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Una ley contra la intolerancia

Fran Lores

La xenofobia es el miedo al extranjero, el rechazo o el odio que siente una persona hacia otra que ha llegado a su territorio desde el exterior. Esta definición va ampliándose a través de diferentes propuestas, especialmente en un contexto social cada vez más multidimensional y fragmentado.

Actualmente, el odio al extranjero podría explicarse más por una cuestión de posición social que por razones de etnicidad o color de piel. Como explica el profesor Juan Díez Nicolás, tanto el racismo como la xenofobia son, mayoritariamente, expresiones de un clasismo muy arraigado. Algo similar a lo que aporta la filósofa Adela Cortina cuando habla de aporofobia o rechazo al pobre. En muchas ocasiones, la xenofobia viene generada por un temor a la competencia por recursos limitados, el ya habitual “vienen a quitarnos el trabajo”.

Este discurso se enmarca en la teoría sociológica del chivo expiatorio, convertir a un grupo de personas en culpables de una situación determinada. Como se vio en las pasadas elecciones europeas, un contexto de crisis económica es el caldo de cultivo perfecto para la institucionalización de la xenofobia. Fueron numerosos los partidos políticos que abanderaron el discurso del miedo: el Frente Nacional francés, el Partido de la Libertad holandés, el UKIP británico, el Jobbik húngaro o el griego Amanecer Dorado, entre otros.

En España no contamos todavía con presencia parlamentaria de partidos claramente xenófobos, pero nuestro país también se ha convertido en terreno para la expansión de esta xenofobia institucional, de la que podemos enumerar varios ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con la expulsión del sistema sanitario español de los inmigrantes en situación irregular, atacando así el derecho a la salud y en último término, la dignidad humana.

Las políticas migratorias también son un reflejo de esta xenofobia institucional. Durante el pasado mes de octubre, España participó en la operación policial Mos Maoirum, calificada de macroredada por decenas de organizaciones sociales, y destinada a detener a inmigrantes irregulares e interrogarles. A pesar de su carácter informativo, dio lugar a la expulsión de varias personas y al fomento de la estigmatización y criminalización de personas situadas bajo sospecha por su apariencia, etnicidad o lengua.

A esto se unen declaraciones políticas que, ante la búsqueda de rédito electoral, identifican y acusan al diferente, al extranjero, de los problemas de los ciudadanos. Conocidos son los discursos xenófobos utilizados por Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, o Javier Maroto, alcalde de Vitoria. Sin olvidar el lenguaje utilizado por diversos medios de comunicación para informar sobre los hechos sucedidos durante los últimos meses en las ciudades de Ceuta y Melilla. Palabras como “asalto”, “presión migratoria”, “avalancha” u “oleada” favorecen el crecimiento del rechazo a la población migrante.

Como no podía ser de otra forma, todo ello tiene su reflejo en la opinión de los ciudadanos. Un estudio de la Fundación La Caixa señala cómo la población que declaraba aceptar a los inmigrantes disminuyó de un 70% en 2010 a un 57% en 2012. El rechazo hacia la población inmigrante aumentó de un 10% a un 14% en el mismo periodo. Solo en nuestro país, durante 2013, se produjeron más de 1.200 crímenes de odio, de los cuales 381 fueron motivados por cuestiones de racismo y xenofobia.

Ante esta grave situación, son muchas las voces y organizaciones que desde la sociedad civil reclamamos una ley integral contra los delitos y el discurso de odio. Una ley que permita combatir y erradicar todas las formas de xenofobia, racismo, LGTBfobia, así como cualquier otra manifestación de intolerancia.

fibgar.org

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