A los jueces se les atribuyen cualidades éticas casi divinas, en las que cualquier duda sobre su imparcialidad ofende. Pero son simples mortales, como el resto, y en tiempos de polarización muchos han decidido usar las togas para responder al mandato de Aznar, llamado a saltarse todas las normas con tal de hacer caer al legítimo gobierno de Sánchez. No es nuevo. La ofensiva judicial de las últimas semanas, en la que se ha actuado con la coordinación de un equipo de natación sincronizada, y en la que se pinta al PSOE como la banda de Alí Babá y los 40 ladrones, llama la atención.
Pierde Juanma Moreno el domingo 17 de mayo la mayoría absoluta en Andalucía y el martes 19 de mayo el juez Calama de la Audiencia Nacional imputa por primera vez a un presidente del Gobierno por organización criminal nada menos y la UDEF registra su despacho. A los pocos días las joyas que encontraron en la caja fuerte son portada en todos los medios. Cualquiera diría que al frente hay un equipo de periodistas de última hora, actuando con la mayor rapidez posible para colocar bien la noticia.
Entre medias, se celebra el juicio de la Kitchen. Una operación montada dentro de la policía en la que están implicados el ministro de Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado y comisarios e inspectores para arrebatar información a Bárcenas que apuntaba a la corrupción del PP durante años. Un escándalo descomunal en el que aflora hasta dónde llegan las cloacas del Estado y cómo quienes se supone que protegen a la población se comportan como una banda organizada. Un ejemplo cristalino de cómo el Gobierno popular y el Partido Popular intentaron desestabilizar procesos judiciales.
Pierde Juanma Moreno el domingo 17 de mayo la mayoría absoluta en Andalucía y el martes 19 de mayo el juez Calama de la Audiencia Nacional imputa por primera vez a un presidente del Gobierno por organización criminal nada menos
Desbaratar procesos judiciales es lo que atribuye el juez Pedraz a Leire Díaz y a Santos Cerdán. El caso no es bonito, desde luego, y tiene ese aire cutre que envuelve a Cerdán, y por supuesto que hay que investigarlo. Pero la asimetría es evidente. Y si se trata de interferir y desestabilizar a la justicia, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, debería ser investigado. Es una máquina de arrojar sospechas sobre la imparcialidad de los procedimientos. Lanza bulos, que luego parecen funcionar como doctrina en los tribunales, y además se jacta de ello, como hizo en el juicio al fiscal general. No solo presumió de conocer la sentencia antes de que se hiciera pública, sino que justificó haberse inventado que la Fiscalía había dejado de negociar con el novio de Ayuso por órdenes de arriba porque “tengo el pelo blanco”. Una afirmación que desencadenó todo el conflicto. Y sin embargo, ahí sigue intoxicando.
Volvía a correr por las redes esta semana el caso de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, que en 2019 logró la plaza de directora del Conservatorio de Danza de Málaga, a pesar de tener peor puntuación que otra candidata que rozaba los 50 puntos frente a sus 38 puntos. De nada sirvió la denuncia de la candidata mejor valorada, porque la fiscalía lo archivó al considerar lícito observar cierta discrecionalidad. Es decir que se permitió el nombramiento a dedo. Si se compara con el juicio sumarísimo al hermano del presidente del Gobierno, la desproporción es notable. Sobre todo porque Pedro Sánchez no estaba en la Moncloa ni se le esperaba cuando logró la plaza como coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz, por la que se le acusa de tráfico de influencias. Pero la jueza Beatriz Biedma no está por soltar el hueso, al igual que Peinado. Solo soltarán la presa cuando se hayan convocado nuevas elecciones y PP-Vox dirija el país, como Dios manda y la gente de bien demanda.
A los jueces se les atribuyen cualidades éticas casi divinas, en las que cualquier duda sobre su imparcialidad ofende. Pero son simples mortales, como el resto, y en tiempos de polarización muchos han decidido usar las togas para responder al mandato de Aznar, llamado a saltarse todas las normas con tal de hacer caer al legítimo gobierno de Sánchez. No es nuevo. La ofensiva judicial de las últimas semanas, en la que se ha actuado con la coordinación de un equipo de natación sincronizada, y en la que se pinta al PSOE como la banda de Alí Babá y los 40 ladrones, llama la atención.