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La gran paradoja del 21A: un Parlamento más soberanista, una ciudadanía menos independentista

En los últimos meses, desde que se produjo el acuerdo político entre el PSOE y Junts per Catalunya con el que se abría la posibilidad de la investidura de Pedro Sánchez, en el que se aludía al término lawfare y se preveía la presentación de una proposición de ley sobre la amnistía, han sido reiteradas las acciones que acreditan la confrontación por parte del órgano de gobierno de los jueces y algunos de estos frente al Ejecutivo. En especial, se han producido frente al Legislativo, auspiciadas, sostenidas y predicadas por el PP y la extrema derecha en España. Y, últimamente, tiene lugar entre fiscales de diferentes categorías, como si de un torneo se tratara, animado e insidiosamente aplaudido y dirigido por determinado sector mediático y los “voceros” más extremos de aquel en nuestro país, amén del impacto en las redes sociales y sobre los ciudadanos, en general.

Es cierto que, en una materia tan compleja e importante como es una Ley de amnistía, no ha existido (todavía estamos a tiempo) pedagogía alguna para que la ciudadanía pueda comprender de qué se trata y cuáles son sus fundamentos, la necesidad y su alcance. Las posiciones están fijadas ideológicamente y la descalificación de sus promotores servida desde el inicio. Poco importa la bondad que se pretende con esa medida, en aras a una mejor y mayor convivencia y armonía sociales. Sobre este particular, prevalece la posición política contra el independentismo catalán y la animadversión total contra quien, en su momento, fue el president de la Generalitat y contra el ahora presidente de Gobierno. 

La apelación a la persecución y sanción penal y su exacerbación priman sobre cualquier otra posibilidad alternativa, aunque esta pueda suponer el fin o atenuación del conflicto. Aquí, como en el caso del terrorismo, hay quienes viven mejor con el mismo que sin él. Mientras tanto, las mentiras jurídicas sobre la medida de gracia se acumulan y se impone su rechazo, sin más argumentos que la propia afirmación de este. Lo importante, y así se proclama, es que se produzcan manifestaciones, algaradas, descalificaciones antidemocráticas, ataques políticos y exposición de las instituciones al descrédito público nacional e internacional, con tal de que el contrario muerda el polvo

Sin filtro ni tamiz

No ha existido, hasta la fecha, tamiz ni filtro de calidad de ningún tipo, sino que ha ido a la par en tiempo real la aparición de la futura norma (incluso con anterioridad a la misma) y su rechazo, como si de la retrasmisión de un partido de futbol se tratara, con filtraciones interesadas, manipulaciones clamorosas, anuncios de querellas, sentencias ominosas y, a la postre, confusión total. Es decir, se ha dado carta de naturaleza a la más evidente desnaturalización del sistema democrático, que debería ser responsable e integrador, y del propio proceso penal en el que se ha querido apoyar el desprestigio que se pretende. 

Es un totum revolutum que hace el ambiente casi irrespirable. Frente a la mesura, la tranquilidad y el discernimiento jurídico que deberían adornar la actuación de algunos representantes del poder judicial y del Ministerio Fiscal, estos se han convertido en actores políticos, mezclándose en la vorágine de la confrontación entre partidos opuestos para apoyar o descalificar (generalmente lo último) la opción sostenida por el Gobierno y parte de los grupos que apoyaron la investidura. En tal contexto, no es extraño que los meros borradores de informes de un fiscal se tornen en argumento para el descrédito o insinuación de venalidad o favorecimiento por parte del superior jerárquico, y las decisiones procesales provisionales sean el elemento definitorio de la estrategia política contra el Legislativo.

En línea con esta marabunta y para generar mayor confusión, se escuchan comentarios de “expertos” en terrorismo y se pueden leer artículos incendiarios de algún que otro juez opinando activamente sobre cuestiones políticas que afectan directamente al Ejecutivo en materia de nombramientos, sin importar demasiado la pérdida de imparcialidad. O de algún fiscal, que arrastra su prédica en la radio o gritándola cuando debería callar, porque quebranta la regla de unidad y jerarquía que rige el Ministerio Fiscal. 

Escandaloso lawfare

Al inicio de esta pendiente, que nos ha llevado al profundo foso de confusión y fango en el que nos encontramos, muchos componentes del poder judicial, asociaciones y altos responsables de aquel y del Ministerio Fiscal se rasgaron las vestiduras ante la aparición en un acuerdo político del término lawfare (instrumentación del derecho con fines políticos).  Lo calificaron de ofensivo, injustificado y mendaz, por cuanto se consideraba que los jueces y fiscales españoles están blindados frente al mismo, siendo un fenómeno, dijeron, propio de democracias no consolidadas. 

Manifestaron que era una desautorización general hacia la judicatura y un ataque miserable a la independencia de los jueces. Lo cierto es que, además de ser esta una reacción corporativista y una de las características del lawfare, los acontecimientos posteriores han demostrado que esa instrumentación existe, que aquel fenómeno está presente en nuestro país y que determinados grupos políticos y miembros del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal están haciendo gala del mismo.

La apelación a la persecución y sanción penal prima sobre cualquier otra posibilidad, aunque esta pueda suponer el fin o atenuación del conflicto. Aquí, como en el caso del terrorismo, hay quienes viven mejor con el mismo que sin él

Cuando pase el tiempo y adquiramos la suficiente perspectiva, comprobaremos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, los verdaderos intereses en juego y las intenciones que están guiando esta “movida” corporativo-política muy peligrosa para el Estado de Derecho y el propio sistema democrático. 

Peligro para la convivencia

Si el Derecho es, ante todo, un conjunto de reglas que busca garantizar la convivencia y que antepone el respeto a los derechos de los ciudadanos y, en su caso, sanciona a quienes las quebrantan, en ningún caso puede convertirse en un arma política contra otras instituciones ni ser utilizado por colectivo alguno de forma torticera, con fines espurios.

En este sentido, es muy peligroso el deterioro al que se viene sometiendo al Poder Judicial, a cuya degradación están contribuyendo, por acción u omisión, diversos actores internos como el propio Consejo General del Poder Judicial, con su mandato caducado hace más de cinco años y, por ende, deslegitimado para emitir decisiones y opiniones trascendentes que inciden directamente en el funcionamiento de las propias instituciones (por ejemplo, la sorprendente declaración de inidoneidad del Fiscal General del Estado). O las peticiones de ciertos órganos consultivos que actúan asociados a ciertos medios de comunicación y partidos políticos, para establecer posiciones jurídicas escasamente fundamentadas, aunque sí proclamadas urbi et orbe, de forma inmediata. 

Pero también actúan otros actores externos, como algunas formaciones que han trasladado la cancha de confrontación de esa naturaleza a los tribunales sumergiéndoles en esas luchas partidarias, incapaces de poner orden en el terreno de juego que les es propio. La inflación de denuncias y querellas ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo o en los Tribunales Superiores de Justicia demuestra la inmadurez democrática de nuestro sistema político. Acudir sistemáticamente a la justicia para resolver contiendas o superar frustraciones en ese ámbito es tan antiguo como pernicioso, por cuanto no solo desnaturaliza la acción de la Justicia, sino porque los componentes del poder judicial se convierten, nuevamente, en actores de la política en un terreno que no les es propio y, en consecuencia, cualquier resolución que dicten será negativa y perjudicial ante la sociedad. 

El papel de los medios de comunicación es un componente esencial para que este escenario de lawfare se complique y amplíe, con efectos geométricamente negativos y de muy difícil reconducción una vez consolidado. Existe una mala costumbre, cada vez más extendida por parte de algunos componentes del sector judicial y fiscal: es la de las filtraciones interesadas para intentar dirigir o motivar a la opinión pública en determinados temas que luego quedan en nada, pero que producen daños reputacionales importantes, a veces irreparables. 

En estos casos, se genera el ambiente mediático adecuado para que la resolución sea asumida en el sentido que convenga, se difunden los entresijos de la misma, se sugieren presiones o condicionantes sobre quien la pronuncia, o se deja entrever que hay algo oculto o sospechoso en su generación. Con ello, se obtiene el efecto deseado en el público que es ajeno a la verdadera motivación y objetivo perseguidos por el proceso judicial. La dilación posterior en la decisión del asunto la convierte en intrascendente.

Trasparencia como antídoto

Cabe preguntarse con qué tranquilidad se enfrentarán los afectados por una medida como la amnistía —si es que se llega a aprobar— a la decisión judicial decisoria de la misma, eventualmente dictada por quienes participaron en las manifestaciones o paradas judiciales en las puertas de los tribunales, o por quienes, perteneciendo a las asociaciones profesionales implicadas en aquel debate político, no se han desmarcado de las mismas.

A algunos operadores judiciales (en sentido amplio) se les ha olvidado que deben guardar silencio y no emitir opinión alguna diferentes a las que expresen en la propia resolución, además de un exquisito rigor. Así lo establecen la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución, las normas estatutarias, las internacionales y la propia jurisprudencia nacional e internacional sobre lo que pueden y no pueden hacer cuando están en ejercicio, y sobre la independencia y la imparcialidad. 

La transparencia en democracia es el antídoto de la arbitrariedad en la justicia. No podemos sentirnos tranquilos sin conocer los mecanismos de financiación de las asociaciones profesionales y sin conocer los vínculos políticos o mercantiles de alguna de sus estructuras corporativas, y debemos exigir esa transparencia al CGPJ a la hora de identificar los mecanismos complementarios de ingresos de los componentes del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal. En política todo se puede cuestionar, pero en la justicia todo se debe razonar y argumentar de modo que sea comprensible y genere confianza, y no quede espacio posible para la sugerencia perversa de que la resolución correspondiente se ha cocinado entre bambalinas, ni que se alberguen dudas de que la justicia se controle “por la puerta de atrás”. 

Tenemos la obligación de conseguir que el Derecho deje de ser un instrumento de las clases dominantes frente a los más vulnerables, y de evitar que en manos de una determinada élite judicial se torne en instrumento indeseable que puede dar al traste con todos los avances sociales y de convivencia a los que somos acreedores. Como dice Raúl Zaffaroni, debe quedar claro que “el Derecho es lucha y el actual panorama mundial, regional y nacional, lejos de desanimarnos, debemos valorarlo como el desafío de nuestra hora y a cuya altura se nos exige estar”.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, del ensayo 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

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