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Luces Rojas

La propuesta de pensiones: aspectos positivos y negativos

Fátima Báñez

José D. Roselló

Tenemos sobre la mesa la propuesta de reforma del sistema de pensiones surgida de los trabajos del grupo de expertos constituido por el Gobierno. A estas alturas están claras sus líneas maestras: la introducción de factores correctores en el cálculo de la pensión inicial y en la revalorización anual, así como una rápida entrada en vigor del nuevo sistema, en el ejercicio de 2014. Es una propuesta, pues, orientada al recorte, que pretende tener efectos en las cuentas casi inmediatamente.

En lugar de examinar las posibles motivaciones ideológicas o laborales de alguno de los miembros del grupo, quiero analizar las propuestas en sí mismas y la posibilidad de mejorarlas cuando sean las adecuadas.

España, al igual que la mayor parte de países europeos, se enfrentará a lo largo de las próximas cinco décadas a un aumento muy importante en la población mayor de 65 años, como puede verse en el siguiente gráfico: 

                        (Click aquí para ampliar el primer cuadro)                                                

España pasará a tener un 23% de su población por encima de los 65 años, en la media de la UE. Esto supondrá inevitablemente un mayor gasto en pensiones. Para averiguar el peso de las pensiones en términos de PIB, necesitamos estimar este a partir de hipótesis razonables sobre la evolución media de variables como tasa de empleo, natalidad, inmigración y productividad. No voy a entrar a discutir la validez de dichas hipótesis. Siguiendo al grupo de expertos, supongamos que la situación dentro de 50 años es la que representa el siguiente gráfico: 

(Click aquí para ampliar el segundo cuadro)

De seguir como hasta ahora, el esfuerzo que tendremos que hacer en pensiones llegaría al 13,7% de nuestro PIB (un aumento de 3,6 puntos sobre la situación actual), muy cerca de la media de la Unión Europea. La situación que se prevé, por tanto, no es catastrófica ni el aumento del peso de las pensiones es exagerado: no hay motivo para sembrar alarmas injustificadas o lanzar mensajes atemorizadores sobra la imposibilidad de tener un sistema público.

Combinando estos dos factores, el envejecimiento seguro y la evolución del PIB, podemos comparar las consecuencias para los sistemas de pensiones europeos con sus respectivos aumentos de población. No se dejen intimidar por el siguiente gráfico:

 (Click aquí para ampliar el tercer cuadro)

Se interpreta de la siguiente manera: en la horizontal, creciendo hacia la derecha, se refleja el aumento de población mayor de 65 años. En la vertical, creciendo hacia arriba, pero también con valores negativos, se refleja el incremento del gasto en pensiones. España se encuentra casi en el centro. No obstante los países se encuentran muy dispersos, sin una tendencia clara.

A causa de la variación entre países con respecto a sus sistemas de pensiones, los aumentos de población pueden tener consecuencias muy diversas en el aumento del gasto de pensiones públicas. Así, países como Bélgica, Irlanda y Holanda, se enfrentan a aumentos de población similares a los de España pero con un mayor incremento de gasto, mientras países como República Checa, Hungría y Portugal lo hacen con un menor incremento. Comparándonos con países grandes, España parece hacerlo algo mejor que Reino Unido, muy similar a Alemania y peor –con más coste– que Italia, Grecia y Portugal.

Estos datos muestran, pues, que la reforma del sistema de pensiones no es en absoluto caprichosa. Parece preciso realizar un ajuste y, en este sentido, las propuestas del grupo de expertos son defendibles.

Sin embargo, cabe hacer algunas observaciones a aspectos que han quedado fuera de la propuesta y, fundamentalmente, al momento de su aplicación. Lo que parece más inadecuado, dada la coyuntura económica, es introducir un nuevo elemento que reduzca apreciablemente los ingresos por pensiones a uno o dos años vista, o que genere mucha incertidumbre a corto plazo en los perceptores de pensiones. Por mucho que convenga a efectos de equilibrio presupuestario, en este momento restar más rentas a los consumidores tiene un efecto negativo inmediato en el crecimiento. También lo tiene, hablando coloquialmente, “meter el miedo en el cuerpo”, ya que afecta, y mucho, al consumo privado presente.

Hoy nuestro país sufre un problema de déficit originado por la recesión económica. Los recursos de las familias se encuentran muy mermados por el paro, los aumentos de impuestos y los efectos salariales de la reforma laboral; además, han disminuido las rentas en especie a causa del recorte de servicios públicos. Los datos del siguiente gráfico son elocuentes:

(Click aquí para ampliar el cuarto cuadro)

Todo esto ha tenido un impacto importante en el consumo y, por tanto, en el crecimiento de la economía, reforzando la espiral descendente en la que nos encontramos. Sería conveniente esperar tres o cuatro años hasta salir del agujero, para no hacerlo más profundo, sin dañar las expectativas (ya muy bajas) de los consumidores.

Otro aspecto que llama la atención es que todo el ajuste de la propuesta recae exclusivamente sobre la cuantía y la revalorización de las pensiones futuras. No se esboza, y se podía haber hecho, una fórmula razonable para dotar de ingresos mayores al sistema de pensiones. Por ejemplo, España ha hecho en los dos últimos años aumentos impositivos importantes tanto en IVA como en IRPF.

Su conveniencia, teniendo en cuanta la fase del ciclo, es nula, pero no en términos de largo plazo, ya que somos un país con una presión fiscal notablemente por debajo de la media europea y, sobre todo, de los países grandes de la Unión.

En términos proporcionales, España tiene menores ingresos por impuestos que sus socios. De ahí que desde Europa se presione tanto con el IVA. Hasta 2011, éramos el país europeo en el que menor peso recaudatorio tenía este impuesto. Pasa lo mismo con los impuestos especiales y alguna otra figura similar, aunque no con las cotizaciones sociales. En el siguiente gráfico puede verse con claridad:

(Click aquí para ampliar el quinto cuadro)

Puesto que ya hemos tomado la medicina amarga de los impuestos, ¿por qué no mantener en todo o en parte este aumento estructural para mejorar el equilibrio a largo plazo de las pensiones, en lugar de prometer su reducción futura? La propuesta sobre pensiones podría haber incluido un plan que garantice esa aportación nueva de ingresos. En el cierre, aunque sea parcial, de la diferencia de presión fiscal puede haber algo de margen para ello.

Resumiendo: primero, la reforma de las pensiones propuesta por los expertos es oportuna en su motivación y razonable en su concepción, aunque con un calendario inadecuado que parece más orientado a la lucha contra el déficit a corto plazo que a las necesidades generales de nuestra economía.

Segundo, el problema futuro de las pensiones en España es manejable, por lo que no hay justificación para el alarmismo ni para discursos apocalípticos sobre la inviabilidad del sistema público. Tercero, aunque la cuantía de las prestaciones pueda verse reducida en el futuro, cabe, de manera bastante razonable, simplemente con lo hecho hasta hoy, instrumentar mecanismos que rebajen dicha reducción.

El debate sobre las pensiones siempre viene acompañado por el asunto de la fiscalidad. En este sentido las propuestas han ido todas en la misma dirección, insistiendo en la reducción de costes. Aprovechando la crisis y la ola de reformas, no es nada insensato que a nivel español y europeo, haya un planteamiento global también sobre la captación de otras fuentes de renta (véase la recomendable entrevista publicada recientemente con Hervé Falciani).

No se trata de que la lucha contra la evasión fiscal haga irrelevante el problema del envejecimiento de la población, sino, más bien, de que la voluntad política y el impulso reformador se aplique en más de una dirección a fin de repartir las cargas de la manera más justa posible.

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