Este próximo martes el Gobierno aprobará el Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros y con una apuesta clara por incrementar la vivienda pública y asequible. Un plan imprescindible en cuya ejecución y eficacia el Gobierno de coalición se juega mucho. Pero la apuesta no puede quedarse aquí.
La próxima semana, el 28 de abril, llegará al Congreso de los Diputados el Real Decreto sobre la prórroga extraordinaria del alquiler que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo. Podría pensarse que es una votación rutinaria en la que, en todo caso, se establecerá nuevamente un pulso entre las izquierdas; pero es mucho más. Es un ejemplo de cómo las democracias se erosionan o fortalecen en función de decisiones como esta.
Conviene recordar que la gran promesa de las democracias es la lucha contra la desigualdad, o lo que es lo mismo, la apuesta por la equidad. La desigualdad actúa como un corrosivo para la cohesión social y, por tanto, como disolvente de la confianza y del espacio común.
La situación de propietaria/no propietaria determina hoy más la capacidad de ahorro que el nivel salarial
Pues bien, los últimos datos publicados por Oxfam –La vivienda, cimiento de desigualdades– apuntan a que los alquileres son hoy uno de los principales factores de desigualdad. Entre otras cosas, el estudio muestra que una persona propietaria con ingresos sobre 1.200 euros tiene más probabilidad de ahorrar que una inquilina que gane 2.000. Es decir, la situación de propietaria/no propietaria determina hoy más la capacidad de ahorro que el nivel salarial. Esta desigualdad se proyecta también sobre el futuro, dado que un 53% de las personas inquilinas consideran que nunca podrán acceder a una vivienda en propiedad.
Esta es la base de lo que se conoce como la “trampa del alquiler”: el 85% de las personas inquilinas destina más del 30% de sus ingresos al pago de la renta y una de cada tres supera el 50%. Entre los hogares con hipoteca, la presión también es muy elevada: el 62% dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, y una de cada cinco, el 50%, pero como puede verse, los inquilinos están atrapados, en efecto, en una trampa que les impide en buena medida salir de su condición de no propietarios, en caso de que quisieran, lo que a su vez les dificulta también su capacidad de ahorrar… la espiral de la desigualdad se activa.
Los problemas de acceso a la vivienda no son privativos de ningún colectivo. Ni de los jóvenes, ni de las grandes ciudades o las rentas más bajas. Afectan de forma transversal al conjunto del territorio, a todas las edades y a casi todos los niveles económicos (salvo las clases altas, nadie se libra). Ahora bien, hay sectores en los que golpea de forma especial, y el de los inquilinos es uno de ellos. De ahí la importancia que esta votación sobre la prórroga de los alquileres tiene en varios sentidos.
En primer lugar, para aliviar la situación de cerca de tres millones de personas, según el informe de Oxfam, que quedarían abocadas a un “desahucio invisible”, es decir, a tener que renunciar al alquiler ante la subida de precios de acuerdo a la evolución del mercado. Por otro lado, para mandar señales firmes de que en momentos de incertidumbre como el actual, y mientras se ponen en marcha políticas integrales de vivienda –como el plan que se prevé aprobar con más de 7.000 millones de inversión–, los más vulnerables en relación con la vivienda –y por extensión, con su capacidad de ahorro– sean protegidos de forma especial y prioritaria.
Podrá pensarse que esto es un parche y que no se pueden plantear medidas excepcionales permanentemente y, en efecto, así es. Sin embargo, la enorme crisis de vivienda, que hace que este asunto vuelva a encabezar las preocupaciones de la ciudadanía como lo hizo ya hace quince años –cuando la indignación inundó las calles y plazas y dio un puñetazo al tablero político de este país–, exige medidas extraordinarias al tiempo que acelerar las inversiones y acciones necesarias para desarrollar una política integral de vivienda. En este tema –también– nos jugamos la legitimidad de las democracias.
Este próximo martes el Gobierno aprobará el Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros y con una apuesta clara por incrementar la vivienda pública y asequible. Un plan imprescindible en cuya ejecución y eficacia el Gobierno de coalición se juega mucho. Pero la apuesta no puede quedarse aquí.