Vuelve la vivienda, vuelve la política
Por fin, ha vuelto algo de política. La intención del ejecutivo de abrirse camino entre la guerra de comisiones, la amnistía y las citas electorales ha devuelto la vivienda a la primera línea. Cada vez que esto pasa, es patente el reto de país y la necesidad de no dar la espalda a un derecho que se ha convertido en un socavón de desigualdad de clase y generacional. La agenda política ha hecho coincidir el anuncio del Gobierno de la eliminación de los visados oro con la iniciativa popular que reclama regularizar a más de 400.000 personas –una cifra que puede ser mayor–. Ciudadanos que viven sin papeles desde antes de 2021. Que aportan a la economía, generan riqueza con su trabajo y son ajenos a cualquier derecho que podrían haber comprado con medio millón de euros. Según la filosofía de la ley de Rajoy de 2013, para comprarte una visa oro no se podía estar en España de manera irregular. ¿Quién elige la irregularidad con ese dineral en la cuenta?
A estas alturas, nadie se atreve a defenderlas explícitamente. Pero la resistencia a eliminarlas continúa. PP, Vox, fondos y patronales inmobiliarias se resisten. Los visados oro daban vía libre a dos especulaciones, la inmobiliaria y el mercadeo para tener la residencia española. Quienes se rasgan las vestiduras por la igualdad de los ciudadanos, no ven la fractura entre poder comprarte la residencia por 500.000 euros frente a quienes esperan años de papeleo y burocracia para obtener lo mismo. La visa oro diferencia entre inversores e inmigrantes. Ciudadanos de primera y de segunda. Regando a unos con todo tipo de facilidades –reagrupación familiar incluida– y a los segundos con un tortuoso camino hacia la regularización. Tener los papeles en regla en cuestión de semanas o esperar varios años, si se consigue.
La visa oro diferencia entre inversores e inmigrantes. Ciudadanos de primera y de segunda. Regando a unos con todo tipo de facilidades –reagrupación familiar incluida– y a los segundos con un tortuoso camino hacia la regularización
El Gobierno se ha comprometido a derogarlas. El mandato es político, pero también moral. Dejar atrás de manera irreversible la herencia de la época de la amnistía fiscal y la especulación vía inversiones para fortunas chinas, rusas, mexicanas… y una manera fácil de blanquear. La residencia por compra de vivienda era un regalo sin condiciones, se podía vivir o no en ella; comprar una o varias. Si el objetivo de 2013 era incentivar la inversión y el mercadeo (los requisitos favorecen la especulación), decir que eliminarlas no desincentiva es una contradicción.
Once años después de ser aprobadas, las visas oro son incompatibles con las miles de personas pendientes de regularizar su situación y las dificultades que van a tener los migrantes en suelo europeo a partir de ahora. El pacto migratorio aprobado en el europarlamento endurece las reglas y la acogida de refugiados. Separa más si cabe el abismo entre quienes tienen recursos y quienes huyen forzados por el hambre y la guerra. Un pacto que, por mínima decencia, no puede convivir con una legislación que vende visados. La política firme “con quien no cumple los requisitos”, como ha señalado el PP europeo tras la votación, rompe las reglas si esos “requisitos” se pueden comprar.
Es difícil pensar que los visados oro hubieran tenido un pase de haber sido recurridos al Constitucional. “Sólo afectan a un 0,02%”, dice Miguel Tellado, justificando que la especulación no da para mucho, como si la igualdad de derechos fuera al peso.
El acelerón del ejecutivo con la vivienda tiene dos resistencias. La ley no se puede imponer en las comunidades autónomas y ninguna de las once gobernadas por el PP utiliza los instrumentos de la ley. Ni en el acceso al alquiler, ni en la definición de zonas tensionadas, ni en la aplicación del índice de precios. Además de la lentitud natural de la construcción de nuevas promociones. Al revés, si es posible, la incumplen, en palabras de Ayuso. Todavía está por ver que el PP promueva políticas integrales de vivienda que pasen por el derecho al acceso y no a la riqueza.
Es una buena noticia que vuelva la política entre tanto ruido y se haya elegido la agenda de vivienda. Los visados oro han sido un síntoma, una metáfora de cómo el acceso se ha liberalizado durante años. Cualquier mercado desregulado es un mercado roto. Un derecho vencido por la especulación. Hace falta un pacto de país, a izquierda y derecha, de arriba abajo, transversal entre el ejecutivo y las comunidades. A estas alturas, el fallo es multifuncional. De acceso, de precios abusivos, de oferta, de falsos alquileres temporales para disparar más los precios, de pisos turísticos, de expulsión de los barrios y de las propias ciudades. Y la solución pasa por el Gobierno, por las constructoras, por las patronales, sindicatos, gestores… un largo listado del que el PP va a querer ausentarse.
