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La verdad y el CGPJ

El Partido Popular, en colaboración con magistrados afines, mantiene desde hace cinco años el bloqueo de la renovación del CGPJ que marca la ley. Esto es así. Es indiscutible. Es la verdad. El único objetivo que se persigue es impedir que la renovación pueda reflejar a una sociedad progresista que, desde hace cinco años, es mayoritaria en España. La ley establece que los miembros del Poder Judicial los eligen los representantes del pueblo español entre aquellos magistrados seleccionados por los propios magistrados. En consecuencia, a través de un obligado pacto entre los grandes partidos, la composición del gobierno del Poder Judicial refleja en cada época el sentir general del pueblo. Esto es lo que establece la Constitución.

​Nadie en la derecha política, ni en muchos medios de comunicación conservadores, reconocerá esta verdad. Preferirán buscar falacias, tergiversaciones o, directamente, mentiras para justificar un comportamiento absolutamente antidemocrático. Aquí no caben dudas o equidistancias. Sólo hay un responsable de esta anomalía que tiene una gravedad extrema. Sólo la defensa de los intereses partidistas del PP explica lo que ocurre.

Cambiar la ley

​Sin embargo, podemos ver, oír y leer todo tipo de argumentos que buscan oscurecer esta realidad y transformarla en una cuestión discutible en la que resulte difícil dar la razón a unos u otros. Son puras patrañas. Son tácticas del calamar que suelta tinta para dificultar la visibilidad y poder escapar de un problema que le acecha. El Gobierno progresista tiene la obligación de cambiar la composición del CGPJ como mandatario de la mayoría de los españoles. No se trata de defender los intereses partidistas de un partido, sino de hacer valer los derechos que la Constitución otorga al pueblo español.

​El Partido Popular tiene todo el derecho a pretender modificar una ley que no le garantiza que el Poder Judicial tenga siempre un sesgo conservador afín a su ideología. Para hacerlo bastará con que tenga el apoyo de la mayoría de los españoles. Que el CGPJ refleje el sentir mayoritario del pueblo es consecuencia de la ley que impulsó el propio Partido Popular con Alberto Ruíz-Gallardón como ministro de Justicia. En esa etapa, la derecha era mayoritaria en España y, por tanto, tenía plena justificación democrática. La izquierda lo aceptó en aquel momento sin problema alguno.

No es que sean los partidos y sus portavoces los únicos que recurren a la mentira o a la tergiversación de la realidad. Son muchos periodistas y medios de información los que se sirven de esta misma técnica de manipulación

Deformar la realidad

​El mundo de la comunicación política tiene como herramienta fundamental el uso del lenguaje. Ocurre también en nuestras relaciones personales. Cuando la comunicación entra en acción, los hechos ya se han producido y son, en muchos casos, inalterables. La dificultad surge cuando esa realidad no beneficia a alguien. El reto que debe abordar un partido en esa coyuntura es el de cómo contar esa realidad para que le cause el menor daño posible o para que lo que haya ocurrido pueda jugarlo como una baza a favor de sus intereses. Este es el origen de los intentos de manipulación, tergiversación o mentira.

​La mayor parte de los ciudadanos asumimos con realismo y resignación, de antemano, la tendencia natural de los políticos a reinterpretar cualquier hecho para intentar vestirlo de la forma más favorable a su beneficio partidista. Como norma general, solemos colocar de antemano un filtro a todas sus declaraciones, ya que conocemos esa manera de actuar. Sin embargo, no reaccionamos de la misma manera en relación con que una declaración coincida o no con nuestros intereses ideológicos.

​Si algo resulta ser un dato indiscutible es que, en una época en la que la mentira y la manipulación de los hechos es norma cotidiana, buena parte de los ciudadanos las acepta siempre y cuando convenga a sus convicciones ideológicas. Dicho más claro, no les importa que les mientan siempre y cuando sea en favor de sus ideas y, sobre todo, en contra de sus rivales. Si una mentira ayuda a protegernos y a perjudicar a nuestros enemigos, la damos por buena.

La deriva del periodismo

​El problema se acentúa en la medida en la que también los medios de comunicación colaboran en este proceso. No es que sean los partidos y sus portavoces los únicos que recurren a la mentira o a la tergiversación de la realidad. Son muchos periodistas y medios de información los que se sirven de esta misma técnica de manipulación. No hablamos de que un medio tenga una línea editorial u otra y tienda a ver y analizar la realidad desde una perspectiva ideológica. Esto no sólo es comprensible, sino que es parte del fundamento del debate plural que consolida una democracia. 

​Lo grave viene desde el momento en el que la defensa de una posición ideológica rebasa la opinión y arrasa la barrera de la verdad irrefutable de los hechos fehacientes. Diariamente vemos, oímos y leemos a profesionales de la comunicación ignorar la verdad y transformarla en una realidad alternativa que a base de repetición aspira a convertirse en una convicción aceptada por buena parte de la ciudadanía. Ante esta situación, la gran dificultad radica en determinar cómo actuar.

Una guerra no declarada

​No todos los medios son iguales, ni todos los periodistas y comunicadores somos iguales. Todos tenemos sin duda nuestra ideología y trabajamos en medios que defienden una línea editorial determinada, que cada uno apoya con mayor o menor convicción. El diferencial está en la utilización voluntaria e intencionada de la mentira y la manipulación como partícipes de una supuesta guerra no declarada en la que se quiere justificar que todo vale para detener una amenaza de nuestra subsistencia.

​Este acaba por ser el problema, a mi juicio, de la actuación de la derecha política y mediática en España en la actualidad. La absurda, ridícula y falsa afirmación de que este Gobierno pretende imponer retrocesos democráticos para iniciar un camino hacia un régimen dictatorial va más allá de ser una completa demencia. En realidad, difundir repetidamente semejante disparate cumple una trascendental tarea. Se trata de justificar la utilización de la mentira y la manipulación como arma de defensa ante un supuesto rival al que se acusa de querer abolir la libertad. La falsa amenaza de que peligra la democracia es únicamente una excusa para justificar acciones intolerables en territorios como la vida parlamentaria, la comunicación, la justicia o el mundo empresarial.

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