No es una anécdota judicial, es la trama ultra
El jueves 27 de octubre el pacto para renovar el CGPJ estaba redactado y listo para ser firmado. Tras tres semanas de negociaciones, todo parecía indicar que esta vez sí se iba a levantar el bloqueo de cuatro años a los que el PP había sometido al órgano de gobierno de los jueces. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo llegan a conversar telefónicamente más de una hora y se emplazan para reunirse el siguiente miércoles 2 de diciembre. Todo está previsto para que el viernes, a mediodía, se firme la renovación. Sin embargo, a última hora de la tarde del jueves, los populares lanzan un sorpresivo comunicado donde dan por rotas las negociaciones. La nueva excusa es la reforma de los delitos de sedición y malversación, algo que Cuca Gamarra quiso desvincular dos días antes, declarando el martes que “son dos cuestiones distintas. Tenemos un papel diferente”.
El jueves, el diario El Mundo lleva en su portada el siguiente titular: “El PP teme la reacción de «la derecha política, judicial y mediática”. En el encabezado de la noticia ampliaba la posición de la dirección nacional: “Los populares critican a quienes rechazan cualquier acuerdo con Sánchez: «Eso es trumpismo puro»”. Tras la ruptura del acuerdo, esa portada toma una nueva relevancia, ya no se sabe si informaba o advertía, ya se desconoce si Génova ha pasado en unas horas de criticar el trumpismo a practicarlo. Lo que ha sucedido tiene que ver con el poder establecido en Sol, que no es sólo el autonómico. Isabel Díaz Ayuso, unos días después, se jacta de haber sido quien ha descabalgado a Feijóo del pacto. Ese día, 27 de octubre, el proyecto de involución reaccionaria toma definitivamente el mando de toda la derecha.
En aquel momento, hace apenas dos meses, la lectura que se hizo sobre aquella cesión fue coyuntural. Por un lado, la moderación de precios, producto del tope de precios al gas, junto a la caída del Gobierno británico de la conservadora Liz Truss, cercenaron la vía para que Feijóo alcanzara la Moncloa cómodamente, simplemente sentándose a esperar el fruto del árbol de la inflación, mientras que declamaba sereno por las bajadas de impuestos. Si la derecha quería ganar las próximas elecciones haría falta escenificar de nuevo la fábula de un malvado Pedro Sánchez que había venido a romper España, reactivar el conflicto nacional y utilizar a los jueces como moneda de cambio en aquel esperpento. Y todo eso pudo ser cierto, pero había algo más, un componente profundo que la trama ultra ya tenía ensayado.
Para el proyecto de involución reaccionaria es clave demostrar que se puede controlar al legislativo incluso no teniendo la mayoría de senadores y diputados
Ante la imposibilidad de levantar aquel bloqueo, al Gobierno no le quedó más remedio que mover ficha y buscar una manera de liberar a las instancias judiciales de aquel secuestro. Lo primero por mandato constitucional, uno que se había burlado durante cuatro años en el caso del CGPJ, prácticamente un mandato, y que el Constitucional sufría desde antes del verano. Se leyó que las mayorías cualificadas tenían el objetivo de lograr acuerdos amplios, no el de bloquear de manera permanente una institución. Por lo que se optó por una reforma para la renovación del Constitucional que rebajaba a mayoría simple la decisión en el órgano de gobierno de los jueces y que permitía al Ejecutivo nombrar a sus dos magistrados de forma autónoma.
Esos cuatro nuevos magistrados, dos del Gobierno, dos del CGPJ, no son el fondo de este asunto, sino la coartada que la derecha utilizó para, una vez que las piezas estaban dispuestas, presentar un recurso de amparo en el propio tribunal que se pretendía renovar para transformarlo en una tercera cámara legislativa. La mayoría conservadora del Constitucional dio salida a este recurso, en una operación que no tuvo en cuenta los recursos de recusación, convirtiéndose en juez y parte de un asunto que afectaba a los miembros con el mandato caducado, pero sobre todo impidiendo, de forma absolutamente excepcional en democracia, un proceso legislativo en curso. El Constitucional pasaba así de ser un tribunal de garantías, aquel que estima a posteriori si las nuevas normas se adaptan a la ley, a censurar a priori a las Cortes Generales.
Se entiende, viendo la secuencia de los hechos, que a Feijóo le leyeran la cartilla a finales de octubre. Que le recordaran por qué estaba dónde estaba y cómo había llegado a su puesto, sólo después de que la anterior dirección nacional del PP fuera purgada en febrero tras enfrentarse a la jefa de la trama ultra que está tras todas estas maquinaciones. Si el bloqueo al CGPJ pudo tener en algún momento un carácter táctico a la hora de negociar con el actual Gobierno, que cedió por ejemplo el mando de RTVE en otro intento frustrado de negociación, quienes han movido las líneas de lo razonable a la hora de hacer oposición siempre contemplaron este final de los acontecimientos. Para el proyecto de involución reaccionaria es clave demostrar que se puede controlar al legislativo incluso no teniendo la mayoría de senadores y diputados.
La cuestión, llegados a este punto, pasa por renovar los órganos judiciales, por hacer cumplir la Constitución, también para salvarla de aquellos que están dispuestos a convertirla en papel mojado. Pero también por entender que todos estos sucesos no son producto de una mala técnica legislativa del Gobierno o del ejercicio de una oposición dura, sino que forman parte de una dinámica que la trama ultra –política, mediática, judicial– utiliza para no reconocer los resultados de las elecciones de 2019, pero que ya está pensando en los comicios de 2023. No es sólo el actual Gobierno el que se ve amenazado, no son solo las actuales mayorías parlamentarias las que se ponen en cuestión, lo que se busca no es sólo una victoria conservadora en las próximas elecciones, sino alterar por completo la arquitectura de nuestra democracia. Y el lunes, ustedes vieron el primer paso.
