Génova capital Bruselas (El PP traslada su sede)
No piensen que me he olvidado de mis conocimientos de Geografía política que aprendí hace ya muchos años en el colegio. Me limito a utilizar un juego de palabras que acreditan, con hechos constatables y reiterados, que el Partido Popular hace política desde Bruselas y no desde su sede nacional en la madrileña calle Génova 13, de la que sólo utiliza el balcón como escaparate para celebrar los éxitos electorales.
El edificio de la céntrica calle madrileña se ha convertido en una sucursal de su primitiva sede central que se ubica en las oficinas y pasillos del Parlamento Europeo. Sus verdaderos dirigentes, por méritos propios, son los muy activos y maniobreros europarlamentarios Dolors Montserrat y Esteban González Pons. No sólo provocan continuas intervenciones para entretener a los parlamentarios, también dedican sus esfuerzos a transmitir el mensaje de la descomposición de la democracia española, sumergida en una dictadura que se salta las normas del Estado de derecho, controla todas las instituciones, y además, utilizando una metáfora que no es de su cosecha: advierten a sus colegas que España se rompe. Excelente y patriótica labor. No se preocupen que ningún juez, yo tampoco, les va a acusar de traición a la patria.
Dolors Montserrat ostenta la Presidencia de la Comisión de Peticiones y desde su cargo maneja la agenda europea con un inusitado interés por los asuntos internos de la política española, que traslada a la Comisión de forma descarada para transmitir la imagen de que la Unión Europea está muy preocupada por el derrumbe de la democracia en España, mensaje inmediatamente reproducido en nuestros lares por su tamborrada mediática. Esteban González Pons tiene reconocidas habilidades para las relaciones públicas y ha conseguido convencer al Comisario de Justicia, Didier Reynders (como titularía Graham Green, Nuestro hombre en Bruselas), de que Pedro Sánchez pretende asaltar los Palacios de Justicia.
Gracias a la inexplicable condescendencia del PSOE ha conseguido, de momento, una foto que ilustra mejor que cualquier tesis o trabajo jurídico cuál ha sido, hasta ahora, el método seguido por los dos partidos mayoritarios para designar a los vocales del Consejo del Poder Judicial. La imagen de Bolaños y González Pons sentados, frente a frente, como si estuvieran disputando una partida de ajedrez, bajo el control del tiempo (dos meses) del juez de mesa, señor Reynders, es lo suficientemente expresiva de la perversión del sistema y de la conculcación de los Reglamentos de nuestras Corte Generales. El primer movimiento consistirá, como es lógico, en discutir la determinación de la cuota a la que aspira cada jugador. ¿Diez y diez y el Presidente para el partido del Gobierno? En esta pugna, el árbitro de mesa puede ofrecer alguna sugerencia. Cuando se pase al tema de los atributos que adornan a las personas preferidas, el mediador debería abandonar su sitio, porque no tiene ni idea sobre las cualidades jurídicas y personales de los peones que cada contendiente pretende colocar en el Consejo, por muchos currículos que se presenten.
Dedican sus esfuerzos a transmitir el mensaje de la descomposición de la democracia española, sumergida en una dictadura que se salta las normas del Estado de derecho. No se preocupen, que ningún juez, yo tampoco, les va a acusar de traición a la patria
Dolors Montserrat, prevaliéndose de su condición de Presidenta de la Comisión de Peticiones, trabaja activamente para colocar en los debates asuntos que le llegan a petición de ciudadanos españoles o estrambóticas organizaciones como la denominada “Asociación de víctimas de los políticos” que pone en duda la independencia judicial y la separación de poderes en España, solicitando, como postulan muchos dirigentes del PP, la retirada de los fondos europeos como se hizo con Polonia. También sometió a crítica la ley del solo el sí es sí, aunque con escasa fortuna, porque se está elaborando una Directiva que va en la línea de su versión originaria y sin correcciones. Impulsó una sesión del Parlamento europeo para tratar sobre la ley de amnistía. Acudieron 70 de los 705 europarlamentarios, demostrando el escaso interés que este tema suscita en Europa. Como diría un cronista taurino, mucho menos de media entrada.
Más éxito ha tenido la Resolución del Parlamento europeo sobre la posible injerencia rusa en la política de los países de la Unión Europea, en la que se hace una referencia a que algunas informaciones periodísticas llevan señalando, desde hace tiempo, los contactos y las estrechas relaciones personales entre los secesionistas catalanes, incluidas las autoridades del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña y el Kremlin. Se basa en las investigaciones del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, sobre el asunto Voloh (ha estado tres años en el frigorífico), que vincula, entre otros, al antiguo presidente catalán y a su entorno con Rusia. Ahora serán la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y su Comité asesor quienes decidan si se abre esa investigación interna a Puigdemont. Ya veremos en qué termina.
Por último, de momento, la Mesa del Senado, es decir, el PP, que tiene mayoría absoluta, se ha dirigido a la Comisión de Venecia (la denominación oficial es: Comisión Europea para la Democracia por el Derecho) que tiene ese nombre debido a que sus sesiones se celebran en la ciudad de los canales. Es un órgano consultivo del Consejo de Europa (Estrasburgo) formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Se le ha requerido para que visite España y realice una serie de contactos con todos los sectores relacionados con el mundo de la política y de la justicia para recabar información y emitir un informe que no tiene carácter vinculante y que habrá que examinar con detenimiento por su indiscutible prestigio jurídico.
La internacionalización de las actividades del Partido Popular (Bruselas-Estrasburgo-Venecia) parece que no tiene límites. Todavía le queda Ginebra (Comité de Derechos Humanos), y me atrevo a sugerirles, ya puestos, el Tribunal de la Rota (Vaticano-Roma) para que otorgue el Nihil obstat a la Ley de Amnistía o la incluya en el antiguo Indice de Libros prohibidos. Tenía razón Pablo Casado cuando dijo que había que vender la sede de Génova 13. Esta infrautilizada.
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José Antonio Martín Pallin. Abogado. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.
