La democracia de la información contra la dictadura de la opinión

“Nunca antes el ‘poder’ político había sido tan indigno de su nombre. Nunca antes el ‘poder público’ había cedido tanto ante cuestiones vitales, para hoy y para mañana". Estas frases iniciales del Manifiesto contra la impotencia pública (edic. Tracts Gallimard, 2022) del filósofo Dominique Bourg y del historiador Johann Chapoutot, referidas a la torpeza y la impotencia de quienes nos gobiernan ante la emergencia climática, se aplican perfectamente a su actitud ante la degradación acelerada y catastrófica de nuestro sistema de información. 

Y no por casualidad. Porque este Manifiesto, al centrarse en los peligros que amenazan a los seres vivos, plantea la cuestión central de una ecología de la política capaz, al estar a la altura de este reto, de detener el desbarajuste democrático que está precipitando esta catástrofe. La democracia no puede quedar reducida a la elección de representantes que, sin embargo, pueden llegar a arruinarla si no se controla y contrarresta su poder. Requiere la deliberación colectiva, cuyo resorte principal es el conocimiento: conocer la realidad en toda su complejidad, saber lo que nos pasa, comprender lo que ocurre; en definitiva, arrojar luz sobre el presente para poder ver con claridad. 

La Asamblea General (presidencial) de la Información

En otras palabras, una democracia viva es ante todo una democracia informada. Este es el reto que motiva y moviliza la Asamblea General de la Prensa Independiente, mucho más allá de cuestiones profesionales o corporativistas. Organizada por iniciativa del Fondo para una Prensa Libre (FPL) y que reúne a más de un centenar de medios de comunicación, organizaciones y colectivos –entre ellos, por supuesto, Mediapart–, esta Asamblea promueve 59 propuestas elaboradas y debatidas colectivamente para librar a la información de los tres males que la obstaculizan, corrompen y esclavizan en Francia: el control de los multimillonarios extranjeros sobre el oficio de informar; la presión de las autoridades estatales y de los intereses políticos; y la llegada de los medios de comunicación del odio al centro de la escena pública.  

Ya se trate de la concentración, el accionariado y los derechos editoriales (16 propuestas), del refuerzo del derecho a la información (14 propuestas), de la lucha contra la precarización de los periodistas (15 propuestas) o de las ayudas públicas a la prensa (14 propuestas), todas estas ambiciosas reformas convergen en un mismo objetivo: restaurar la libertad, la integridad y la vitalidad de un periodismo de interés público. En otras palabras, un periodismo que informe, no un periodismo que comente. Periodismo que proporcione conocimiento y saber, no periodismo que afirme opiniones y prejuicios. 

“El Fondo para una Prensa Libre pretende promover un periodismo basado en hechos", escribe su presidente, François Bonnet (cofundador y ex director editorial de Mediapart), como conclusión de las propuestas de la Asamblea General. “La misión primordial del periodismo independiente es establecer los hechos mediante una información verificada, honesta, jerarquizada y contextualizada. El periodista Robert Ezra Park, que fundó la Escuela de Sociología de Chicago a principios del siglo XX, lo expresó de una manera brillante: ‘La opinión se forma por la información más que por el comentario. Un periodista en posesión de hechos es un reformador más eficaz que un editorialista que se contenta con gritar desde la tribuna, por muy elocuente que sea’". 

Con su cinismo y su mediocridad, nuestros "gobernantes" están saboteando un sistema democrático ya frágil y dañado.

Dominique Bourg y Johann Chapoutot

La Asamblea General (presidencial) de la Información, organizada por el Elíseo de forma muy opaca, a la que responde la iniciativa del FPL, es la prueba de la larga historia de desconfianza política y estatal de Francia hacia el periodismo independiente. Por su propia concepción, reflejan una visión empobrecida, atrofiada y necrosada de la democracia, en la que la reforma, tan urgente y necesitada de un contrapeso esencial –el derecho a estar libremente informado–, se pone únicamente en manos del Presidente de la República, que decide en última instancia a voluntad y sin ningún procedimiento vinculante. 

Hace un año, en su llamamiento a repensar la acción pública, los profesores Dominique Bourg y Johann Chapoutot no ocultaban su enfado ante el descrédito de nuestro ideal democrático por parte de los gobernantes: "Por su falta de imaginación y empatía, por su estupidez e incultura, por su incapacidad para pensar y proyectar, por su cinismo y mediocridad, nuestros 'gobernantes' están saboteando un sistema democrático ya de por sí frágil y dañado. Su función debería ser la de servir al interés general y no correr en ayuda de los intereses particulares que les financian, asesoran y condicionan.” 

El símbolo más evidente de este sabotaje es lo que ha sido de nuestro debate público, donde la dictadura de la opinión se impone a la democracia de la información. Por su inacción, su complacencia o su complicidad con los multimillonarios que se han convertido en dueños del panorama mediático, los poderes fácticos y su personal político han echado una mano a esta decadencia. No sólo permitiéndoles conquistar y reinar sin freno ni límites, sino acompañando esta decadencia con su propio empuje, donde la verdad de los hechos se relativiza frente a opiniones que sólo autorizan ellos mismos. 

Bourg y Chapoutot escriben: "En lugar de enfrentarse a lo esencial, entretienen a la galería con polémicas estúpidas, remates finales indignos y propuestas sin sentido. Soportar a diario semejante ruido, semejante sucesión de palabras incoherentes, decisiones absurdas e inacciones culpables es más que agotador. El espacio público está saturado de estas tonterías y de los interminables comentarios que generan, mientras un escándalo persigue a otro. “Pero”, señalan, “eso es precisamente lo que esperan los enemigos radicales de la democracia y de la igualdad de derechos en la que se fundamenta.” 

La llegada de los medios del odio

El americano Steve Bannon, ideólogo y estratega trumpista tan apreciado por la extrema derecha francesa, recomendaba "ahogar a la gente en mierda" (sic). Una versión escatológica de la cortina de humo cuyo fin último es despistar a los ciudadanos para que no vean claro o, mejor dicho, no vean nada y, por tanto, ya no sepan qué hacer o qué decir. Para que estén literalmente perdidos y, en consecuencia, impotentes y maleables. Así pues, la cuestión no es sólo defender un mínimo de dignidad en un debate público que hoy en día carece lamentablemente de ella. Se trata, sobre todo, de reforzar una democracia a la deriva defendiendo la necesidad de una información libre e independiente. 

Se trata de hacer frente sin regateos a esta especificidad francesa de la llegada de medios de comunicación de masas, radio y televisión que, gracias a la indiferencia de los poderes públicos y a la laxitud de las autoridades reguladoras, son, en realidad, medios de odio. Ajeno a las numerosas multas que le impone la Arcom (autoridad reguladora de la comunicación audiovisual y digital), sucesora de la CSA, el grupo audiovisual de Vincent Bolloré se aprovecha gratuitamente de un bien público –los canales digitales terrestres– para difundir opiniones que violan los principios fundamentales de la Constitución francesa y las declaraciones de derechos humanos a las que se remite. 

La quinta de las 59 propuestas presentadas por la Asamblea General de la Prensa Independiente, aunque no ha sido suscrita por unanimidad de los participantes, se pronuncia sobre esta cuestión: "Los acuerdos firmados por Arcom para la atribución de frecuencias públicas de TDT de libre acceso deben prohibir la transformación de un canal de información en un canal de opinión y exigir un verdadero pluralismo en el seno de estos canales".

 

La libertad de opinar, de opinar de todo, incluso de lo peor y lo más despreciable, se ha convertido así en el caballo de Troya de un asalto al derecho a saber

En otras palabras, lo mismo que un periódico en papel o digital que compramos o consultamos defiende tener sus propias opiniones, aunque ello suponga tener que rendir cuentas ante los tribunales si infringe la ley, un medio de comunicación de masas de libre acceso y distribución no puede convertirse en unilateral y tendencioso. 

Hannah Arendt planteó esta cuestión política concreta ya en 1967 en una reflexión profética que está más vigente que nunca. "Verdad y política", publicado en el New Yorker, es una especie de manifiesto filosófico a favor del derecho a saber frente a la libertad de opinar. 

En él, la filósofa contrapone las verdades de opinión, especulativas y multiformes, a las verdades de hecho, raras, valiosas y frágiles. “La verdad de hecho", escribe, "corre siempre el peligro de ser sacada de la realidad por maniobras, no sólo durante un tiempo, sino prácticamente para siempre.” Así como las verdades de opinión son relativas, más o menos fundadas o pertinentes, a veces irracionales, incluso peligrosas, las verdades de hecho son tangibles, garantizan nuestra relación con lo real, una relación de razón y de saber con el mundo que nos rodea. 

Un espacio sin control

Abandonada únicamente a la confrontación de opiniones, una democracia se degrada, convirtiéndose en una guerra de todos contra todos: de prejuicios, creencias, identidades, comunidades, orígenes, miedos, odios, etc. La democracia sólo puede construirse, ampliarse y reforzarse si consigue situar las verdades de hecho en el centro del debate público, en un intercambio y una puesta en común, una conversación en suma, en la que consigamos ir más allá de nosotros mismos, de nuestros prejuicios, nuestras convicciones, nuestras certezas e incluso nuestra ceguera. 

Esa es la función de un periodismo que recupera su razón de ser y su utilidad social: producir información, con total independencia y rigor. Pero es en nombre de la libertad de opinión como se desacredita hoy en día la verdad de esa información. 

La libertad de opinar, de opinar sobre todo, incluido de lo peor y lo más despreciable, se ha convertido así en el caballo de Troya de un asalto al derecho a saber, a sus investigaciones y revelaciones que perturban a los poderes y forman a la opinión pública. Este desafío es claramente global, como demuestra la deriva de las plataformas y redes sociales, cuya falta de regulación y contención las transforma en lugares de salvajismo ideológico. 

Twitter, ahora X, es el símbolo más flagrante de ello desde que el multimillonario Elon Musk se hiciera con su control: un espacio incontrolado donde se desata la violencia racista, xenófoba y antisemita, reclamada, asumida y reivindicada por su propio dueño. Todo en nombre de una libertad de opinión sin trabas. 

En Francia, esto se concreta concediendo licencias a medios de comunicación del odio con audiencias masivas y recursos ilimitados. Si en principio no se pone coto a esto, ¿quién puede descartar que en estos tiempos revueltos, angustiosos y oscuros, mañana o pasado mañana nos encontremos con la irrupción mediática de lo que fue, el año anterior al genocidio de 1994 en Ruanda, la RTLM, es decir, la Radio-television libre de las mil colinas, cuyas palabras, adornadas con música animada y entretenimiento sensacionalista, reforzaron a los genocidas? Creada el 8 de abril de 1993, ¿acaso no pretendían sus estatutos promover el "pluralismo democrático" y "la circulación de ideas diversas", es decir, la libertad de expresión? 

Albert Camus pone en boca de su padre en su novela póstuma El primer hombre : "Un hombre tiene que tener sus límites". Camus que, como periodista de Combat, pedía "construir este país construyendo su lengua" y "garantizar a los periódicos una verdadera independencia del capital". 

La democracia, intrínsecamente frágil porque se supone que es un régimen de libertad, no puede ser el reino del "ilimitismo", por utilizar un neologismo acuñado por Dominique Bourg y Johann Chapoutot quienes, en su Manifiesto, muestran que este rechazo a ser limitado es el origen de nuestros desastres ecológicos y sociales, porque no hay límites para el exceso humano, los apetitos voraces o la dominación ciega. 

En resumen, ya es hora de que impidamos la dictadura de opinión que está arruinando la libertad de información.

 

_______________________

Edwy Plenel, periodista, presidente y cofundador del digital francés Mediapart, socio editorial de infoLibre.