Lo primero que uno se pregunta al leer los escritos de Peinado es si no tendrá el juez un sobrino o alguien que haya aprobado el Bachillerato y que pudiera revisarle la sintaxis y la ortografía. Y eso no es poca cosa, porque la claridad en el lenguaje jurídico, por respeto a nuestra lengua y a las partes implicadas en el proceso, es una norma básica que deben cumplir jueces y fiscales por igual. Con esta redacción, el juez no habría aprobado el examen escrito no digo ya de unas oposiciones a Judicatura, sino siquiera el requerido para puestos de menor enjundia. Entendemos las prisas por comunicar a la esposa del presidente del Gobierno sus cuatro presuntos delitos, coincidiendo con sus viajes oficiales, como ha hecho en otras ocasiones, pero, por dios, media hora para una revisión mínima previa…
Entrando en cuestiones de fondo, la impresión que yo tengo observando esa obsesiva y larga búsqueda de ilegalidades en el comportamiento de la esposa del presidente del Gobierno es similar a la que me provocan sus deficiencias gramaticales: también en la instrucción misma Peinado es propenso al error.
Ha atendido una querella procedente de recortes de prensa repletos de conjeturas y falsedades, formulada por organizaciones de extrema derecha que se dedican precisamente a llenar los juzgados de basura. Ha citado a decenas de testigos y ha pretendido imputar luego a alguno de ellos, ilegalidad por la que el juez merecería no la reprimenda de sus superiores, que la tuvo, sino la inmediata inhabilitación. Ha querido multar a periodistas por publicar información sobre sus decisiones. Ha tomado declaración al mismísimo ministro de Presidencia en un interrogatorio surrealista. Según se ha publicado, se hizo poner una tarima para ubicarse físicamente por encima del testigo. Sabiendo que obviamente no declararía en contra de su esposa, se plantó sin embargo en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno, armando un revuelo extraordinario, que abrió ediciones en medio mundo.
Todo para concluir que Begoña Gómez ha usado sus contactos para montar un curso de responsabilidad social de las empresas en la Universidad Complutense de Madrid, con ayuda gratuita de compañías como La Caixa, Reale, Google, Indra, Telefónica y otras, y que lo ha hecho con la colaboración de la asistente personal que desde tiempo inmemorial ayuda a las esposas de los presidentes del Gobierno en su vida diaria. Eso es todo. ¿Se ha hecho millonaria en el proceso Begoña Gómez? Por ejemplo, ¿se ha embolsado dos millones de euros en comisiones por la compraventa de mascarillas a un proveedor relevante del Estado, tras una decisión del Consejo de Ministros que presidía su pareja, como hizo González Amador con el grupo Quirón en la Comunidad de Madrid? ¿Obtuvo Begoña Gómez pingües ganancias por poner a disposición una aplicación y una página web gratuita que ayudaba a las empresas a adoptar objetivos de desarrollo sostenible? ¿Se ha comprado la señora un cochazo o quizá un dúplex tras el pelotazo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué disparate es este?
Recordemos a las esposas de los presidentes del Gobierno desde Amparo Illana (Suárez) y Pilar Ibáñez (Calvo Sotelo) que no tuvieron actividad remunerada. Todas ellas tuvieron carreras profesionales sin duda meritorias, pero coincidiendo con la estancia de su esposo en la Presidencia del Gobierno, la sindicalista Carmen Romero (González) fue elegida diputada; la técnica de Administración Civil Ana Botella (Aznar), concejala de Madrid; la profesora de música y cantante Sonsoles Espinosa (Rodríguez Zapatero) fue reclutada en prestigiosas formaciones corales; la discreta empresaria Viri Fernández (Rajoy) fue contratada por Telefónica siendo su esposo ministro. Nadie discutió sus méritos ni cuestionó sus decisiones porque no hubo exceso alguno ni conducta reprobable.
Todas ellas tenían un o una asistente que ayudaba con las cosas de la casa, con la agenda institucional, con la familia y con los trabajos. El conductor las llevaba y las traía, al cine y de compras si era necesario. Los escoltas –probos guardias civiles y policías– vigilaban a las hijas y los hijos. Naturalmente, las señoras podrían recibir allí, en el Palacio, porque es su casa, a sus padres y hermanos y parientes lejanos, a los amiguitos de los niños, a los jefes y los colegas de trabajo. A quien les diera la santísima gana, solo faltaría. ¿O es que los cocineros y el jardinero debían abstenerse de prestar servicio al padre de Rajoy o a los de Zapatero? Si Begoña Gómez tenía que reunirse con el rector de la Universidad Complutense, ¿no podía hacerlo en su propia casa?
No quiero decir que no deban respetarse límites razonables en el uso de los recursos públicos, por supuesto. Ya digo que estaría muy feo que Begoña Gómez hiciera negocios y percibiera comisiones millonarias trabajando con algún importante proveedor del Estado, por ejemplo. Pero el comportamiento de Begoña Gómez, por lo que hemos sabido tras esta investigación prospectiva que Peinado ha promovido según muchos analistas, ha sido honrado, transparente y austero. Ha prestado servicios gratuitos, cobrando solo por sus clases como el resto de profesores. Es obvio que no ha habido un lucro desproporcionado ni robo ni desfalco ni daño a nadie. Registró a su nombre un software que no tiene utilidad comercial porque así lo pidió la propia Universidad. El juez fuerza los argumentos y hace conjeturas con aparente animadversión. Configura un juicio político bailándole el agua a los querellantes y dejándole la pelota en el punto de gol a Feijóo y a Abascal, que en el resto de asuntos no rematan ni un pase.
Miles de horas de inevitable cobertura en los medios de comunicación terminan generando un clima nauseabundo de supuesta corrupción que opaca el buen funcionamiento de un país
El presidente, aunque se ha rechazado su querella contra el juez, proclama su confianza en la Justicia, que “pondrá todo y a todos en su sitio”. Ojalá. Lamentablemente, puede suceder demasiado tarde, o no ocurrir. Hemos visto cómo cinco magistrados del Tribunal Supremo, frente a dos discrepantes, han firmado la condena del fiscal general del Estado, un hombre honorable, sobre la base de puros indicios y en contra de las contundentes afirmaciones de los testigos en contrario. A partir de ahí, todo es posible en la Justicia de nuestro país, repleta de jueces conservadores fuertemente sindicados.
Tanto en este caso como en el del hermano del presidente, que ha llevado una instrucción algo más discreta y ordenada pero también disparatada en las conclusiones, el resultado final es brutal. Meses y meses de investigaciones y filtraciones se acompasan con la acción política del PP y de Vox. El juzgado cita, toma declaraciones, se filtran autos y providencias, y al día siguiente Feijóo y Abascal preguntan en la sesión de control, o promueven con sus mayorías absolutas comisiones en el Senado o en la Asamblea de Madrid. Los medios conservadores se rasgan las vestiduras y multiplican el impacto… El propio proceso es la pena, porque se cuestiona de inmediato la honorabilidad del presidente y su limpieza. Entonces todo se mete en una coctelera en la que cabe un caso presuntamente cierto de corrupción –el único con visos de certeza, el que implica a Ábalos y Cerdán– que al agitarse compromete la credibilidad de todo el Partido Socialista y de su Gobierno.
Miles de horas de inevitable cobertura en los medios de comunicación terminan generando un clima nauseabundo de supuesta corrupción que opaca el buen funcionamiento de un país que puntúa bastante bien en los indicadores de estabilidad, institucionalidad y funcionamiento democrático. Un país, España, que además está en un buen momento económico, social e internacional.
Tener que recurrir a la familia del presidente, a una profesional que ya lo era de antes y a un director de orquesta con exquisita formación cuyo legado en favor de la ópera en Extremadura y en Portugal puede comprobarse con una simple búsqueda en Internet, es una constatación de la bajeza de las derechas españolas. Pero también es un síntoma de que Feijóo no merece dirigir España. Es una lástima –o una suerte, según se mire– que el PP no lo vea y se aferre a un candidato tan flojo. Porque el juez se jubila pronto y no pasará a la historia judicial si no es por sus desafueros. Pero Feijóo, por el momento, sigue entre nosotros y se propone como presidente del Gobierno. Cada día que pasa el puesto le viene más grande.
Lo primero que uno se pregunta al leer los escritos de Peinado es si no tendrá el juez un sobrino o alguien que haya aprobado el Bachillerato y que pudiera revisarle la sintaxis y la ortografía. Y eso no es poca cosa, porque la claridad en el lenguaje jurídico, por respeto a nuestra lengua y a las partes implicadas en el proceso, es una norma básica que deben cumplir jueces y fiscales por igual. Con esta redacción, el juez no habría aprobado el examen escrito no digo ya de unas oposiciones a Judicatura, sino siquiera el requerido para puestos de menor enjundia. Entendemos las prisas por comunicar a la esposa del presidente del Gobierno sus cuatro presuntos delitos, coincidiendo con sus viajes oficiales, como ha hecho en otras ocasiones, pero, por dios, media hora para una revisión mínima previa…