Los impuestos no son una lonja de pescado

La carrera desenfrenada de algunas autonomías regidas por el Partido Popular y avaladas por su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, para eliminar impuestos y reducir al mínimo los existentes, me recuerdan el sistema que se utiliza en las lonjas de pescado para subastar los productos del mar que se ofrecen a los postores. Se parte de una determinada cifra, normalmente alta, y comienza un descenso vertiginoso hasta que en un momento dado alguien alza la mano y se queda con el lote, al precio que estima adecuado. Si nadie para la caída y el precio llega a cero la mercancía se devalúa y, o bien se vende fuera de la subasta, a muy bajo precio, o se utiliza en algunos casos para harina de pescado.

Antes de entrar en aspectos técnicos impositivos de los que soy profano (confieso que no sé hacer la declaración sobre la renta) aviso que el propósito de este artículo no tiene otra finalidad que la de llamar la atención sobre aspectos constitucionales y legales que me parece que están siendo atacados por el desenfreno impositivo neoliberal de la derecha de nuestro país. La justificación de esta política la sintetizó, muy plásticamente, el exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, cuando lanzó un eslogan muy efectista: “El dinero está mejor en el bolsillo de los españoles”.  

Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que destaca nuestra Constitución, se encuentran la igualdad y la justicia, virtudes que brillan por su ausencia en nuestro sistema tributario. El artículo 31 de la Constitución parece bastante claro a la vez que ignorado, cuando afirma que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Añade que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. En el artículo 40, al desarrollar los principios rectores de la política social y económica, recuerda que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica.

Llama la atención que los neoliberales, encarnados en nuestra derecha y extrema derecha, tan celosos custodios de la Constitución, olviden que dentro de la indivisible unidad de la nación española se reconoce la autonomía de las nacionalidades y regiones y predica la solidaridad entre todas ellas. Creo que a todos debe preocuparnos que nuestro sistema tributario no responda a los criterios de igualdad y de justicia y que el reparto de las cargas de los ingresos procedentes de los impuestos no sea solidario.

Los neoliberales que no han leído a Adam Smith ignoran que el artículo 128 de la Constitución establece que toda la riqueza del país en sus diferentes formas, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general, además de reconocer la iniciativa pública en la actividad económica y que el sector público se podrá reservar recursos o servicios especiales especialmente en el caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas.

El Tribunal Constitucional, al abordar la amnistía fiscal de los grandes defraudadores por el impuesto de las personas físicas (otra vez Montoro), declara su inconstitucionalidad y sienta las bases de nuestro sistema tributario con arreglo a los principios constitucionales. En su sentencia de 8 de junio de 2017, dice textualmente que los datos anteriores permiten confirmar que, como ha recordado este Tribunal [les ahorro las abundantes citas jurisprudenciales],  el IRPF se erige en uno de “los pilares estructurales” o una de “las piezas básicas” del sistema tributario español; a través de este impuesto “se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, lo que lo convierte en una figura impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de justicia tributaria que impone el art. 31.1 CE”, así como “los objetivos de redistribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE)”. Esto supone que cualquier alteración sustancial en la configuración de los elementos esenciales del IRPF podría alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas físicas que manifiesten una capacidad económica susceptible de gravamen.

Como puede comprobarse, existen unos “pilares estructurales” y una “piezas básicas” que no pueden ser alteradas sin quebrantar la constitucionalidad de la armonización fiscal. Estas columnas que sostienen el sistema, según los expertos, son los impuestos directos. Es decir: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre la Renta de no Residentes, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (este impuesto está cedido a las Comunidades Autónomas, pero no para que lo eliminen o lo reduzcan a cero) y el complejo Impuesto sobre el Patrimonio (especialmente las grandes fortunas) cuya existencia nadie cuestiona, pero que necesariamente habrá que armonizarlo para evitar duplicidades con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Fijar tramos, cuantías, exenciones o deducciones es cuestión que han estudiado en profundidad los técnicos de la Agencia Tributaria. Una puja a la baja desenfrenada altera los principios básicos de nuestro sistema constitucional.

Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que destaca nuestra Constitución se encuentran la igualdad y la justicia, virtudes que brillan por su ausencia en nuestro sistema tributario

La teoría neoliberal que predica, como verdad inmutable, que la bajada de impuestos provoca la subida de la recaudación contradice hasta las leyes de la física (repasen la teoría de los vasos comunicantes) y generan una desigualdad y desproporción en las cargas fiscales que cualquiera puede comprender sin necesidad de mayores razonamientos. La Ley General Tributaria, como dice su Exposición de motivos, es el eje central del ordenamiento tributario, donde se recogen sus principios esenciales y se regulan las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. El Tribunal Constitucional ha manifestado que "el sistema tributario debe estar presidido por un conjunto de principios generales comunes capaz de garantizar la homogeneidad básica que permita configurar el régimen jurídico de la ordenación de los tributos como un verdadero sistema y asegure la unidad del mismo, que es exigencia indeclinable de la igualdad de los españoles" (STC 116/94, de 18 de abril), y también que "la indudable conexión existente entre los artículos 133.1, 149.1.14.ª y 157.3 de la Constitución determina que el Estado sea competente para regular no sólo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las comunidades autónomas respecto de las del propio Estado" (STC 192/2000, de 13 de julio)

Con frecuencia escuchamos a los políticos justificar determinadas decisiones por la necesidad de equipararnos a países de nuestro entorno. Tienen modelos donde mirarse. Sigan el debate suscitado en Alemania acerca del impuesto sobre el patrimonio. El Tribunal Constitucional lo paralizó, advirtiendo de la necesidad de reformarlo. El Partido Social Demócrata alemán ha propuesto reintroducirlo para las fortunas superiores a dos millones de euros. No están los tiempos para estas pujas escandalosas y degradantes que estamos viviendo estos días. Los electores tienen la palabra: Quieren servicios públicos eficientes o convertirse en harina de pescado.

___________________

José Antonio Martín Pallín es Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra), abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.