Marlaska
Fernando Grande Marlaska, de profesión juez y de oficio temporal ministro del Interior, está siendo objeto de crítica estos días, a cuenta de una anticipada sentencia del Tribunal Supremo (qué maldita manía la de anticipar textos que no se presentan completos al tiempo) y también de anteriores controversias (la “valla de Melilla” y la dimisión de la directora de la Guardia Civil). En la política, quizá más aún si se trata de asuntos de seguridad nacional, uno ha de estar preparado para afrontar los ataques y venir llorado de casa. El ministro no sólo no se ha dejado tumbar por las peticiones de dimisión de la oposición, sino que ha reivindicado su trabajo y ha anunciado que seguirá haciéndolo mientras no se lo impidan.
Empezando por lo más reciente, el Supremo ha publicado el jueves la sentencia que exige que se reponga en su puesto al coronel Pérez de los Cobos, que fue cesado por Marlaska por haber perdido la confianza del ministro. Es literalmente absurdo que un tribunal, por supremo que sea, pueda obligar a un ministro de Interior, máximo responsable de la seguridad doméstica, a reponer a alguien en un puesto crucial, como es el de responsable de la Guardia Civil en Madrid. Se da por hecho que el coronel no volverá a ejercer ese puesto bajo el mando de Marlaska, pero mientras, en lugar de aceptar con disciplina su cese, Pérez de los Cobos ha preferido iniciar una guerra con su superior, que ha ganado al menos de momento.
Quizá alguien actuó con ingenuidad explicando que el cese de De los Cobos se había producido tras saber el ministro que se estaba investigando al delegado del Gobierno en Madrid por haber autorizado la manifestación del Día de las Mujeres en las vísperas del confinamiento nacional. Basta que un ministro no tenga confianza en sus subordinados más directos para que el sentido común, la ley y la costumbre le permitan cesarlos sin demasiada explicación. Tratándose además del mismo coronel que ha tenido, con socialistas y populares, responsabilidades tan altas como la represión del referéndum ilegal en Cataluña, o la asignación de un importante volumen de fondos reservados, se justifica aún más que el ministro del Interior haga uso de su discrecionalidad para determinar si debe o no estar ahí.
Por eso, a pesar de lo llamativo de los titulares, que hablan de “varapalo judicial”, todo apunta a que Marlaska debe y puede estar tranquilo: se ha limitado a cesar a un servidor público en un puesto que requiere confianza además de pericia. Y no deberíamos castigarle por ello. Más bien parece que el propio coronel debería haber asumido el cese con más espíritu castrense y sin generar este ruido inútil.
La controversia sobre el cese de De los Cobos se ha producido pocos días después de que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, dimitiera porque su esposo está siendo investigado en un caso de corrupción que nada tiene que ver con ella. ¿Y bien? ¿Por qué habría de sentirse aludido Marlaska por esa renuncia, si no es para enorgullecerse? La propia afectada ha afirmado que renuncia para no hacer daño a su familia ni a la Guardia Civil. Para el PP la respuesta no ha sido satisfactoria, por supuesto, y porfía en pedir explicaciones adicionales, que no existen. Es tan extraña la política que la renuncia de una profesional como Gámez, por motivos “profiláxicos” (usando el término del propio Marlaska), en manos de adversarios tan agresivos como el PP o Vox, puede extender la sombra de la sospecha.
Es literalmente absurdo que un tribunal, por supremo que sea, pueda obligar a un ministro de Interior, máximo responsable de la seguridad doméstica, a reponer a alguien en un puesto crucial
Los eventos de la valla de Melilla, sucedidos hace un año, son mucho más complejos y relevantes y es evidente que admiten algunas afirmaciones taxativas y también matices. Sin duda los progresistas y las buenas personas en general recibimos con consternación las imágenes de aquellos migrantes muertos o heridos en el asalto de la valla que separa Europa de Africa, España de Marruecos. Con repugnancia vimos las fotografías de las porras de los policías marroquíes y el amontonamiento de cientos de cuerpos malheridos y exhaustos de hombres que huyen de la guerra y el hambre de sus países. Y con muchas dudas recibimos también las noticias de devoluciones “en caliente” contrarias al Derecho Internacional y las denuncias de las organizaciones internacionales.
Pero si aceptamos el veredicto de la Justicia a propósito del cese de un alto mando de la Guardia Civil, deberíamos también acatar con respeto el archivo de la investigación que inició la Fiscalía a propósito de los eventos de Melilla, que determinó que la actuación de los agentes españoles fue proporcionada.
Y luego vienen las comparaciones: el trabajo del primer ministro del Interior del Gobierno de Sánchez, un hombre intachable en su vida profesional y un juez impecable y valiente que ha plantado cara a ETA durante años y que se ha mostrado siempre frío y neutral mientras juzgaba, contrasta con algunos de sus antecesores del Gobierno del PP. Juan Ignacio Zoido, juez como él, pero vinculado a la política partidista desde mucho antes, sólo dejó en el Ministerio una decisión notable: no aceptar la retirada de la medalla al mérito policial a Billy el Niño, el siniestro torturador de las postrimerías del franquismo (que sí retiró Marlaska años después).
De Jorge Fernández Díaz qué podemos decir: político profesional desde sus años mozos, ferviente católico protegido por un ángel personal que se llama Marcelo, y que considera que la política es “un magnífico campo para el apostolado, la santificación y el servicio a los demás”. La labor de apostolado no es una metáfora: recordemos que concedió la Medalla al Mérito Policial a la hermandad malagueña de María Santísima del Amor y la Cruz de Plata de la Guardia Civil a la Virgen de los Dolores de Archidona. Esas excentricidades palidecen, claro, cuando se comparan con otras presuntas decisiones en el Ministerio: espiar al ex tesorero Bárcenas cuando éste estaba informando ya de las tropelías del Partido Popular, o montar todo un tinglado para denunciar en falso a los independentistas catalanes y otros enemigos de la patria (el auténtico Diablo, según afirmó que le había dicho el papa Benedicto XVI).
Ante semejantes precedentes y sin necesidad de ellos, uno se queda con Fernando Grande-Marlaska.
