Contra la soberanía popular
Discutimos respecto a la independencia de los tres poderes del Estado en España, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El intento de invadir las funciones de un poder por parte de otro es reprobable, la interconexión es obligada. Los tres están conectados y tienen influencia directa en sus actuaciones. Ahora todo se mezcla: jueces contra la amnistía, lawfare, García-Castellón, CGPJ, el súperministerio de Bolaños, etc. La polémica parece intencionadamente desvirtuada desde su origen. Estamos ante un claro intento de menospreciar el relevante papel de la soberanía popular en nuestra democracia.
El artículo 1 de la Constitución, que algunos quieren ver amenazada hasta el límite del absurdo, no puede decirlo más claro: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Todos los poderes del Estado dependen de los ciudadanos. Todos. La democracia tiene como base algo tan simple y fácilmente entendible como que ningún poder tiene autonomía propia, desconectada de la voluntad popular.
El poder lo tiene el pueblo
El Poder Legislativo es la más pura muestra de la soberanía popular. Elegimos directamente a los diputados y diputadas que deseamos que nos representen. Cada vez que alguien descalifica a los políticos por desarrollar su trabajo está descalificándose a sí mismo, ya que él los ha elegido, y, además, está debilitando voluntaria o inconscientemente la columna vertebral de nuestra vida democrática.
El actual Gobierno ha salido legítimamente de las urnas. Cuenta con el apoyo de 179 diputados y diputadas que han sido directamente elegidos por más de 12,6 millones de electores. Decir que el presidente, un ministro o un grupo parlamentario toman decisiones pensando únicamente en sus intereses personales es absurdo. Son los representantes de millones de españoles. Es lógico que les interese detentar el poder. Para eso, precisamente, se les ha elegido.
La legitimidad de Sánchez y Feijóo
Evidentemente, Feijóo no representa más al pueblo español que Sánchez. Cualitativamente, ambos tienen el mismo origen como diputados electos. Cuantitativamente, el peso de Sánchez es mayor al haber conseguido en su investidura reunir a 1,6 millones más de españoles que Feijóo. Criticar a Pedro Sánchez por una supuesta ambición desmedida implica negarse a reconocer su obligación de cumplir el encargo que le ha hecho la mayor parte de los electores ¿Qué sentido tiene que un líder renuncie a ejercer el poder tras conseguir el apoyo mayoritario de los ciudadanos?
El Poder Ejecutivo tiene una clara dependencia de la soberanía popular. El presidente es elegido directamente por el Poder Legislativo, los diputados y diputadas, es decir por aquellos a quienes los españoles han designado para que ejerzan esa función. Incluso, el presidente está sometido a juicio permanente por el Poder Legislativo, para impedir que se aparte de la voluntad generalizada de la ciudadanía. A través de una moción de censura, si existe una mayoría de españoles que quiera cesar a su presidente, puede hacerlo si considera que está haciendo mal su trabajo o incumpliendo el encargo que se le ha asignado. Rajoy puede atestiguarlo.
Criticar a Sánchez por una ambición desmedida implica negar su obligación de cumplir el encargo hecho por la mayor parte de los electores ¿Qué sentido tiene que un líder renuncie a ejercer el poder tras conseguir el apoyo mayoritario de los ciudadanos?
Un poder muy limitado
Es sorprendente que la campaña de la derecha se centre en acusar a Pedro Sánchez de gobernar de forma dictatorial. No cabe disparate mayor. El “autócrata”, como a veces le llaman, es el presidente que acumula menos poder de la historia democrática en España. Nadie ha gobernado con menos diputados de su propio partido como respaldo. Para alcanzar la necesaria mayoría parlamentaria, ha necesitado pactar con otras siete formaciones políticas. Todo lo que quiera hacer lo tendrá que llevar a cabo mediante negociaciones y pactos. Dispone de menos capacidad real para imponer su propio criterio que cualquier otro presidente anterior.
Además, hay que recordar que el poder ejecutivo tiene muy limitadas sus acciones sin el respaldo de la soberanía popular. Por mucho que Sánchez y Puigdemont desearan cerrar un acuerdo de investidura a cambio de amnistía, sólo pueden llevarlo adelante si cuentan con el apoyo explícito y público de más de 175 representantes de los españoles. No son 7 votos. La oposición se niega a mostrar esta realidad. Prefiere difundir la idea de que el Poder Ejecutivo actúa a espaldas de los españoles. Por el contrario, la derecha política sí que se atribuye la representación popular, incluso más allá de lo que le corresponde por los votos que obtuvo. De hecho, se indignan cuando les recuerdan que sólo representan a una porción minoritaria de la España actual.
Un poder judicial independiente
La perversión lingüística malintencionada puede conducirnos a graves equívocos. Poca gente admitiría como buena la idea de que el Poder Judicial esté sometido al poder político. Ahora bien, nadie puede estar en contra de que el Poder Judicial esté sometido en una democracia a la soberanía popular. El Poder Judicial debe tener plena independencia para aplicar unas leyes que no elabora y que se deciden desde el poder político. El Poder Judicial cobra sentido en una democracia si juzga con independencia, pero, en todo momento, limitándose a cumplir disciplinadamente una legislación que cuente con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, expresada a través de sus representantes políticos.
La soberanía nacional reside en el pueblo español y de él emanan los poderes del Estado. También el Poder Judicial. Un sistema de gobierno de los jueces sin dependencia alguna de la soberanía popular sólo sería admisible si así lo desearan los propios ciudadanos. Y no es el caso. El actual modelo de gobierno de los jueces fue impuesto por el PP cuando contaban con un apoyo social mayoritario en 2013, con Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia. Si el PP quiere cambiar otra vez el sistema de elección de los jueces, que ellos mismos impulsaron, puede promoverlo siempre y cuando tenga el mandato del pueblo para hacerlo. Es decir, cuando vuelva a tener una mayoría parlamentaria que le respalde. Nada sería menos democrático que el Poder Judicial se autorregulara por encima de la soberanía popular. No se trata de un colegio profesional, de una asociación gremial o de un club de vacaciones.
La encrucijada Bolaños
La iniciativa de agrupar en un solo ministerio la coordinación de las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial adquiere especial importancia en mitad de esta interesada intentona de deslegitimar la dependencia directa de todo poder de la soberanía popular. Félix Bolaños tiene como una de sus principales funciones la de hacer una importante tarea divulgativa que permita entender a todos que los poderes deben trabajar con independencia, pero no son autónomos, sino que están entrelazados y tienen obligadas interdependencias.
La oposición trata de extender la falsa amenaza del intento del Poder Ejecutivo de usurpar el Poder Judicial. El planteamiento es absurdo. No sería viable. No es posible. Lo que sí que les corresponde a los poderes ejecutivo y judicial es aplicar lo que decida la mayoría popular en el lugar donde corresponde, el Congreso de los Diputados. Allí debe decidirse si una amnistía es conveniente o no en la España de hoy o promover la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que quienes usurpan el organismo llevan cinco años impidiendo. En resumidas cuentas, tal y como decía Baltasar Garzón en infoLibre este fin de semana: “En el CGPJ, el PP quiere cambiar el sistema que da el poder al Parlamento, depositario de la soberanía popular”.
