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Hay que reformar ya la 'ley mordaza'

El gobierno de Mariano Rajoy se recuerda como un periodo marcado por los recortes, la corrupción y, sin duda influido por el peculiar carácter de su presidente, como una etapa de cierta confusión legislativa: ¿cuál fue su proyecto de país? Pues, en primer lugar, no arrugarse ante la gran recesión y transformar un momento de fuerte cuestionamiento de todos los órdenes en una nueva oportunidad para desequilibrar aún más el Estado del bienestar. Para la derecha fue esencial que no se asociaran los efectos adversos de la crisis a una manera concreta de hacer política, la neoliberal, para, a partir de ahí, aplicar al enfermo una doctrina del shock que le hiciera imposible rehacer un proyecto igualitarista. Rajoy podía parecer atolondrado, pero su Gobierno sabía perfectamente lo que hacía.

Esa doctrina del shock fue un ataque coordinado a los servicios públicos, con decenas de miles de millones de euros en recortes, y contra las relaciones laborales, empobreciendo estructuralmente el país para hacerlo más dócil, tanto a las necesidades de las clases dirigentes nacionales como foráneas. De lo que se trataba era de golpear primero antes de que alguien pudiera sacar conclusiones de cómo habíamos ido a parar allí, a ese lugar donde se multiplicaron exponencialmente los parados, los desahucios y las colas en los comedores sociales. Pero algo no salió del todo como se planeó, en Moncloa y en Bruselas, que debía salir. La culpa la tuvieron ustedes. Todos aquellos que en el periodo 2010-2014, el quinquenio del descontento, salieron a la calle para decir basta.

Las estructuras de resistencia, solidaridad y cohesión social, pese al enorme esfuerzo disgregador que lo neoliberal había impuesto en los años anteriores, seguían ahí. Una enorme vitalidad social respondió al ataque y las calles del país se llenaron con gente que en un primer momento respondía a los ataques, pero que a la larga fueron desarrollando también propuestas de cambio: lo que sucedió a partir de ese punto, es otra historia. Lo cierto es que aquella efervescencia social preocupó tanto que se legisló para que, llegado el caso, la protesta lo tuviera mucho más difícil a la hora de oponerse a las necesidades del mundo del dinero: así surgió la ley mordaza, pura lucha de clases hecha normativa.

Cuando en abril de 2015 el Gobierno de Rajoy promulgó la ley de seguridad ciudadana sabía lo que hacía. Las elecciones generales estaban cercanas, las protestas se iban a hacer voto y nadie tenía claro qué era lo que iba a pasar. Era el momento de blindar todo un paquete de medidas para hacer mucho más restrictivos los derechos de reunión, manifestación y expresión. Bajo el eufemismo de la seguridad lo que se buscó fue asegurarse de que cualquiera que a partir de aquel momento cuestionara el orden de las cosas tuviera todo un abanico de sanciones pendiendo sobre su cuello para entorpecer el libre ejercicio de la protesta. Rajoy resistió tres años más. Su ley sigue aún entre nosotros.

Sin embargo, tras un año de negociaciones y decenas de reuniones preparatorias, el pasado 1 de febrero se inició el trámite parlamentario para su reforma. En ella están inmiscuidos los partidos conformantes del Gobierno actual, PSOE y UP, más parte de la mayoría de investidura, PNV, ERC, EH Bildu y Junts. Mientras que el Gobierno y los nacionalistas vascos quieren sacar adelante el proyecto, el resto se muestran con diversos grados de reticencia, aludiendo a que la ley no se ha reformado lo suficiente. Si en la comisión de Interior, paso previo a llegar al pleno del Congreso, la reforma no concita los apoyos suficientes, es muy probable que no haya ya tiempo suficiente dentro de esta legislatura para lograr su reforma, ya que habría que comenzar de nuevo los trabajos legislativos.

Unidas Podemos se ha mostrado especialmente activa a la hora de lograr uno de los objetivos del pacto de Gobierno, especialmente el sector encabezado por Enrique Santiago, uno de los portavoces de la coalición, secretario general del PCE y jurista con experiencia en cuestiones de libertades públicas. En la ponencia legislativa se han modificado 35 artículos de los 54 que componían la ley además de añadirse nuevos elementos encaminados a transformar su carácter restrictivo. La intención no es poner en cuestión ni la seguridad pública ni el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, sino evitar que sean instrumentalizadas para impedir derechos fundamentales.

Lo cierto es que aquella efervescencia social preocupó tanto que se legisló para que, llegado el caso, la protesta lo tuviera mucho más difícil a la hora de oponerse a las necesidades del mundo del dinero: así surgió la 'ley mordaza'

Entre los aspectos más sustanciales de la reforma se encuentra garantizar el libre ejercicio de la información, volviendo a permitir el registro y la difusión de actuaciones policiales siempre y cuando no se pueda identificar a los agentes. Así mismo se amplían los supuestos bajo los que estas actuaciones deberán ser comunicadas al ministerio fiscal. Se modifica también el criterio de veracidad de los efectivos policiales, impidiendo que su mera declaración sin más pruebas constituyera un elemento de acusación en el juicio. Se restringen los registros y el número de horas de una detención por no portar identificación, pasando de seis a dos.

El derecho de reunión y manifestación volverá a no requerir comunicación previa, eliminando las sanciones subsidiarias a los organizadores, uno de los puntos fuertes de la ley mordaza que trasladaba la responsabilidad directa de cualquier delito cometido en una manifestación a quien la convocaba. También se elimina la posibilidad de identificar como organizadores a aquellos participantes en una manifestación que portaran banderas o símbolos reconocibles, lo que provocaba que, de facto, cualquier ciudadano que acudiera a una protesta pudiera arbitrariamente tener que responder, por ejemplo, de unos disturbios acaecidos en la misma.

Se rebaja también el delito de desobediencia, que actualmente se situaba en la más completa de las discrecionalidades respecto a la intención del agente policial: bastaba con cuestionar alguna de sus actuaciones para poder verse acusado del mismo. Entre los nuevos añadidos, uno de los más novedosos es el que se refiere al criterio de ponderación de las multas atendiendo a la capacidad económica de ingresos de los afectados. Se suma, además, la obligación de elaborar protocolos de gestión policial de manifestaciones con la intención de regular las actuaciones antidisturbios que, en la pasada década, se convirtieron en un problema que despertó incluso la condena de organismos internacionales.

Las resistencias para la reforma de la ley mordaza son notables. El próximo 4 de marzo hay convocada una manifestación por los principales sindicatos de la Policía y la Guardia Civil que ha despertado las alarmas en el Gobierno. ¿Hasta dónde está dispuesta la derecha a agitar la calle precisamente tomando como punta de lanza a los encargados de velar por las libertades públicas? La reunión preparatoria de sindicatos y asociaciones de los uniformados en la propia sede del Partido Popular en la calle Génova, el 20 de diciembre del pasado año, rompió escenográficamente las líneas de independencia policial respecto a los partidos políticos de manera excepcional en nuestro periodo democrático. El rodea el Congreso de un par de años antes, donde los agentes, enmascarados, rompieron las propias líneas policiales sentó un precedente que, lejos de corregirse, puede empeorar.

La derogación de la ley mordaza es un punto esencial de esta legislatura, algo que no puede postergarse a la siguiente, ya que sería como lanzar un dado para que una de las actuaciones legislativas más retrógradas acabara eternizándose en el tiempo. El deseo de no poder avanzar cuatro pasos no puede ser impedimento para negarse a dar tres. El objetivo prioritario de un parlamentario es atender a su programa político, pero también al contexto donde se desarrollan esas intenciones. El nuestro no debería admitir que los cálculos electorales de este año impidan, por intentar mostrar un perfil demasiado propio, votar a favor de una reforma que sitúe la seguridad de donde nunca debió desplazarse: a favor de los ciudadanos, no contra ellos.

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