Los jueces merecen respeto, ¿y los demás no?

Como jurista me tiene perpleja la actitud de determinados jueces intentando condicionar la actividad del poder legislativo, en concreto poniéndose en frente de la futura ley de amnistía incluso antes de que se apruebe; como ciudadana me escandaliza y me preocupa, en tanto parece un pulso decidido ante el Estado de derecho y la separación de poderes equilibrados e independientes entre sí, que constituyen ejes básicos de la democracia.

La teoría clásica del derecho nos dice que el poder judicial ha de quedar al margen del legislativo porque si ha de aplicar la ley, esta debe quedar fuera de su alcance, solo debe estar ligado y obligado a ella. Se ha definido el poder judicial como un poder nulo, porque no debe constituir una clase o casta propia, sino que debe representar a todos y a ninguno, que no puede ni debe influir en otros poderes, siendo asimismo que la función judicial es exclusivamente suya. Recordemos que este modelo constitucional arrancó como reacción al absolutismo de los reyes y en defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. Por tanto, las injerencias que aprecio en determinados jueces sobre el trabajo legislativo de las cámaras que representan la voluntad popular es un ataque directo a tales derechos y libertades que nos corresponden.

Quizás la expresión 'fachas con toga' no fuera especialmente afortunada, pero tampoco se desviaba de una realidad que muchas conocemos y que se traduce, ni más ni menos, en la actuación de determinados miembros del Poder Judicial como operadores políticos

El gobierno de los tiempos procesales al servicio de la obstaculización de la futura aplicación de la ley, la realización de declaraciones públicas en contra de la aprobación de la misma, o la reinterpretación de tipos penales, no deja de ser preocupante porque pone en tela de juicio no solo esa separación de poderes sino la propia independencia judicial, que es un derecho de los y las juezas, pero también constituye su obligación en el compromiso que asumen de defender a todos y a ninguno y ser esa boca imparcial que pronuncia la ley. La ley que aprueba el legislativo, no la que les gustaría o les parezca mejor a ellos o a ellas.

Y para que nadie se alarme, ni siquiera ellos que lo conocen de sobra, recordemos que el TC se pronunciará en su caso sobre la constitucionalidad o no de la futura norma, pero en ningún caso podrá hacerlo sobre la oportunidad política de una ley de amnistía, cuyo criterio corresponde única y exclusivamente a los miembros del parlamento en un contexto de plena autonomía, que a mi juicio no tienen si se levantan cada mañana con una maniobra judicial claramente dirigida a condicionarla.

Quizás la expresión fachas con toga no fuera especialmente afortunada, pero tampoco se desviaba de una realidad que muchas conocemos y que se traduce ni más ni menos en la actuación de determinados miembros del Poder Judicial como operadores políticos al servicio de posiciones ideológicas, que son muy legitimas desde su condición de ciudadanía y absolutamente reprochables como bocas que deben pronunciar la ley de manera fidedigna. Y afirmar esta realidad no es un ataque ni un señalamiento ni una expresión antidemocrática, sino todo lo contrario. Todos los poderes han de estar sujetos a la crítica en el ejercicio de su actividad pública, y esta crítica amparada por la libertad de expresión, lo contrario sería tanto como admitir que los jueces no solo merecen respeto, que lo merecen, sino que constituyen una suerte de seres de luz inmunes a la aplicación de la propia ley y a la valoración de sus actuaciones. La cuestión a mi juicio es saber y afirmar que ellos y ellas merecen respeto, pero los demás poderes y el resto de los ciudadanos también. 

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.