El PP de 2019 para tapar el fracaso de 2023

La dualidad de las investiduras nos lleva a debatir sobre la más posible sin poder pedir cuentas y a esperar a la imposible perdiendo un tiempo de oro para acelerar la formación de gobierno (con o sin repetición electoral). Con una derecha que ante la investidura de Feijóo convoca manifestaciones contra una propuesta política, ante un supuesto que no existe en lo concreto, ni está encima de la mesa. Y no lo está porque sería una anomalía que el PSOE dé razón de sus negociaciones de investidura sin mandato del rey. El pasado 23 de agosto, Feijóo pidió más de un mes para intentar la suya y aquí estamos, viendo pasar los días con un PP más decidido a hacer oposición que a cumplir con el mandato que le obliga a intentar formar gobierno. 

Pero también son semanas muy útiles para avanzar en el debate sobre si una amnistía sería o no reparadora y las condiciones para que fuera admisible. Es lógico que sin una buena razón política genere desasosiego. Una amnistía tiene dos reglas básicas. Se impulsa para que sus beneficios superen a los daños y haya más consenso que oposición. Al ser una ley que pasa por el parlamento -no como los indultos, que los decide el gobierno- su aprobación sería reflejo directo y democrático de ese consenso. Pero para que tenga utilidad, tiene que haber una mayoría social antes que de escaños. Solo en ese orden puede servir para algo. Y como apuntan internamente los socialistas, no puede ser una transacción de una ley por unos votos. 

Esa mayoría social pasa por las razones que dé el PSOE cuando reciba el mandato de investidura. Y por los compromisos de Junts. Sería inconcebible una amnistía con Carles Puigdemont enrocado en su discurso actual. Sin una renuncia a volver al procés. Sin reconocer el daño a la sociedad catalana de la vía unilateral. En lo político, la integridad territorial también se garantiza con los independentistas haciendo política en el Congreso. Igual que los indultos necesitaron de una razón moral, la unidad de España necesita de un contrato social que ofrezca motivos a las nuevas generaciones de catalanes para querer estar dentro y no fuera. Con la Constitución como marco colectivo, no como mazo. 

Feijóo pidió más de un mes para intentar su investidura y aquí estamos, viendo pasar los días con un PP decidido a hacer oposición en el tiempo que el mandato le obliga a intentar formar gobierno

La ley de amnistía no está recogida en la Carta Magna, pero interpretar ese vacío como un ‘no’ categórico supone dar la razón a Iñigo Urkullu sobre reinterpretar la Constitución. Y puede que la tenga. E incluso que sea bueno deliberar sobre los vacíos y las líneas generales del texto. La Carta Magna no prohíbe la explotación humana; pero sí lo hace el Código Penal. Tampoco el sacrificio de animales; pero sí la ley de maltrato animal. Y no está la ley de amnistía; pero la del 77, recogida en la LECRIM, no se derogó. Así que la cuestión legal forma parte de la sana y necesaria conversación sobre cómo ve cada jurista el encaje de la medida de gracia. Pero es un debate con un sólo árbitro, el Constitucional.

El PSOE no se presentó a las elecciones con la ley de amnistía porque ningún partido incluye en sus programas los posibles acuerdos de investidura con otros. Otra cosa es la gobernabilidad. Sánchez aclaró su coalición con Sumar. El PP fue a las elecciones sin reconocer si gobernaría con VOX si hubiera dado la suma como ha hecho en cinco comunidades autónomas. 

Pedro Sánchez ha llegado a acuerdos con ERC y ahora con Junts en una agenda del diálogo condicionada por la necesidad de formar gobierno. Obligado, que diría Gabriel Rufián. A nadie se le escapa que la posible amnistía es producto de una investidura. Los acuerdos con los independentistas han tensionado histórica y recientemente al PSOE. Pero también han atraído al independentismo a la gobernabilidad de España. A pelearse por tener grupo parlamentario y hablar las lenguas cooficiales en las Cortes, reconociendo así la sede de la soberanía de todos. 

Los pactos de Sánchez que han soliviantado a parte de la vieja guardia son los mismos que han dejado a los independentistas en los peores resultados de los últimos años. En el otro extremo, el PP es octava fuerza en Cataluña. Sacaron el 3,4% del voto en las últimas elecciones, frente al 23% del PSC, de manera que no les importa incendiar Cataluña porque no la necesitan. Una posición cuasi extraparlamentaria que condena a la política española a una permanente confrontación incentivada por el PP nacional. En su coalición y competición con VOX, no caben medidas de reconciliación, ni encajes. 

La amnistía aborda una ruptura social a la que el PP contribuyó. Y la convocatoria de movilización del fin de semana previo a la investidura de Feijóo constata esa ausencia de propuesta. Así que era cuestión de tiempo que el PP volviera a la estrategia de 2019. A la vuelta a la foto de Colón. En su día, Albert Rivera habló con el lenguaje incendiario de Aznar. Después lo hizo VOX. El expresidente ahora da un paso más colocando el marco de la lucha contra ETA al mismo nivel de una posible amnistía; comparando el terrorismo con una propuesta de ley que se debate y vota en el Congreso. 

Este país avanza cuando se impone el debate del modelo social sobre el territorial; cuando se discute sobre derechos más que de banderas. Porque a un manchego o a un extremeño es probable que le haga más daño la cesión del IRPF que una amnistía. Pero es el debate que hay en esta nuestra XV legislatura. Cuando se resuelva la idoneidad o no de la amnistía, la investidura de Sánchez pasará por el acuerdo con seis partidos que decidirán si su propuesta de gobierno aporta más estabilidad que la de Feijóo. No hay otra ecuación en el sistema parlamentario. Y el mensaje de ‘el poder a cualquier precio’ será tan antipolítico como el del ‘gobierno ilegítimo’ de la anterior etapa.