Buscan un 'procés reloaded'
Ha vuelto a pasar. Costó salir del procés y la judicatura ha acelerado una segunda parte. Bienvenidos al procés reloaded. Otra vez sumidos en la judicialización de la política, esta vez impulsada por la Justicia. Causas que despiertan como si fuera 2019, imputaciones por terrorismo, la trama rusa en busca de nuevos datos, un diputado de ERC huye a Suiza, se activan comisiones rogatorias y la amenaza de que las causas dormidas despierten con virulencia en 2024. No son los tiempos judiciales, son los políticos.
La segunda legislatura de Pedro Sánchez, amnistía mediante, seguía la línea de puntos del PSOE de apostar por la normalización en Cataluña con el objetivo puesto en el último partido, el posible triunfo de Salvador Illa al frente de la Generalitat. Como estrategia se ha ido cumpliendo. El PSOE absorbió un millón de votos el 23-J y dejó al independentismo en sus peores resultados. ERC ha vuelto a la política autonomista y, desde el ideario independentista, pactan presupuestos y gestión económica. Han aplicado el principio de realidad y aceptado la amnistía a riesgo de dejar caer a su secretaria general, Marta Rovira, a cambio de librar de la cárcel y otras condenas a cientos de imputados catalanes atrapados en causas judiciales.
Hasta el no de Junts a la ley todo seguía su curso. Desde el sí de Carles Puigdemont a la composición de la Mesa el pasado 17 de agosto hasta los reales decretos, ha habido tensión pero también negociación. El pánico de Puigdemont a no entrar en la amnistía lo ha enredado todo y estamos de nuevo sumidos en la dinámica del procés. En la ofensiva de quienes cinco años después de la sentencia no quieren que les salga gratis. Pero el momento procesal puede estirarse indefinidamente. La espiral es incomprensible a la lógica y es posible que decaiga por el mismo motivo que se ha tensado. Cuando el poder judicial no tenga capacidad de influir en el ejecutivo.
La derecha ha intuido que el texto de la amnistía podía pasar el filtro del Constitucional y los tribunales europeos. El Gobierno también lo sabe y frenó seguir tocando la ley aun con el no de Junts. Ahora, el ejecutivo se está metiendo en una ratonera que no es la suya. Las causas contra Junts seguirán su curso y acabarán, si llegan hasta el final, en el mismo tribunal que la amnistía. Si consiguen procesar a Puigdemont por terrorismo, el expresident puede tener el campo abierto a una doble victoria. Una amnistía tardía y un triunfo judicial. Si cuesta encajar el terrorismo en España, en Europa será mucho más difícil.
Pero es fácil dejarse arrastrar por la presión. Le pasó a Meritxell Batet con el juez Manuel Marchena y la expulsión del diputado canario, Alberto Rodríguez. No había precedentes de un juez del Supremo exigiendo a la Mesa del Congreso cumplir una resolución –por mera cuestión de separación de poderes–. El tribunal presionó a Batet, se negó a aclarar su resolución y los titulares hicieron el resto. “Marchena explica a Batet que la inhabilitación de Alberto Rodríguez es de obligado cumplimiento”. No lo era. La sentencia del Constitucional habría tenido el mismo resultado con una mayoría conservadora. Batet cayó en la provocación, vulneró los derechos del diputado y hoy, de haber sido presidenta, habría tenido que dimitir.
El pánico de Puigdemont a no entrar en la amnistía lo ha enredado todo y estamos de nuevo sumidos en la dinámica del 'procés'. El momento procesal puede estirarse indefinidamente y la espiral es incomprensible a la lógica
Es solo un ejemplo para evitar las tentaciones de dejarse llevar por ruidos y presiones. En definitiva, por bajar la compuerta que debe separar el poder judicial de las Cortes. En el último capítulo, los 14 fiscales del Supremo no han enmendado la plana a Sánchez, sino al fiscal de la Audiencia y al del Supremo, ambos conservadores. El primero fue durísimo. Calificó el auto de Manuel García-Castellón de exposición “totalmente injustificada e inmotivada”, con “flagrantes contradicciones” y de una “significativa falta de argumentos” en la concreción del terrorismo. El segundo fiscal, Álvaro Redondo, al que casi se llevan por delante por cambiar de criterio, tuvo que explicar en un comunicado que ni vio terrorismo ni fue coaccionado por el Fiscal General. Si hubiera cambiado de criterio en sentido contrario, de no apreciar terrorismo a sí hacerlo, nadie habría cargado contra él.
Se ha instalado la perversión de que aquellos jueces o fiscales que no ven un delito de terrorismo en la actuación de Carles Puigdemont son ‘lacayos de Sánchez’ o víctimas de injerencias; y quienes ven al expresident en el “vértice” de una organización criminal son héroes de la judicatura. Dejar actuar a quien te da la razón, la única independencia judicial que defienden.
La hiperactividad judicial contra los independentistas procesados no debería hacer descarrilar la actividad política de la legislatura. Las cartas están echadas desde el 24 de julio, cuando la coalición se embarcó en la Amnistía. La constitucionalidad tiene su filtro en el tribunal correspondiente, pero la razón política debería seguir liderando el discurso del ejecutivo. Mientras populares y liberales hacen campaña en Bruselas para tumbar la amnistía, los socialistas se están enredando en responder a jueces y fiscales en una carrera que no pueden ganar. Primero, porque el ejecutivo no puede calificar las actuaciones judiciales. Segundo, porque no es un camino de ida y vuelta, la separación está trucada. Jueces y fiscales escriben tribunas de opinión para cargar contra una ley que de aprobarse deberían aplicar; cualquier parlamentario debe abstenerse de valorar el paisaje judicial.
En la campaña contra la ley, pierden el paso si caen en la respuesta reactiva de este procés reloaded. En este punto, el Gobierno no puede tocar el texto de la ley ni buscar caminos para contentar a Junts que no lleven a ninguna parte. La reforma de la ley de enjuiciamiento para devolverla al punto donde la dejó el PP en 2015 socava la credibilidad del PSOE y ahonda en una ley a medida. Toda amnistía por naturaleza es instrumental, pero no personalista. Y además, no serviría de nada. La decisión de aprobar o no la ley de amnistía debe implicar dos decisiones. El Gobierno debe olvidarse de la vía judicial. Junts del blindaje de Puigdemont. Lo demás caerá por su propio peso.
