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Renovación judicial: la impunidad del asalto conservador

Imaginemos que en Estados Unidos un grupo de jueces del Tribunal Supremo se reúne de noche para bloquear el nombramiento de sus sucesores y conspirar así contra Joe Biden. Que se probara la existencia de una cena, fuera de la agenda de trabajo, al margen de protocolos, luz y transparencia, donde urden un plan para doblegar al Gobierno; para saltarse el espíritu y la letra de la misma ley que les colocó. El titular sería fácil: conspiración trumpista, intento de golpe de la élite conservadora para afianzar su poder de espaldas al Supremo y la administración Biden.

Esta cena-asalto que acaba de ocurrir en Madrid, ha pasado sin merecer la sanción del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de control de los jueces. El CGPJ, tan proclive a emitir comunicados contra cargos políticos (de izquierdas) cuando se sienten atacados, no les ha sancionado por su intento de doblegar la intención legítima del Ejecutivo de nombrar a los dos jueces que le corresponden del Constitucional. Cabe preguntarse si, de haber sido magistrados progresistas, atrincherados para forzar al Gobierno a negociar según sus condiciones, el CGPJ de Carlos Lesmes habría actuado igual. Pero asumimos con naturalidad que un grupo de vocales elegidos por el PP pretenda imponer, sin representación suficiente ni competencias para ello, su ritmo y sus formas. Distintas, por supuesto, de las que les colocaron donde están. 

Los ocho vocales que han liderado el contubernio lo son porque el PP los puso ahí. Les designó uno a uno. Y ahora han librado una batalla política contra Pedro Sánchez a costa de su credibilidad, ya suficientemente mermada, ahondando en el cuestionamiento de la independencia judicial.

La maniobra de los vocales conservadores ha sido el último capítulo de la hoja de ruta del Partido Popular en el bloqueo de la Justicia. Se dice que el verdadero legado de Trump fue el nombramiento de jueces para afianzar su agenda regresiva. El programa del PP ha sido similar: mantener la mayoría conservadora de manera ilegítima para hacer oposición. Intentar mantener una mayoría favorable de cara a los fallos del aborto, la eutanasia y una batería interminable de políticas del Ejecutivo recurrida por el PP en el tribunal de garantías.

La impunidad de la estrategia del PP, el hecho de que no tenga castigo en las urnas, ha mermado la confianza en el sistema y el Estado de Derecho. Ha comprometido la apariencia de neutralidad y confianza en la Justicia

El PP ha dejado enfermar a la Justicia. Ha forzado el bloqueo de la renovación del Poder Judicial hasta arrastrar su prestigio de manera irreversible a corto plazo. Con la ayuda de Carlos Lesmes, al que le ha costado casi cuatro años amagar con la dimisión, un gesto que tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Por mantener una mayoría conservadora, el desprestigio y la situación excepcional del Consejo, el Supremo y el Constitucional es insostenible. El daño a la imagen de parcialidad de la cúpula judicial, capaces de soportar la interinidad del mandato caducado sin dimitir, ha sido altísimo. Aceptarlo, con ese inmovilismo, les ha hecho daño. Y las leyes aprobadas por el Gobierno en busca de atajos para la renovación, también. 

La cronología del bloqueo hubiera merecido incluso el reproche del Consejo. El PP primero se negó a negociar porque estaba Pablo Iglesias; luego fue Podemos; después la ex Fiscal General, Dolores Delgado; así hasta octubre de 2021. Entonces el Gobierno y el PP pactaron la reforma del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos. El Constitucional se frenó porque el PP no aceptó a Ricardo de Prada, instructor de la Gürtel, pero el PSOE sí dio luz verde a Concepción Espegel y Enrique Arnaldo, ambos vinculados al PP. La negociación quedó ahí y el PP de Casado se comprometió a concluir la reforma del Constitucional el pasado julio. Ese compromiso firmado que no reconocieron y luego sí. 

La impunidad de la estrategia del PP, el hecho de que no tenga castigo en las urnas, ha mermado la confianza en el sistema y el Estado de Derecho. Ha comprometido la apariencia de neutralidad y confianza en la Justicia. El precio por una estrategia política lo están pagando la Justicia y los ciudadanos. 

La Comisión Europea, el grupo GRECO y el conjunto del Consejo de Europa han pedido a España que el sistema de selección de jueces elimine la cuota de los partidos políticos. El bloqueo del PP incumple el mandato de la Constitución. Al tiempo, la reforma de la ley orgánica es urgente. Y a la vez, el futuro sistema de selección tiene que garantizar la representación de jueces progresistas de manera proporcional y en igualdad de condiciones. Porque, como ha reconocido el actual presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, “los juristas somos casi todos gente conservadora”. Si son así, la sociedad no.

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