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Del enésimo bloqueo al ‘asalto’ del Congreso

Los intentos del PP para no perder la mayoría conservadora en los órganos constitucionales ha dado un salto más, ahora hacia el Congreso. El partido que bloquea las instituciones presenta ahora un recurso para persistir en el bloqueo. Lo hace vía Tribunal Constitucional, con una mayoría de magistrados conservadores en funciones. Y va más lejos, quiere hacerlo irrumpiendo en la tramitación parlamentaria, despojando a la sede de la soberanía popular de su capacidad legislativa. Es la constatación de un golpe blando, según la calificación de magistrados y letrados -incluidos letrados de Cortes- indignados por el deterioro y las intentonas de bloqueo, una acción ilegítima que traspasa los límites imaginables en el terreno judicial y político. 

Los magistrados nombrados por el PP llevan 92 días de bloqueo del Constitucional para renovar los dos candidatos pendientes. Sumado a la veintena de excusas en los últimos cuatro años del Poder Judicial, en una estrategia alineada con los 8 magistrados a los que nombró, el recurso de amparo presentado al tribunal de garantías para frenar el procedimiento legislativo del Gobierno que desbloqueará la renovación está basado en una actuación sin precedentes para boicotear la acción parlamentaria. Y en esto coinciden cada vez más magistrados atónitos con la irresponsabilidad de dar una vuelta de tuerca más a los bloqueos. 

Los que piden garantías se saltan varias. El PP quiere frenar en seco la proposición de ley sin dar audiencia a las partes, privando a las fuerzas políticas que han impulsado las enmiendas del trámite de alegaciones, vulnerando el artículo 56.4 que obliga a dar parte a la Cámara baja. Para que haya una suspensión cautelar de un trámite parlamentario tiene que haber un riesgo irreparable de un derecho fundamental. En este caso, lo único que hay son unos partidos políticos impulsando una reforma legal. No hay ningún derecho fundamental vulnerado. Solo una estrategia prevaricadora para no perder una mayoría conservadora en el Constitucional caducada y que no corresponde al PP por ley. 

Llevan 92 días de bloqueo, 92 días negándose a renovar a los dos candidatos que les corresponde, 92 días incumpliendo el plazo legal del parlamento, sede de la soberanía popular del Estado

Saben, igual que sus letrados, que se suprimió el control previo de la constitucionalidad de las leyes para evitar intentos como este: paralizar y embargar una norma antes de aprobarse por una supuesta inconstitucionalidad. Lo que toca es actuar sobre leyes aprobadas, no en tramitación. El recurso del PP es una injerencia sin precedentes en 40 años de poder legislativo. Que el Constitucional con mandato caducado se plantee interferir en una ley antes de ser votada también es inédito en democracia. El tribunal podría no haberlo admitido a trámite y menos convocar un pleno urgente horas antes de que el Congreso vote la reforma judicial. 

Un ejemplo de la excepcionalidad, de cómo han sucumbido a la política los jueces conservadores, es que ni siquiera se recuerda un pleno urgente en cuestiones que sí lo son. El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez lleva más de nueve meses esperando a que los mismos jueces pongan fecha a la deliberación de las medidas cautelares para recuperar su escaño. Si se le retiró sin garantías -es lo que tienen que deliberar- serían nueve meses de vulneración de un derecho fundamental y en este caso el daño sí es irreparable. 

En los precedentes del Constitucional, la única decisión cautelarísima sobre un Parlamento fue frenar el acto de la declaración de independencia (DUI), y se hizo sólo después de que fueran anuladas por inconstitucionales las leyes de desconexión y transitoriedad impulsadas por Carles Puigdemont, las que conducían a proclamar en acto solemne la DUI. 

Ya no solo es el Gobierno, cada vez más jueces piden al PP terminar con el bloqueo. Y deberían ser los propios magistrados en funciones los que acabaran con la irregularidad, con la injerencia de los jueces conservadores sobrepasando demasiados límites. Por recordar hitos, llegaron a reunirse de noche en un restaurante para conspirar con la renovación ante la salida de Carlos Lesmes. Después alegaron problemas de agenda para retrasar la primera reunión para renovar el Constitucional. Una vez el Gobierno anunció la reforma legal para desbloquear la renovación, han puesto dos nombres sobre la mesa en cuestión de horas, evidenciando qué han estado haciendo los meses anteriores. 

La derecha intenta construir un supuesto relato del asalto de Pedro Sánchez al Poder Judicial, cuando el único golpe a la legalidad es de los magistrados conservadores alineados con el PP. Sumado a este último intento para que el Constitucional impida el trámite de una ley. Llevan 92 días de bloqueo, 92 días negándose a renovar a los dos candidatos que les corresponde, 92 días incumpliendo el plazo legal del parlamento, sede de la soberanía popular del Estado. Hay una mayoría parlamentaria que quiere sacar adelante una ley. El turno del Constitucional llega después. El resto es injerencia. 

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