La judicatura se mueve en campaña
La judicatura se desliza desde hace meses por una falta de neutralidad política insólita y preocupante. Jueces ataviados con toga manifestándose contra una ley que emana de las Cortes antes de su redacción, jueces que instruyen causas sin las suficientes garantías, jueces que opinan sobre el presidente y el Ejecutivo en escritos judiciales, jueces que permiten una concentración para “rezar el rosario” contra la amnistía en la sede de Ferraz durante la jornada de reflexión y jueces que intervienen en la campaña electoral de las europeas a sabiendas del impacto de sus resoluciones.
Jueces que pudiéndose mover, se mueven. Y nadie les sanciona. Porque una cosa es participar de la conversación pública y otra hacer trizas el artículo 127 de la Constitución y su propia Ley Orgánica. Con el bloqueo del Poder Judicial y la instrumentalización de los conservadores designados por el PP hace nueve años, la institución está fallando en la protección de la imparcialidad y la pluralidad. Poca cosa, dirán algunos. Despreciando el peligro de no representar a una parte de la sociedad, el exconsejero de Justicia, Enrique López, dijo en una entrevista en 2021: “El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial”. Todas las asociaciones judiciales se echaron encima. Tres años más tarde, es difícil pensar que reaccionaran igual ante la misma sentencia.
En los últimos meses la aceleración ha ido in crescendo. Vulnerar la separación de poderes va en ambas direcciones. También del judicial al ejecutivo y al legislativo. Con la aceleración informativa, se olvidan los ejemplos, como la elevación de la exposición razonada al Supremo para investigar a Carles Puigdemont por terrorismo el mismo día de la investidura de Pedro Sánchez. Todo casualidades desde el 16 de noviembre…
Para que no parezca una causa política el juez Juan Carlos Peinado debería intentar que no lo pareciera. Aplicar coherencia y celo en la instrucción de una causa de la que conoce su impacto. Lo describió en 2021 cuando levantó la imputación a José Luis Martínez Almeida por el cierre de los parques durante la pandemia para no “perjudicar” su imagen y evitar su “estigmatización”.
El hecho de que un juez, por cómo actúa, sirva para movilizar a ambos electorados, debería preocupar a la judicatura. Pero en este caso nadie reflexiona y todos callan
En la causa de Begoña Gómez, por recapitular de nuevo, los titulares de prensa admitidos a trámite saltándose la jurisprudencia del Poder Judicial no fueron motivados después con un solo indicio. Lo ha tenido que hacer la Audiencia Provincial de Madrid, no el juez, un mes después de un secreto dictado de manera irregular, según la Audiencia. La cita del 5 de julio, en la recta final de la campaña, sin tomar declaración a los testigos, a un mes vista, despreciando la única pericial que solicitó hasta la fecha –el informe de la UCO que no aprecia delitos– ha sido el colofón de una instrucción repleta de salvedades. Hace una semana, en esta misma columna, varios juristas tenían la sensación de que Peinado citaría a Gómez antes de las urnas. En términos procesales parecía imposible. “Por cómo se conduce, no sorprendería”, decían. Así ha sido.
El PP habla de “corrupción en la Moncloa”. La pregunta es a la inversa: ¿Cómo es posible que el PSOE pueda movilizar a su electorado con la causa contra Begoña Gómez? Porque a vista de una mayoría es burda, hueca hasta hoy de contenido penal, y por tanto se lee como una interferencia electoral y dirigida. Si no lo es, puede parecerlo, y eso en Justicia es demoledor. Socava y arrastra la imagen de un poder del Estado garante de todos, no de una mitad. El hecho de que un juez, por cómo actúa, sirva para movilizar a ambos electorados, debería preocupar a la judicatura. Pero en este caso nadie reflexiona y todos callan. Por tanto, otorgan. De nuevo, significativo.
