contra del régimen del 78 puede llegar a ser considerado terrorismo por algún fiscal o juez susceptible. Ya le ha ocurrido a una activista de los CDR catalanes y, aunque un magistrado haya atajado de momento ese disparate concreto, puede volver a ocurrirle a ella o a cualquier otro. Hoy mismo, unos jóvenes de Alsasua están siendo juzgados como terroristas por lo que parece ser una agresión de borrachos en una taberna durante unas fiestas patronales.
Jamás he protagonizado una reyerta semejante, pero ahora ya soy consciente de que si lo hiciera y el otro fuera un policía o un guardia civil, podría ser acusado de ser un peligroso émulo de ETA y Al Qaeda. Posibilidad reforzada por mi condición de crítico con el sistema vigente. Y es que ahora los jueces españoles no están obligados a atenerse a los hechos, también pueden tomar en consideración las malvadas intenciones ocultas del reo. Es lo que parece estar practicando Llarena, para pasmo de muchos juristas españoles y europeos.
A los dirigentes socialistas nada de esto parece alarmarles. Ellos repiten la cantinela oficial de que la ley es la ley y hay que cumplirla. Bueno, sí, pero las leyes también pueden cambiarse; de hecho, los contribuyentes les pagamos a los políticos para que las cambien cuando se manifiestan obsoletas o inadecuadas para resolver problemas, como sucede clamorosamente en el caso catalán. A los políticos progresistas les pagamos, además, para que las cambien en una dirección que implique mayor libertad e igualdad.
También corean Sánchez y los suyos el mantra oficial de que España es “una democracia consolidada”. Parece mentira que no sepan que ninguna de ellas lo es, que todas son susceptibles de regresiones autoritarias. A veces, brutales, como las de España en 1936 o Chile en 1973. A veces, parciales y paulatinas, regresiones de cuello blanco como las que sufren en los últimos lustros casi todas las del mundo. El concepto de democracia autoritaria –aquella en que los gobernantes ganan las elecciones, pero faltan elementos como una verdadera separación de poderes o una prensa libre– es muy del siglo XXI.
Creo haberlo escrito aquí mismo: no hay ninguna razón para proclamar que España está vacunada contra cualquier involución represiva. Este país tiene la historia que tiene. Se perdió la Reforma protestante, la Ilustración, las revoluciones burguesas y el Plan Marshall, y, en cambio, fue la cuna de Torquemada, Primo de Rivera y Franco.
Que un partido de raíz franquista se sume con entusiasmo al clima liberticida universal, entra dentro de lo lógico. Pero a mi me apena que el partido fundado por Pablo Iglesias Posse le siga la corriente. No me sorprende, que conste, pero me apena. Entre otras cosas porque, al final, los socialistas son los siguientes en la lista de sospechosos.
Pedro Sánchez y la dirigencia socialista tienen una necesidad enfermiza de demostrar que poseen eso que han dado en llamar sentido de Estado. Es tan intensa su pulsión por estar siempre del lado del Gobierno en asuntos vidriosos como Cataluña o Alsasua que las explicaciones electoralistas resultan insuficientes. ¿Es que tienen algo que hacerse perdonar? ¿Su pasado rojillo? ¿Tal vez sus deudas con los bancos? O quizá esté en lo cierto un amigo mío que dice que, de tanto viajar hacia el centro y de tanto compartir almuerzos con banqueros y grandes empresarios, los jerarcas socialistas han terminado por pensar y sentir en muchas cosas como la gente de derechas.