Marchas militares
Lunes 23 de febrero de 1981, siete y media de la tarde. Dos hombres visiblemente alterados hablan por teléfono. De un lado de la línea está el teniente coronel Antonio Tejero. Una hora antes ha irrumpido en el Congreso de los Diputados al frente de 200 guardias civiles, paralizando por la fuerza el debate de investidura del candidato Leopoldo Calvo-Sotelo. En el otro lado está Juan García Carrés, falangista y dirigente del sindicato vertical durante la dictadura. Desde fuera comunica al uniformado que los tanques han ocupado Prado del Rey: “¡Marchas militares en Radio Nacional!”.
Jueves 2 de noviembre de 2023. José María Aznar acude junto a Alberto Núñez Feijóo a la inauguración de un máster en la universidad privada Francisco de Vitoria. Lo que le ha llevado allí resulta indiferente, ya que el encuentro coincide con el tramo final de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El expresidente conservador elige el tono de la severidad y la cadencia del milenarismo para realizar un pronunciamiento sobre la amnistía, pieza central de las negociaciones entre el PSOE y los independentistas. Alerta de un “cambio de régimen constitucional en España” y advierte de que el líder socialista “será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor”. Una vez descrito el objetivo toca el llamamiento a filas: “El que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover; que se mueva [...] la inhibición no tiene hueco”.
Viernes 3 de noviembre de 2023. La Audiencia Nacional envía a juicio a 12 CDR procesados por terrorismo, confirmando la decisión del juez Manuel García-Castellón que finalizó sus investigaciones el 21 de octubre de 2022. A su vez, conocemos que la Guardia Civil entregó el jueves en la Audiencia Nacional el informe definitivo sobre Tsunami Democratic, la organización que ocasionó altercados tras la sentencia del procés, concluyendo que Marta Rovira, número dos de ERC, fue una de sus presuntas dirigentes. El cuerpo armado comunicó hace siete días al juzgado que necesitaría un mes para completar las investigaciones. A última hora de la tarde, centenares de personas se concentran en la calle Ferraz de Madrid, donde se halla la sede del PSOE, en protesta por el pacto entre socialistas e independentistas.
Quien asienta primero su narrativa acaba marcando las líneas de lo percibido: vivimos al borde de la excepcionalidad. Quien pueda aportar, que aporte
En los informativos de las 21h los tres sucesos conforman una singular coreografía de la que ningún espectador puede abstraerse. La partitura se completa con la condonación de la deuda que Cataluña mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómico, que el acuerdo entre PSOE y ERC extiende al resto de Comunidades. A finales de octubre los barones del PP pedían, en el debate que su partido organizó en el Senado, una reforma de la financiación autonómica. Todo, sin embargo, deja una impresión carente de detalles: Sánchez va a amnistiar a terroristas comprando su cargo por quince mil millones de euros. Quien asienta primero su narrativa acaba marcando las líneas de lo percibido: vivimos al borde de la excepcionalidad. Quien pueda aportar, que aporte.
Esas dos jornadas son claves para entender las siguientes dos semanas de vértigo, que culminan el jueves 16 de noviembre en la investidura. Entre medias se han producido la movilización de los sectores más radicales de la extrema derecha para acosar las sedes del PSOE; pronunciamientos de uniformados, en retiro y en activo, amenazando al poder político; declaraciones de dirigentes del PP, como Isabel Díaz Ayuso, anunciando que su oposición consistirá en devolver “golpe por golpe”; firma de manifiestos de altos funcionarios, incluso de despachos de abogados, contra los pactos; todo un carrusel de presión mediática que ha pasado por sugerir al acoso a los diputados socialistas hasta por publicar fotos y datos personales de la hija de Pedro Sánchez; la utilización de las redes sociales y los servicios de mensajería digital para azuzar el odio, sembrar los bulos y buscar el enfrentamiento civil; así como continuos movimientos judiciales que llegan hasta este martes 21 de noviembre donde García-Castellón, el perejil de todas las salsas, ha elevado al Supremo una exposición para que investigue por un delito de terrorismo, delito que como todos los dolosos queda fuera de la amnistía, a Carles Puigdemont, Marta Rovira y diez personas más. Quien pueda hacer, que haga.
Lo que ha sucedido en España en estas últimas semanas se podría calificar como el noviembre insurrecto de las derechas, una concatenación de acciones, evidentes y ocultas, destinadas primero a sabotear los acuerdos políticos entre los partidos que componen el arco parlamentario y después a instaurar un clima social que simulara el levantamiento de una población sojuzgada contra un régimen dictatorial, un intento de fuenteovejunismo que, habiendo movilizado a amplios sectores de la sociedad conservadora, no ha conseguido arraigar en el resto. En definitiva, algo que va mucho más allá de las líneas que una oposición democrática puede llevar a cabo y del que aún nos faltan por conocer la mayoría de los detalles. Quien se pueda mover, que se mueva.
