La amnistía en España: una conquista democrática

Andreu Mayayo y Javier Tébar

Perpetuar la impunidad de los actos de violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura del general Franco interpela a la propia democracia hoy. El debate público abierto en torno al proyecto de Ley de Memoria Democrática que se ha presentado a trámite parlamentario es ejemplo de lo que decimos. La Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 aparece como el núcleo de la discusión. Sin embargo, conviene situarla y darle dimensión en su propio contexto histórico como manera de evitar formas de “presentismo”, un ataque in toto a la transición a la democracia en nuestro país, presentándola como el pozo de todos los males, y, finalmente, la apelación a una especie de “eterno retorno” del franquismo y su alargada sombra.

Óscar Alzaga, jurista de dilatada trayectoria y destacado líder demócrata-cristiano durante los primeros años de la democracia, en su reciente libro titulado “La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas” recuerda de manera muy oportuna un dato que no debería pasar desapercibido. El autor denuncia con dureza lo que significó una orden dada por el entonces ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, miembro del primer gobierno de Suárez elegido en las urnas bajo las siglas de aquel peculiar conglomerado político llamado Unión de Centro Democrático. La orden significó la destrucción de millones de documentos policiales. Esta documentación contenía información tanto de las personas que habían participado en la oposición a la dictadura como de aquellas otras personas que los habían perseguido y reprimido durante aquellos años.

Alzaga expone de manera minuciosa el debate que abrió aquella decisión y las respuestas políticas por las consecuencias que tuvo, así como la actitud de los profesionales de los archivos, que mostraron su oposición a la directriz ministerial por afectar al patrimonio histórico documental. Aquella orden firmada por Martín Villa está fechada el 19 de diciembre de 1977, es decir, después de las primeras elecciones generales que habían tenido lugar seis meses antes, el 15 de junio, y tras la aprobación en Congreso y Senado el 14 de octubre y su publicación al día siguiente de la Ley de Amnistía. Ante este hecho incontrovertible, si aquella Ley de Amnistía, como algunas voces insisten y persisten en repetir, fuera el producto exclusivo y furtivo de las fuerzas de la dictadura para auto-amnistiarse y, por tanto, fue un logro de las fuerzas procedentes del franquismo, situadas de manera directa o difusa en ese campo o bien incorporadas ya al juego democrático: ¿por qué se llevó a cabo la destrucción masiva de las fichas policiales en diciembre de 1977? O bien ¿por qué esperarse a esas fechas para llevar a cabo esa destrucción si ya tenían todo “atado y bien atado”? Es plausible considerar que la secuencia cronológica nos indique que, en aquel contexto histórico, del que no deberíamos despegarnos con tanta facilidad como habitualmente se hace en los debates actuales, con el despliegue de la ley aprobada no quedaban descartadas consecuencias para los responsables directos (funcionarios y agentes policiales), pero también para las autoridades que ordenaron su actuación y, por tanto, eran sus responsables políticos.

Esto no haría más que contribuir a reafirmar que aquella Ley de Amnistía fue una conquista democrática de la oposición, que el pacto para su aprobación inquietó a amplios sectores del franquismo y de sus aparatos del Estado. Que mientras las fuerzas de izquierda y progresistas protagonizaron su celebración, no se tiene, por el contrario, ninguna información sobre manifestaciones franquistas celebrando la autoamnistía que, según algunas opiniones poco fundamentadas, habrían pergeñado esos mismos franquistas. 

Insistimos que no conviene perder de vista el contexto y, de nuevo, atender a las fuentes históricas. En este caso a las intervenciones que tuvieron lugar en el debate sobre la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso, puesto que nos ofrecen algunas otras claves. Con frecuencia se recuerda que un preso político de la dictadura como fue Marcelino Camacho, líder sindical de CCOO, mostró su apoyo a la Ley de Amnistía, aun señalando limitaciones que deberían superarse en cuanto fuera posible. No obstante, con la misma frecuencia se pasa por alto que desde la reivindicación de la amnistía total y, por tanto, contrario al proyecto, el diputado Francisco Letamendía, representante en el Grupo Mixto de la coalición Euskadi por Euskadiko-Ezquerra y militante de un partido ilegal como era entonces Euskal Iraultzarako Alderdia, hizo un discurso que ofrece otro punto de vista sobre aquel momento político. En su intervención desde la tribuna, después de no poder presentar una enmienda a la totalidad que quedó descartada por defecto de forma según la interpretación que el presidente del Congreso hizo del reglamento, Letamendía sostuvo que: “(…), comprendiendo que Grupos Parlamentarios de luchadores de izquierda se han visto enfrentados a problemas que les han obligado a aceptar un proyecto que no es de amnistía total y lo comprendo; dado que en todo caso esta amnistía total es un triunfo de todos los pueblos del Estado español, del pueblo vasco, de los mineros asturianos, de los trabajadores del barrio de Vallecas y de los braceros andaluces, no votaré en contra, me abstendré, y pido de estos grupos de izquierda presentes en el Parlamento una comprensión de mi postura”. Esta abstención, junto con las otras 17 abstenciones, entre las que se contaban la de los 16 diputados de Alianza Popular liderada por Fraga Iribarne, junto con los 296 votos afirmativos, dos noes y un voto nulo dieron por aprobada la Ley en Congreso y Senado en un mismo día. En definitiva, aquella votación, tal como el propio Letamendia expresó, terminaba siendo una amnistía total, aunque condicionada, “un triunfo de todos los pueblos del Estado español”, pedía comprensión y comprendía cuál era la correlación de fuerzas en aquel momento.

De esta forma, cabría interpretar que no, que la Ley de amnistía no fue una “Ley de Punto Final” al estilo de otras aprobadas en otros países. De hecho, constituye un puro anacronismo el equiparla a lo que sucedió bajo la dictadura argentina. De ser así, quién sabe, incluso si podría facilitar las cosas en un sentido de cumplimiento de justicia, verdad, reparación y no repetición que defienden los movimientos en defensa de los Derechos Humanos y del campo del asociacionismo memorial. 

Los enclaves más conservadores del poder judicial en este país han sido y son incapaces de actualizarse y de abandonar toda tentación de hacer política.

Aquella ley aprobada en un marco legal preconstitucional abrió el paso para llegar a la aprobación de la propia Constitución. El problema fundamental ha sido y es su interpretación y su aplicación durante la democracia por parte de jueces y magistrados. Los enclaves más conservadores del poder judicial en este país han sido y son incapaces de actualizarse y de abandonar toda tentación de hacer política. En las actuaciones de algunos jueces, hablamos en términos individuales, se expresa una “nostalgia” de un pasado donde Montesquieu ni estaba ni se le esperaba. Este es un problema, que, por supuesto, afecta al asunto del que hablamos y a muchos otros que, más pronto que tarde, deberá resolverse. 

Por otro lado, la acción de la justicia requiere de sujetos jurídicos para juzgar, y éstos, entre los victimarios del franquismo, son cada vez un número menor por la propia condición biológica. Esta situación nos habla de dos cuestiones, la primera es que posiblemente se llega demasiado tarde para estos juicios, sin por ello abandonar las posibilidades que se puedan explorar tanto en el ámbito de la justicia española como en el ámbito del derecho penal internacional; pero, por otro lado, debe añadirse que no ha habido plena reparación de las personas represaliadas de la dictadura durante las más de cuatro décadas de democracia. El que hayan continuado enterradas los centenares de fosas en nuestro país es posiblemente el ejemplo entre los más duros de lo que decimos. Y es esa, la falta de reparación, desde nuestro punto de vista la cuestión esencial. 

En este sentido, nos preguntamos si no cabría ponerse de acuerdo y reorientar los debates públicos sobre memoria democrática no tanto en la persecución de los victimarios y su procesamiento penal, sino en centrar el mayor esfuerzo de estas políticas en continuar profundizando en la “verdad” en términos de conocimiento histórico —en la que se ha avanzado muy claramente desde hace décadas— y en la búsqueda de formas de reparación pública de las personas represaliadas por la dictadura por distintos y variados motivos. Un reconocimiento que vaya más allá de homenajes públicos y diplomas o celebraciones de calendario, todas ellas iniciativas importantes pero insuficientes. Aunque se han impulsado ya numerosas iniciativas, cabría apoyar, estimular y difundir de manera más intensa el dar testimonio, tal como planteara un autor de referencia como Primo Levi al escribir su trilogía sobre su experiencia concentracionaria en los campos de exterminio nazis. Facilitar este dar testimonio, es decir, contar con la oportunidad para escuchar a aquella o aquel que te dice: esto fue lo que me pasó. Es en el terreno de la transmisión de esas experiencias donde ahora cabría hacer grandes esfuerzos, pensando la manera y el formato que permita dirigirse fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, a las generaciones que no vivieron en dictadura o, dicho de otra manera, a esas generaciones que sólo han vivido en democracia.

Tal vez este tipo de políticas puedan darnos esperanza en fortalecer ese ideal que completaría asegurar la no repetición de los crímenes que se vivieron en nuestro país, pero también en otros, y que a día de hoy continúan, conviene no olvidarlo, produciéndose. 

No obstante, y para finalizar, no reconocer y asumir la dimensión y las consecuencias de los actos de violación de los derechos humanos cometidos durante la dictadura interpela a la propia democracia hoy: ¿perpetuar la impunidad no produce un vacío ético que erosiona los propios fundamentos de nuestra democracia? Existen ejemplos conocidos en países de nuestro entorno sobre las formas de afrontar el pasado, no se trata de seguir modelos, pero sí de dar pasos en crear uno propio que nos aleje de la impunidad. De lo contrario, la tan apelada amnesia para referirse a la llamada “Transición” no dejará de ser, en realidad, la neurosis de un trauma que retorna. Esto requiere otro tratamiento y convendría no seguir posponiéndolo.

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Andreu Mayayo y Javier Tébar son profesores de Historia de la Universidad de Barcelona

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