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Lo político es político

El feminismo radical de la segunda ola nos enseñó que “lo personal es político” con el objeto de evitar que el refugio de la privacidad y la intimidad machista impidiera que la igualdad y el feminismo llegaran allí donde habita la conciencia y, en gran medida, el sentido de realidad articulado sobre lo personal de las mujeres como una prolongación de los hombres, y evitar así que la normalidad levantada sobre la desigualdad fuera cuestionada.

Entender que lo personal es político es entender que lo personal importa en su doble dimensión, como elemento individual en cada una de las personas, y como elemento constituyente de lo social en una sociedad que es algo más que la suma de todas las personas que la forman, pero que no puede ser sin alguna de ellas; de ahí la importancia de acabar con las exclusiones que ha levantado el machismo para hacer una sociedad de barrios por donde se mueva la “gente de bien” y la “gente de mal vivir”.

De manera que lo personal es político, pero eso no significa que lo político sea algo personal. Veámoslo.

Si lo personal es político, la política tiene que dirigirse a la persona como forma de llegar a la pluralidad y a la diversidad que nos caracteriza como sociedad, pero siempre tomando como referencia lo común y lo público para hacer de la convivencia un espacio de encuentro con todas nuestras diferencias. Y para ello lo político tiene que ser político, es decir, debe establecer los instrumentos con los que avanzar en el bien común y en todo lo que compartimos.

Por lo tanto, tenemos una doble referencia que no se puede confundir: lo personal es político, pero lo político no puede reducirse a un planteamiento personal. El objetivo de la política progresista no puede dirigirse a satisfacer posiciones particulares que no contribuyan a transformar la realidad androcéntrica y lleven a una brecha del feminismo, que es el factor principal de dicha transformación. Instrumentalizar los recursos que se tienen al alcance para obtener un rédito particular no es eficaz y sí un error.

La gestión que se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad de la crisis surgida sobre la ley del sólo sí es sí revela que el objetivo de la estrategia es más político que social, por eso no se duda en hacer de lo político algo personal con lo que obtener algún beneficio individual. Parece que no importa el alto precio social que supone el desapego de la sociedad del feminismo, como ya reflejan los estudios que se han hecho tras el 8M, entre ellos el del Genderedpsyche dirigido por Marta Freile, ni la división agravada dentro del propio feminismo, que también revelan dichos trabajos, una división que no se soluciona diciendo “nosotras las feministas”, como si no hubiera más feministas y el feminismo no estuviera lleno de pluralidad y diversidad.

El objetivo de la política progresista no puede dirigirse a satisfacer posiciones particulares que no contribuyan a transformar la realidad androcéntrica y lleven a una brecha del feminismo, que es el factor principal de dicha transformación

Y todo ello sólo puede ser parte de una estrategia política y personal que se escenifica al presentar como “enemigo a batir” al propio socio de gobierno y partido progresista, en lugar de hacerlo sobre quienes cada día niegan la realidad que aborda la ley en cuestión.

Para defender una maravillosa ley, como es la Ley Integral de Garantías de la Libertad Sexual, no hace falta atacar a quien desde tu mismo lado y posición no comparte una parte puntal de la misma, sobre todo cuando ha demostrado su compromiso con el proyecto común apoyando una ley trans que ha generado múltiples e importantes problemas dentro de su partido.

Y tampoco se puede defender una ley diciendo que todo el que no comparta ni respalde su criterio es machista. Recurrir al machismo como causa, cuando el machismo es la propia construcción cultural de la realidad, no es suficiente a la hora de analizar cuestiones concretas que conllevan diferentes alternativas reconocidas por el propio feminismo.

Una ley se defiende explicando su contenido y el sentido que ha llevado a redactarla, y aceptando las consecuencias negativas que puedan producir algunos de sus elementos ante los beneficios generales que se supone va a conseguir. Por eso, si se ha apostado por rebajar las penas, al margen de las críticas que se puedan hacer ante algunas de las decisiones adoptadas por los tribunales, lo que se tiene que hacer es decir de forma explícita y en voz alta que no se trata de un error, sino una decisión y explicarla. Porque el problema no se limita a las reducciones de penas y excarcelaciones de ahora, sino que continuará cuando las nuevas sanciones ante futuras agresiones sexuales sean menores y muchos agresores sexuales no entren en prisión, sin que sea una medida fácil de entender por la misma sociedad y feminismo que salió a las calles gritando contra la impunidad y las penas mínimas, como se vio tras la sentencia de la violación grupal de los sanfermines de 2016.

Lo personal es político y gracias a eso hoy tenemos una ley contra la violencia sexual que sitúa el consentimiento en primer plano, pero si hacemos de lo político algo personal para sacar rédito, la situación social que da lugar a que esa ley se tenga que aplicar no cambiará, ni el motor de cambio que supone el feminismo tendrá la cohesión y la fuerza necesarias para transformar la realidad, limitándose a incidir todo lo que pueda sobre su gestión, pero dentro del marco androcéntrico.

Y ya lo hemos repetido varias veces, al machismo no hay que gestionarlo, al machismo hay que erradicarlo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

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